Con aprobación unánime, en lo general, partió el proyecto de Ley Marco de Suelos, tras dos años de preparación y más de cuatro décadas de iniciativas fallidas. El objetivo de la iniciativa, que ingresó como moción parlamentaria, es regular la gestión sustentable del uso del suelo y resguardar su protección, conservación y restauración.

Esto frente a la degradación física, química y biológica de los suelos, que tiene a la zona centro-sur como la más afectada, según se destaca en los antecedentes del proyecto, producto del laboreo y explotación intensiva, el uso excesivo de fertilizantes, las quemas de rastrojos, la habilitación de suelos en laderas de excesiva pendiente, el exceso de carga animal en áreas más extremas y el drenaje de suelos poco profundos, entre otras prácticas inadecuadas en el agro. Pero también por actividades como la extracción de áridos, la expansión urbana -sellado de suelos-, la contaminación derivada de la actividad industrial, minera y energética, y el fraccionamiento del área agrícola y forestal. A eso se agregan los efectos que el cambio climático está causando sobre los recursos naturales, suelos y recursos hídricos, exacerbados por sequías, heladas, inundaciones, deslizamientos de tierras e incendios forestales.

Todos ellos desembocan en erosión hídrica y eólica, desertificación, pérdida de nutrientes, compactación del suelo, salinidad, acidez, contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de materia orgánica, disminución de áreas cultivables, baja de rendimientos y de ingresos, con la consecuente menor calidad de vida, pobreza rural y procesos migratorios.Para enfrentar el problema el proyecto plantea cuatro ejes como base: Avanzar en un ordenamiento territorial que privilegie el uso del suelo de acuerdo con su capacidad, y considere sus múltiples servicios ecosistémicos; Prevenir la contaminación de los suelos, que es una consecuencia de actividades humanas, ya que impacta directamente en la calidad y cantidad de la producción de alimentos, en la salud y bienestar de la población, en el cambio climático y en la economía del país; Evitar la pérdida de suelos por erosión, sellado y degradación física. Esta última es la principal causa que se acentúa por las características morfológicas del territorio y su diversidad de suelos. Y finalmente, proteger el suelo de los efectos del cambio climático y considerar sus funciones para mitigarlo, como el secuestro de carbono.

Largo camino

Mónica Antilén, presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, una de las cuatro entidades que empuja la iniciativa, , plantea que la zona centro-sur, que cuenta con un pujante sector agropecuario y forestal, concentrado en los fértiles valles centrales y en la Cordillera de la Costa, "es uno de los ecosistemas más amenazados del país, que se ven continuamente presionados por el cambio de uso de suelo, debido al desplazamiento de las actividades agrícolas y forestales hacia suelos marginales, y por la expansión urbana, que está cubriendo el suelo más productivo, con carreteras e infraestructura para la vivienda".

La doctora en Química y profesora asociada de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica agrega que a eso se suma una falta crítica de información, ya que solo el 25% del territorio nacional tiene cartografía oficial de suelos. "Es urgente que se realicen los estudios necesarios para conocer los suelos que van más allá de las zonas de actual uso intensivo, y que consideren nuevos parámetros o indicadores más adecuados para evaluar el estado de salud o nivel de degradación de los suelos", señala la académica quien fue parte de la elaboración de la Ley Marco.

La idea de la norma se origina en la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, la Sociedad Geológica de Chile, la ONG Suelo Sustentable y el Colegio de Geólogos de Chile-, que usaron la Ley del Lobby para llegar hasta la oficina de la senadora Carmen Gloria Aravena, en busca de retomar un proyecto anterior que había quedado postergado tras el fallecimiento del senador Antonio Horvath. A la iniciativa sumaron la participaron de más de 50 especialistas y científicos del país.

"Chile estaba en deuda en esta materia, porque incluso entre los países de la OCDE es el único que no tiene una legislación específica y norma respecto del uso, conservación y manejo del suelo. Por lo tanto, todos los profesionales del área, y me incluyo como agrónomo y como legisladora, estamos muy contentos primero de que el Senado lo haya aprobado de manera unánime y que todos los discursos, no importando el color político, se hayan hecho cargo de que esta era una deuda y que hoy lo que se requiere es legislar con urgencia temas vinculados con contaminación, erosión, cambio climático y ordenamiento territorial, que son los cuatro capítulos que trata este proyecto que es muy simple", destaca la senadora Aravena.

Impacto agrícola

"En los últimos 20 años se han perdido 30 mil hectáreas de suelo agrícola solo en la zona central. Las parcelaciones, al no haber ordenamiento territorial o mayor rigurosidad respecto de dónde se puede subdividir suelos, se están convirtiendo en una tremenda amenaza para la agricultura de Chile", dice la senadora Aravena.

Agrega que no hay estratificación de suelos vinculados a lugares en los que no se pueden cultivar ciertas especies, o cómo se protegen laderas o suelos descubiertos para que disminuya la erosión, se acumule agua y no sigan aumentando las zonas desiertas. Además, agrega, hay mucho que trabajar si se considera que el recurso suelo capta el 40% del carbono y lo fija; por lo tanto, es una solución para el cambio climático.

"En la medida que protejamos, cuidemos y ordenemos nuestro uso del suelo se va a transformar en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes y, sobre todo, para no seguir perdiendo suelo agrícola que es una de las grandes preocupaciones que tiene este proyecto", añade la senadora.

Por su parte, Mónica Antilén insiste que nadie del grupo de expertos que elaboró el proyecto quiere que la agricultura se termine o se vea perjudicada.

"La agricultura es fundamental a nivel nacional, pero es el momento en que tenemos que incorporar el componente sostenible, y esto es para todas las actividades que se hacen con el suelo. Que no solamente la ciencia económica sea la que guíe la toma de decisiones, creemos muy fuertemente que hay evidencia científica que nos permite abordar esto de manera adecuada para todas las partes involucradas, tanto proteger un recurso que es fundamental, como también generar trabajo, empleo e ingresos económicos, pero de la mano de este sistema sostenible", señala la doctora en química.

Agrega que el mensaje es sumar el componente sostenible a las actividades, pero con el equilibrio adecuado, dado que nadie quiere que alguna actividad se termine, pero sí que cada cual se haga responsable de las actividades que se hacen sobre el recurso suelo que es finito y de todos.

"Aquí no hay ningún interés disfrazado, es la academia y la sociedad civil las que hacen esta propuesta, porque creemos que es lo correcto y lo que hay que hacer", destaca Mónica Antilén. El proyecto sufrió algunas modificaciones antes de ser presentado, debido a que no contó con el patrocinio del Ejecutivo. Debido a eso, gran parte estaba limitada por las atribuciones exclusivas que tiene el Presidente de la República en temas administrativos o financieros.

Según cuenta Rodrigo Herrera, coordinador de la iniciativa, el proyecto inicial tenía cuatro títulos, 25 artículos y cuatro artículos transitorios, y quedó reducido a dos títulos, siete artículos y dos artículos transitorios. Por ello, todo lo que quedó afuera fue integrado en la justificación del proyecto, con la idea de ponerlos cuando se inicie la discusión en particular de este.

Por ejemplo, se plantea un modelo de gobernanza que parte con un comité interministerial del que pudiera salir una política nacional de uso sustentable del suelo, implementada a través de una estrategia nacional de gestión del recurso.

Y para que eso funcionara se propone la creación de un instituto nacional del suelo y para efecto de incorporar la voz de la ciudadanía, se decidió que se trabajará a nivel de macrozonas -norte grande, norte, centro, sur y austral- para que los gobiernos regionales se puedan coordinar y lograr que la información cualitativa que se levante se una a la información cuantitativa que genere el instituto y que, a su vez, pueda alimentar la política.

Pese a que hay ejemplos recientes de demora en la tramitación de leyes en el Congreso como la reciente reforma al Código de Aguas que demoró 11 años, o el proyecto de biodiversidad que lleva cerca de 10 años o la Ley de Bosque Nativo que demoró 16 años, hay esperanza en que el proceso no demore más de dos años si se trabaja con voluntad política y convicción de que el país necesita una ley de suelos.