Qué observar. Más dudas que certezas son las que mantienen los distintos actores del sector salud a propósito de la discusión en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.
Diversos análisis muestran impactos diversos en caso de prosperar la idea de terminar con el actual modelo mixto de salud y transformarlo en uno de tipo “universal, público e integrado” en el que más 3 millones de afiliados a las Isapre terminan en fondo único. Para este miércoles está previsto que la Comisión de Derechos Fundamentales vote las indicaciones en salud. Ayer no alcanzaron a ser vistas. Según las estimaciones, la próxima semana podrían ser votadas en el pleno
Por qué importa. Un análisis realizado por la Fundación Politopedia para el movimiento ciudadano Salud Libre, analizó qué pasaría en las atenciones de las personas en caso de eliminarse las Isapre e integrar a los prestadores en un sistema único.
Según el informe, cada año se realizan 10,4 millones de consultas médicas a beneficiarios de Isapre. De ellas, el 70%, es decir, 7,3 millones corresponden a consultas con especialistas médicos. El resto, vale decir 3,1 millones, son consultas de medicina general. El ministerio de Salud, indica el informe, contabiliza 2.001.947 personas esperando para recibir una consulta con un especialista médico. El tiempo promedio para recibir la atención es de 1 año 5 meses, es decir 506 días. En un escenario donde solo se considere el fin de las Isapre y se obligue a todas las personas a cotizar en un sistema único, pero permitiendo libertad de elegir centros médicos privados y seguros complementarios de salud, la demanda por consultas de especialidad se incrementaría en 36%, unas 730 mil solicitudes adicionales a las que ya tiene el sistema y con una espera promedio de hasta 700 días, casi dos años. En un escenario en que se anulen los seguros complementarios y se elimine la libertad de elección al prohibir, se estima que “un mínimo de 50% de estas prestaciones deberían derivarse a las redes públicas, lo que equivale a 3.650.000 consultas de especialidad, lo que equivale a un incremento de las Listas de Espera de hasta un 182% con respecto a la situación actual”, señala el informe. “No dan los números”, dice Victoria Beaumont, de Salud Libre. “Al centralizar la oferta, se afecta y se controla el precio, se acaban los incentivos y los actores, por ejemplo los médicos, no se quedan. La única forma de una salida centralizada es a través de un modelo autoritario donde se acaba la libertad de elección de las personas. Esto mata la libertad de elección como la conocemos hoy”, indica. El informe advierte además impacto en las prestaciones GES, las cirugías y la atención de crónicos. “Los atrasos GES llegarían a 86.746 (+60%), las listas de espera de intervenciones quirúrgicas a 715.945 (+127%), las listas de espera de consultas de especialidad a 5.651.947 (+182%) y 960.000 pacientes crónicos sobrecargarían el sistema público”.
Qué observar. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, aborda el impacto de lo avanzado hasta ahora en la Convención: “Esta reforma no favorece a la gente. Afectará a los pobres que son los que no se pueden saltar la cola, afecta a la clase media. La gente con plata se las arreglará, podrá pagar un seguro fuera de Chile. Pero el chileno pobre y el de clase media pagarán el costo de esta idea”.
“Esta reforma cambia el paradigma, al pasar de un sistema basado en cotizaciones a uno basado en impuestos. Además, Fonasa desaparece como comprador a través de la Modalidad Libre Elección y se establece un modelo integrado a la inglesa”. Las consecuencias son enormes, según el especialista: “Tendrá un enorme costo. Lo que hoy se hace fuera, en la salud privada, ahora se hará dentro del sistema público”. “Hoy con 15 millones de afiliados, Fonasa tiene 2 millones de personas esperando por una consulta de especialidad. Tiene 315 mil personas en espera de cirugía. En 2020 murieron 35 mil personas en listas de espera y, de ellas, unas 6 mil directamente por factores asociados a la espera. Además, hubo 2.700 muertes de pacientes GES, de los cuales el 20% se vincula con factores asociados a la espera, y se trataba de casos de cáncer o problemas cardiovasculares”.
En cifras. El académico sostiene que la llegada de 3,5 millones de afiliados de las Isapre estresará el sistema de una manera extrema.
Y que obligará a los actuales hospitales a intentar solucionar 240 mil cirugías y 15 millones de exámenes diagnósticos y procedimientos que 5,5 millones de usuarios de Fonasa se realizan en centros médicos privados a través de la Modalidad Libre Elección (MLE), explica Sánchez. Otra problemática se vincule con el financiamiento. “Los 3,5 millones aportarán un 7% pero de ese monto se estima que al pasar a Fonasa podría llegar hasta 6 puntos para pagar licencias médicas. Por lo tanto, tampoco serán un aporte al sistema”. Otro impacto apuntará directamente sobre los prestadores, y podría implicar el cierre de 80 clínicas de mediano y pequeño tamaño, ubicadas en regiones y cerca de 1000 centros médicos, afirma Sánchez. El 18 de abril, el Colegio Médico también se pronunció frente a la eliminación de los seguros privados y postuló que estos deben existir en un rol “complementario”. También planteó, a través de una declaración que “no podemos permitirnos a priori prescindir de ningún prestador”.
LEA A CONTINUACIÓN EL DOCUMENTO ÍNTEGRO CON EL ANÁLISIS SOBRE LA REFORMA AL SISTEMA DE SALUD:
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