La pandemia evidenció la fragilidad de nuestro sistema de protección social. Esta no sólo involucra a los sectores más vulnerables, sino que también a una gran proporción de la clase media. Un reflejo de esto es que Chile es el país OECD con las más altas probabilidades de caer desde el tercer o cuarto quintil de ingresos al primero. Es decir, una parte importante de nuestra clase media tiene pocas herramientas y refugio cuando enfrenta eventos que afectan de forma importante sus ingresos, como una enfermedad grave, la pérdida del empleo o una pandemia como la del covid-19.

Es en este escenario donde la seguridad social cobra especial relevancia ya que, pese a que uno de sus pilares son las pensiones, no es lo único. En Chile esta también contempla instrumentos para garantizar la atención de salud común, el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el seguro de desempleo y lo que se conoce como seguridad social complementaria.

Los retos que tenemos en seguridad social son titánicos. Al de pensiones le sigue una larga lista, en la que destacan el alto nivel de informalidad de nuestro mercado laboral; la automatización, que amenaza con destruir un número significativo de empleos; la digitalización de nuestra economía; los altos costos (públicos y de los hogares) que tenemos en salud, y la existencia de un número importante de familias con algún miembro con altos niveles de dependencia. Todo esto sumado al acelerado envejecimiento de la población y a un costo de vida que viene aumentando sostenidamente, ha llevado a que nos encontremos en una situación muy frágil, la cual se proyecta en un futuro cercano.

Resulta indispensable fortalecer, profundizar y mejorar nuestro sistema de seguridad social. Este debe abarcar una mayor proporción de la clase media y abordar las complejidades que enfrentamos como sociedad. El Estado no podrá solo con esto, sino que debe convocar a distintos actores de la sociedad civil y del sector privado. En un estudio desarrollado desde el Centro UC de Políticas Públicas identificamos brechas y áreas donde uno de estos actores, las cajas de compensación, podrían aportar. Su alta presencia territorial y cobertura les permitiría fortalecer el trabajo que hoy hacen y también pensar en incluir a independientes, emprendedores, generar intermediación laboral de calidad, e incluso que sea a través de ellas el pago de pensiones alimenticias que se espera hacer desde el Estado. Para ello se debe repensar y fortalecer su rol, y quien debe hacerlo es el Estado, fijando también los estándares para esta colaboración.

No podemos esperar otra pandemia para hacer cambios. Se deben redoblar los esfuerzos para construir un sistema de seguridad social 2.0, convocando a distintos actores, y así evitar el alto costo que tuvo para muchas familias este virus.