A través de la Ley de Aportes al Espacio Público, se establecen las obligaciones acerca del impacto ambiental que generan tos proyectos inmobiliarios en la ciudad. De esta manera, se busca rescatar el principio original de la legislación urbanística chilena, en cuanto a que todos los proyectos de construcción en los que van a habitar personas colaboren en la conformación de ciudades equilibradas, en las cuales no solo los recintos privados sean los adecuados, sino también tos espacios públicos, los lugares donde transcurre gran parte de la vida de las personas.

Este nuevo cuerpo legal exige su aplicación a todo proyecto que produzca crecimiento urbano por densificación o por extensión. El objetivo de la ley es que, mediante aportes al espacio público, sean estos en superficie de terreno o en aportes en dinero equivalentes a un porcentaje de la tasación fiscal del terreno ya la carga de ocupación del proyecto, vengan por un lado a mejorar el espacio público de la comuna y mejoren la conectividad tanto vehicular como peatonal, así como en ciclovias y áreas verdes', indica Yves Besanqon, past president de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).

La ley fue aprobada en 2016 y sus reglamentos en 2018 y 2019. Luego, entró en vigencia en dos etapas: la primera respecto de los Aportes al Espacio público que entró en vigencia a fines del 2020, y la segunda respecto de los IMIV, Informes de Mitigación Vial, en noviembre de 2021.

'Todo proyecto produce en mayor o menor medida impactos negativos o positivos en su entorno inmediato y estos de ser negativos, deben mitigarse. El principio es que el necesario e inevitable crecimiento urbano cause los menores impactos negativos y. al contrario, su materialización sea un aporte a la comunidad. Es así como mediante estudios realizados por expertos en tránsito y arquitectos, se realicen los IMIV, que determinarán dichos impactos y sus correspondientes mitigaciones. Estos estudios deben someterse a la aprobación del Ministerio de Transportes, el que en plazos de entre 85 y 120 días, debe aprobar o rechazar dichos informes. En general, las mitigaciones aprobadas serán una mejora a la trama vial y al espacio público y, como consecuencia, una mejor calidad de vida para los ciudadanos', señala Besancon.

De esta manera, se espera que las ciudades se conformen de manera mas amigable, respetando los espacios públicos, áreas verdes y desarrollando un territorio urbano funcional, vinculando a la comunidad.