Parte de los ejes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene relación con el combate del cambio climático, el derecho humano al agua y el cuidado de medioambiente en general, tarea en la que será fundamental Maisa Rojas, quien fue designada como ministra de Medioambiente. Rojas es considerada una destacada dimatóloga e investigadora, yes reconocida como una experta internacional en cambio climático. Es, además, doctora en Física de la Atmósfera de la U. de Oxford y estudió Física en la Universidad de Chile.

Por ello es voz autorizada en estos temas, pero ahora con un campo de acción mucho más amplio, con el cual busca plasmar un principio base: que el de Gabriel Boric sea el primer "Gobierno Ecológico para Chile". Tras viajara Europa, donde sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y ministros de Medioambiente de países de la OCDE, Maisa Rojas conversó con Diario Atacama en su primera entrevista con un medio regional, sobre los desafíos a corto, mediano y largo plazo, como también de los planes a nivel regional en su cartera.

El Presidente Gabriel Boric dijo que el cambio climático y la regulación ambiental serán foco en su mandato, pero mencionó que las modificaciones deben ser graduales. Entonces ¿por dónde comienzan estos cambios y dónde terminan para este año? ¿Cuáles proyectos son prioridad?

-Queremos ser el primer Gobierno Ecológico para Chile, eso es lo primero que hay que decir. Esto lo lograremos a través de la protección de nuestra naturaleza, el prepararnos para disminuir los efectos al cambio climático en Chile -que técnicamente lo llamamos adaptación- y lograr una Transición Ecológica justa, es decir, que el cambio sociable-cesado para la protección de la naturaleza se realice de manera justa, donde los costos no los paguen los mismos de siempre, los más vulnerables, ni que los beneficios los obtengan los que siempre los tienen.

En esa línea, entre nuestras prioridades como Ministerio están el hacernos cargo de la falta de agua que afecta al país, con una mirada intersectolial. 'linbién tenemos el desafío de implementar la Ley Marco de Cambio Climático, que permite institucionalizar la lucha contra el cambio climático como una poli-tica de Estado, independiente de los gobiernos de turno, entregando facultades, responsabilidades y obligaciones.

También, queremos sacar adelante el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una deuda pendiente de la reforma ambiental del 2010 y que está hace 11 años en el Congreso. Será un servido público enfocado en la protección de la naturaleza, orientado a resolver la dispersión institucional en las áreas protegidas; dedicado a enfrentar la gran crisis de pérdida de biodivosidad en todo el país ya mejorare' financiamiento del sistema de áreas protegidas.
Con estas medidas buscamos avanzar en esta visión ecológica y que quede plasmada en el nuevo modelo que propone este gobierno y que pone en el centro el cuidado de las personas y el medioambiente.

En específico con Atacama ¿cuáles son las iniciativas en materia medioambiental para este año? ¿Cuáles son a largo plazo? ¿Cuándo podría quedar listo el plan de descontaminación para Copiapó y Tierra Amarilla tras ser declaradas como zona saturada por Material Particulado Respirable MPIO en concentración diaria (24 horas) y anual?

-Primero, para nuestro Gobierno el trabajo en regiones, directamente en los territorios será algo fundamental. A nivel país debemos impulsar esta Transición Ecológica justa -que como dije antes los costos no los paguen los mismos de siempre o los beneficios los obtengan los mismos-, convocando a los actores relevantes a nivel territorial, y en esta transformación sin duda que sumaremos a la Región de Atacama.

En relación al plan de descontaminación para Copiapó y Tierra Amarilla, existe un proceso reglamentado por el que deben pasar este tipo de normativas. Es así que en enero de este año publicamos la resolución de inicio del plan y a partir de esa fecha existe el plazo de un año para la elaboración del anteproyecto, periodo que es muy relevante, porque se recogen todos los antecedentes sobre las emisiones y se proponen qué medidas pueden aplicarse para reducir la contaminación.

Una vez que tengamos listo el anteproyecto, daremos inicio al proceso de participación ciudadana, muy importante para nosotros. Tras eso, y luego de incorporar las observaciones que nos hagan las personas, desarrollamos el proyecto definitivo que será sometido a discusión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una vez que tenga la fuma del Presidente y la Contraloría tome razón, debería ser publicado, con lo que comenzará a regir.

¿En este Gobierno se terminarán con las zonas de sacrificio como Huasco? ¿Qué pasará con Chañaral que históricamente ha sido golpeada por la contaminación?

-Esa es una situación que no debería repetirse en Chile. Tenemos un deber moral como país de dar solución a las denominadas "zonas de sacrificio", aunque sabemos que hacerlo completamente tardará más de cuatro años. A eso apunta precisamente la Transición Ecológica Justa, que contempla acciones muy relevantes para delinear una hoja de ruta que nos permita tomar medidas concretas en estos cuatro años de gobierno que mejorarán la calidad de vida de las personas en los territorios afectados, pero proyectado hacia una solución definitiva de largo plazo.

Lamentablemente todavía existen en Chile zonas que por décadas han enfrentado la contaminación y degradación del medioambiente. Como dije, esto lo abordaremos a través de comisiones de transición justa y nuestro compromiso también es que no se generen nuevas zonas de sacrificio.

En el Día Mundial del Agua diversos actores en Ata-cama coincidieron que el "Agua subterránea" debe ser el gran tema en 2022 y que su gestión no ha estado a la altura de los desafíos que se vienen con la escasez hídrica. ¿Está de acuerdo?

-La crisis hídrica es uno de los temas más urgentes que tenemos como sociedad. Es una causa muy sentida para la población y la están sufriendo en muchos territorios como consecuencia, principalmente, de tina megasequía que arrastramos por más de 12 años, uno de los efectos claros del cambio climático en Chile.

Sin embargo, los actuales niveles de escasez son acentuados por el modelo de gestión del agua vigente en el país, que establece un mercado del agua y en el que no existen las herramientas necesarias para que el Estado coordine, regule, fiscalice y planifique los distintos usos y usuarios. Es así que las decisiones que toma el Estado con respecto al agua involucran a más de 40 instituciones, solo ese dato te da una idea de que es un problema muy complejo de abordar.

Por eso es urgente avanzar hacia una transición que garantice que las personas y la naturaleza cuenten con agua. En ese sentido, estamos trabajando arduamente en los lineamientos que permitan desarrollar una Transición Hídrica Justa, es decir, un proceso gradual de adaptación de la gestión del agua desde el actual modelo fragmentado, de corto plazo, hacia uno sustentable e inclusivo. Este proceso se construirá en los territorios sobre la base de los derechos ratificados en Escazú.

Por eso quisiera destacar la reciente promulgación de la reforma al Código de Aguas, porque es un paso importante en la dirección correcta para los procesos de transformación institucional que tenemos por delante. Luego de 11 años de tramitación, contamos con un instrumento que nos habilita y entrega oportunidades para hacer un uso más sustentable del agua, reconociendo explícitamente el derecho humano al agua como una prioridad y se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua, y se protege la función ecosistémica del agua.

La Ley de Glaciares avanza en el Congreso y la Comisión de Hacienda del Senado definirá su futuro. Hay preocupación en gremios dado que se dice que pondría en peligro operaciones mineras. ¿Cuáles su postura?

-Los glaciares son un recurso estratégico del país, una riqueza invaluable y todos los actores que tenemos algo que decir sobre ellos estamos llamados a encontrar la forma de reconocer jurídicamente esta realidad, para que coexista con otras actividades de importancia económica. Para ello, esperamos que en el Congreso sean consideradas todas las visiones, incluyendo por igual la industria, las comunidades y la voz científica. Lo que sí creo que todos compartimos es que, en el escenario que vive el mundo completo y Chile en particular, proteger los glaciares y el entorno que lo componen es un imperativo.

Uno de los grandes problemas de la inversión en Atacama ha sido, según gremios, la falta de certeza jurídica en materia medioambiental. Incluso hay proyectos que han tenido luz verde, pero que son rechazados por tribunales ambientales. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Habrá algún cambio en la institucionalidad o en procedimientos? ¿Se pretende avanzar en una modernización de instancias como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA)?

-Mucha de la conflictividad socio-ambiental que vemos en el país, ligada principalmente a proyectos de inversión, se debe a la falta de diálogo y de participación real. Por eso es una señal muy potente que el primer proyecto que envió el Presidente Boric al Congreso fue el proyecto de ley para adherir el Acuerdo de Escazú, porque garantizará los derechos de acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia en temas ambientales. La aplicación de estos tres derechos debiera resultar en la disminución de la conflictividad socio-ambiental.

Asimismo, en el programa de gobierno nos comprometimos a iniciar una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA) que permita fortalecer la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio.

La expresidenta del TC Marisol Peña dice que dar derechos a la naturaleza, como se propone en la redacción de la nueva Carta Magna, limitaría la actividad económica y derechos de las personas como el derecho al trabajo. ¿Cree que es tan así?

-La Convención Constitucional está en pleno desarrollo, en un trabajo deliberativo que propondrá una nueva Constitución a todas y todos los chilenos. Sin duda que estamos muy atentos, porque aquello que quede escrito nos va a tocar implementarlo como Ministerio, pero, por el momento, solo podemos decir que valoramos que en esa instancia se plantee la necesidad de contar con una Constitución Ecológica.

Dicho eso, creo que debemos entender que existe una relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza y, tal como expliqué anteriormente, tenemos que dejar atrás el paradigma de que el cuidado del medioambiente se contrapone con el desarrollo económico. Nuestra convicción apunta a que el desarrollo económico no es desarrollo sin el cuidado del medioambiente.