SEÑOR DIRECTOR
A propósito de una carta publicada en La Tercera acerca de la renta básica universal (RBU) y la iniciativa popular de norma constitucional que busca promoverla, quisiera aportar con algunas reflexiones. En primer lugar, no contamos con evidencia suficiente que permita conocer los efectos de su implementación. Los casos donde esta política se ha puesto en práctica corresponden en su mayoría a países en vías de desarrollo, a programas que entregan montos muy bajos, por períodos de tiempo acotados o que benefician a poblaciones específicas, sin ser realmente universales. En este escenario, resulta difícil prever el impacto que podría tener en Chile.

Por otra parte, un análisis que estamos realizando con un grupo de académicos y académicas de la Universidad Católica nos ha permitido observar que el costo de implementar una RBU en el país es excesivamente elevado, al punto de ser prohibitivo. Si se optara por una transferencia equiparable a la línea de la pobreza extrema ($122.734 per cápita) para toda la población mayor de 18 años, se requeriría un gasto permanente correspondiente al 67% de la recaudación fiscal de 2020. Esto es 40% más costoso que todas las versiones del Ingreso Familiar de Emergencia entregadas en 2021 -medida que, pese a su envergadura, no fue universal ni permanente. Aumentar la recaudación tributaria de tal forma tendría importantes efectos en la inversión, los incentivos laborales y la evasión tributaria. La incertidumbre sobre el financiamiento de esta medida, además, hace que exista el riesgo de que sea fuertemente regresiva.

Es innegable que la política social chilena requiere ser mejorada a fin de revisar su cobertura y avanzar en calidad, flexibilidad, agilidad y coordinación, pero no parece justificable hacerlo mediante una iniciativa que implique destinar una parte tan importante del presupuesto público y cuyos efectos son todavía inciertos.