—Dos iniciativas que establecen un estatuto de energía fue lo que aprobó en general este jueves la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, de la Convención Constitucional.

Las dos buscan fomentar energías limpias y declaran que la infraestructura energética es de interés público, sin embargo, tienen varias otras diferencias.

La primera de ellas establece que "la seguridad, soberanía, autonomía y resiliencia energética se alcanzará con el respeto irrestricto de los derechos sociales, ambientales, de la naturaleza y de los pueblos indígenas".

Además, agrega que el Estado, entre otras cosas, "establecerá y mantendrá actualizada una estrategia nacional energética participativa e inclusiva en base a estrategias comunales, regionales y en particular de todas las comunidades indígenas del territorio nacional".

También dice que el Estado "garantizará la desconcentración y autonomía energética territorial considerando como elemento basal la autogeneración domiciliaria y el impulso a la conformación de cooperativas locales de producción, transporte, almacenamiento y distribución de energía que garanticen la participación de las personas y comunidades en la propiedad, gestión y operación de la energía".

Por otro lado, señala que "el Estado, los Estados Regionales y las municipalidades tendrán la facultad de participar del desarrollo de iniciativas de energía, por medio de empresas públicas o mixtas en los ámbitos de generación, transmisión, distribución de energía cumpliendo las mismas exigencias que las demás empresas que son parte del mercado".

A juicio del profesor de derecho de Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Winston Alburquenque, esta iniciativa "busca políticas energéticas autónomas desde la perspectiva local o con una clara intención de mejorar a ciertos grupos como son los pueblos originarios. Le da una mayor intervención al Estado, ya no solo como regulador ni fiscalizador".

Alburquenque comenta que tal vez la mayor crítica a esta iniciativa "es que es muy larga y en todo su desarrollo no integra conceptos económicos ni de gestión eficiente en los actores. Solo se preocupa de los mínimos que debe tener el sistema con respecto a garantizar el suministro y que la energía sea limpia. La actual Constitución no dice nada de energía y, en comparación lo que se busca en la iniciativa 516, puede parecer un exceso".

El constituyente UDI Rodrigo Álvarez cree que esta propuesta "parte de un diagnóstico equivocado y genera un riesgo importante para todas las personas que viven en nuestro país. Además, la propuesta tiene problemas jurídicos evidentes. No me parece, por ejemplo, justificado que las municipalidades puedan participar, a través de empresas públicas, en este mercado".

La segunda iniciativa que se aprobó en general, es más breve. Entre otras cosas, establece que "el Estado cumplirá un rol de agente activo en el sector energético a través de sus instituciones públicas, como fiscalizador y regulador del mercado energético, desarrollando o concesionando obras de generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía".

Para Alburquenque, lo que plantea esta iniciativa "es muy parecido ala política energética actual, en el sentido de que el Estado cumple un rol fiscalizador y de políticas generales en materia energética. La energía en Chile es un sector muy regulado, pero en que el Estado no es un actor económico como pasa en minería, donde hay empresas estatales como Codelco o Enami ".

A juicio del constituyente Álvarez, esta es una mejor propuesta que la anterior, pero dice que genera "preocupación especial la declaración de la infraestructura energética como interés público. Aun cuando tengo dudas de la necesidad de contar con un estatuto de la energía regulado a nivel constitucional, trabajaremos para presentar buenas indicaciones que corrijan aquellos aspectos que consideramos inconvenientes".

Sobre este punto, Alburquenque afirma que "actualmente la distribución y la transmisión nacional también está declarada como un servicio público. No veo que el hecho que diga 'interés público' sea sinónimo de estatizar las obras, sino que buscan un fin público y por ello deben estar muy reguladas tanto en cuanto a tarifas, derechos para ocupar bienes nacionales de uso público con su infraestructura y fiscalizador por parte de la autoridad".

La primera iniciativa fue presentada por los constituyentes Manuela Royo, Yarela Gómez, Nicolás Nuñez, Francisco Caamafio, Camila Zárate, Carolina Vilches, Gloria Alvarado, Vanessa Hoppe, Alejandra Flores, Luis Jimenez, Ivanna Olivares, Constanza San Juan, Hugo Gutiérrez, Aurora Delgado, Isabel Godoy, e Ignacio Achurra.

En tanto, la segunda iniciativa fue presentada por Juan José Martin, Carolina Sepúlveda, Jorge Abarca, Claudio Gómez, Nicolas Núñez, Maria Trinidad Castillo, Miguel Ángel Botto, Paulina Valenzuela, Guillermo Namor, Patricia Politzer, y Camila Zárate.