Los últimos días hemos sido testigos de delitos extraordinariamente violentos en la vía pública, muchos de ellos con la participación de jóvenes e incluso niños utilizando armas modificadas, recortadas y de grueso calibre. Es cierto que las grandes cifras muestran un descenso de la participación de este grupo etario en los delitos; sin embargo, es posible identificar que hay un grupo persistente y refractario que es multi reincidente, donde 17% explica más del 50% de las denuncias.
Por supuesto, cabe también el amplio conjunto de delitos que no son denunciados y que pueden significar un subregistro, consistente con la percepción ciudadana de elevada victimización con participación de niños.
Lo cierto es que, en muchos casos, quienes delinquen a tan corta edad son invisibilizados desde el sistema de protección por su calidad de inimputables cuando tienen menos de 14 años. De allí la estrategia de bandas organizadas y de narcotraficantes para reclutar a temprana edad a quienes son instrumentalizados como "chivo expiatorio", por el inexistente costo penal. Desde ya, entonces, surge la necesidad de fortalecer la acción penal en contra de quienes reclutan, entrenan y utilizan a niños y niñas con fines criminales, vulnerando gravemente su desarrollo.
En consecuencia, es relevante que se priorice el despacho del proyecto que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos y que responde a dos mociones refundidas, que buscan sanción penal a los mayores de edad que inciten a delinquir a niños, niñas y adolescentes o participen con éstos en la comisión de delitos, de autoría de los senadores Isabel Allende, Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza, y de los senadores Manuel José Ossandón y Rafael Prohens, respectivamente (Boletines 11958-07 y 11966-07).
Este proyecto ingresado el 2018 se encuentra con informe positivo luego de su tramitación en comisión mixta el 15 de marzo. Es fundamental contar con todas las herramientas necesarias para penalizar a los adultos que involucran en trayectorias delictivas a niños y jóvenes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, excluidos del sistema escolar o consumidores de drogas y alcohol. Son estas mafias las que ponen un "fierro" en sus manos, sellando un destino de violencia que inexorablemente los degrada y destruye a muy corta edad. Junto con la persecución criminal de estas organizaciones delictivas, se requiere de dispositivos preventivos en la escuela, para reinsertar a los niños que están excluidos del sistema; en la comunidad, para el desarrollo de conductas prosociales; en entornos protectores y en la familia, fortaleciendo las competencias de padres y cuidadores para enfrentar los factores de riesgo.
Para ello, se hace necesario instalar una agenda larga de prevención social, que comience en la primera infancia y que promueva programas y estrategias con evidencia en el ámbito local. La Fundación San Carlos de Maipo, creada hace 25 años por la Sociedad del Canal de Maipo para recuperar los entornos degradados alrededor de los canales, fue reconociendo la territorialidad de la vulneración y de la exclusión social de la Infancia y levantando una oferta preventiva con apoyo de la Universidad de Washington y otras entidades nacionales e internacionales. La prevención se hace en el territorio y requiere estar orientada por la evidencia, y la información local se construye con las comunidades y es la sociedad, en su conjunto, la que se levanta como garante del desarrollo positivo de la Infancia. Para ser eficaces en reducir el involucramiento delictivo temprano necesitamos, en primer lugar, evitar llegar tarde, anticiparnos para que nuestros niños sigan estando bien, y cuando no es posible, cuando llegamos tarde, tener una respuesta integral que logre la rehabilitación y la reinserción interrumpiendo las trayectorias que les arrebatan la paz. Los niños que delinquen son parte de una realidad de exclusión, que está en nosotros cambiar con una oferta seria, responsable y con evidencia, que se haga cargo y transforme esa realidad. Un niño, es todos los niños.