Una positiva acogida entre parlamentarios y asociaciones de consumidores tuvo el proyecto de ley del Gobierno —ya ingresado a la Cámara de Diputados— que busca regular en forma más profunda el mercado del gas. En específico, propone reestructurar el negocio de la distribución de gas licuado del petróleo (GLP), garantizar acceso abierto al mercado de gas natural de red y perfeccionar negocios entre firmas relacionadas. La iniciativa, que recoge sugerencias entregadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a partir de un estudio de mercado cuya versión final se dio a conocer a fines de diciembre, encendió las alarmas en la industria. El principal motivo radica en que el proyecto promueve la desintegración completa del mercado mayorista respecto del minorista en el gas licuado de cilindros, es decir, establece una prohibición completa para que compañías como Abastible, Lipigas y Gasco participen en ambos negocios, incluso a través de empresas relacionadas.

A través de Gasco GLP, la compañía controlada por el grupo Pérez Cruz ostenta poco menos de un 30% de la participación de mercado del gas licuado en Chile, lo que la posiciona como el tercer actor en el negocio.

En su primera entrevista desde que asumió en abril de 2020 como gerente general de Empresas Gasco, Víctor Turpaud lamenta que el Gobierno haya optado por acelerar la discusión a dos meses de su término y a pocas semanas del receso legislativo. 'Llama la atención profundamente el poco tiempo que se tomó el Gobierno para sacar un proyecto de ley desde el informe final de la FNE', manifiesta. Además, estima que, de aprobarse como está planteado el proyecto, 'probablemente algunos distribuidores minoristas terminen sacrificando sus buenas condiciones de servicio para ser más competitivos en términos de precio. Es algo que genera mucha incertidumbre'.

—Con el proyecto de ley sobre la mesa y ya ingresado al Congreso. ¿Qué opinión tienen sobre la iniciativa?

'Es un mal proyecto, que sigue al pie de la letra las recomendaciones de un mal informe de la FNE. La Fiscalía no contrastó sus datos con la realidad de lo que ocurre en el mercado. Ese es el error. La iniciativa no va a favorecer a los consumidores, sino que los terminará perjudicando, principalmente por una baja en la calidad del servicio. Más allá de eso, estamos disponibles para participar en la discusión legislativa'.

—Ustedes han sostenido reuniones con organismos del Gobierno. ¿Cómo ha sido esa acogida?

'Viendo la premura con la que salió el proyecto de ley después del informe final de la FNE —que prácticamente no movió una coma respecto de su preinforme—, nos hace ver que nuestros comentarios no fueron considerados. No nos sentimos escuchados y eso hay que decirlo con todas sus letras. Estamos a dos meses de que se termine este Gobierno y a dos semanas del receso legislativo. Queremos seguir reuniéndonos con las autoridades de Gobierno en lo que queda, pero ya especialmente pensando en las autoridades de la futura administración'.

—Frente al informe de la FNE, hay parlamentarios que se han referido a 'indicios de colusión'. ¿Es efectivo?

'La FNE nunca dice que exista colusión o coordinación. Se limitó a decir que es una industria que presenta riesgos de coordinación, lo cual es absolutamente distinto. Es grave que haya parlamentarios que emitan juicios tan livianos e irresponsables señalando que hay coordinación o colusión'.

—¿Cómo es posible descartar, con hechos concretos, la baja intensidad competitiva de la que habla la FNE en su estudio de mercado?

'Un informe del profesor Alexander Galetovic demostró que —con los niveles de elasticidad que tiene el mercado del gas licuado— los márgenes que tiene Gasco son equivalentes a los que se pueden obtener en una industria con 18 competidores, por mucho que hoy sean tres los que compiten. Eso demuestra que la cantidad de competidores no necesariamente define el nivel de competencia que existe en la industria'.

—¿Y cuál es el nivel de márgenes que tiene Gasco por cada cilindro de gas licuado?

'Desde ya, objetamos completamente el 55% de margen que señala la FNE en su informe, porque solo se centra en la diferencia entre el precio de venta del producto y el costo de la materia prima. No incorpora todos los costos de la cadena logística. En el caso particular de Gasco, tenemos un rango de utilidad operacional que fluctúa entre el 5% y el 7%, dependiendo del costo de la materia prima en un determinado momento'.

—¿Por qué ha subido tanto el precio del balón de gas a nivel de consumidor?

'Toda esta discusión se ha generado en un momento en que el precio del gas licuado a nivel internacional ha sido el más alto de los últimos 15 años. Principalmente, Chile es un país importador de gas. Todo el gas licuado que nosotros vendemos se compra en el mercado internacional y, lógicamente, a precios internacionales. Entonces, esta gran alza del precio del gas obviamente que ha impactado a los consumidores. Nosotros hemos tenido que traspasar el alza; es imposible que podamos absorber estos aumentos de materia prima en el producto que compramos, que representa cerca del 45% del precio final del consumidor'.

—¿Es viable para la compañía salir del mercado de la distribución?

'Independientemente de lo que salga como proyecto, nos haremos cargo de eso y nos adaptaremos. Llevamos 165 años en el mercado y hemos pasado prácticamente por todos los gobiernos que ha tenido este país, así que seguiremos prestando nuestros servicios con las nuevas reglas del juego que se definan'.

—¿Han evaluado el impacto económico que significaría para Gasco si se aprueba el proyecto de ley tal como está?

'No hemos hecho ningún análisis de impacto económico. Creemos que este proyecto no va a salir como está, entonces preferimos no especular hasta que contemos con más claridad'.

—Ustedes plantearon que las sugerencias de la FNE podrían generar un empeoramiento en el servicio y una menor fiscalización. Sin embargo, el proyecto de ley entrega fondos a la SEC y a la CNE. ¿Creen que el problema se resuelve?

'Es difícil afirmar si los fondos son suficientes. En general, lo que ocurre es que los presupuestos para estas instituciones siempre terminan siendo escasos para la labor que deben realizar. Hoy la SEC se apoya mucho en los distribuidores mayoristas y a nosotros nos exige bastante información asociada a toda la cadena. Sin embargo, al sacarnos de ese eslabón, la labor que deberá hacer la SEC y la CNE será muy compleja y dudo que tengan la capacidad de poder supervisar esta gran cantidad de distribuidores minoristas como corresponde. Sin duda que hoy la SEC cumple su rol, pero es distinto si debes visitar una o dos veces al año a cerca de dos mil distribuidores en Chile. Se requiere mucha más logística para eso'.

—Considerando que el proyecto de ley se apruebe tal como está, ¿hacia donde creen que se va a ir acomodando el mercado del gas en el futuro?

'Falta claridad en muchas cosas, pero creemos que el servicio se va a deteriorar significativamente. Hoy tenemos una red de unos 750 distribuidores minoristas y les hemos ido fijando estándares de calidad y exigencias. Es una industria en que el producto es similar a un commodity, entonces no queda mucho más que intentar diferenciarse por esta vía. Por ello, cuando dejas de exigir esos estándares, cada distribuidor minorista podrá fijar el estándar que quiere y cumplir con el mínimo de la legislación'.

—En concreto, ¿cuál es el apoyo que ustedes les dan a los minoristas?

'En concreto, los ayudamos, por ejemplo, con el financiamiento de los camiones. Nosotros compramos los camiones en licitaciones grandes, agregamos la imagen de marca y se los damos en leasing para que puedan operar. A muchos también los apoyamos en el arriendo del local comercial, en la compra de los locales donde están instalados y los capacitamos. Son varios millones de dólares al año que están invertidos en este apoyo para los minoristas. Si ellos fueran a conseguir el financiamiento para un camión, les sería muy difícil lograrlo'.