En primera persona hemos experimentado y observado los cambios que han sufrido los terrenos rurales. No es ninguna novedad que el mundo rural ha sufrido importantes y radicales cambios, los cuales, han implicado la llegado de nuevos vecinos y vecinas y, con esto, la instalación de la industria inmobiliaria en estos nuevos horizontes. En la costa de la comuna de Valdivia, en el borde del lago Panguipulli y en varios sectores de la región y del resto del país, vemos la instalación de grandes complejos habitacionales cuya fuente legal hace relación con el Decreto Ley 3615 que permite la parcelación y división de por lo menos 0.5 hectáreas de los predios de agrado.

Esta normativa, creada en la Dictadura Militar, no responde a las actuales necesidades, es más, es una herramienta legal que ha permitido la creación de nuevos núcleos urbanos al margen de las planificaciones territoriales de cada localidad, comuna o región.

Antes esta situación, resulta estrictamente necesario pensar y formular posibles vías de acción que solucionen esta temática y permitan, por un lado, un crecimiento urbano medido y regulado y, por el otro, un resguardo de los suelos agrícolas.

A partir de la experiencia regional y preocupaciones de los diversos actores locales, presentamos un proyecto de ley que busca proteger el uso de los terrenos rurales. Dicha iniciativa tiene por finalidad regular la creación de nuevos núcleos urbanos y asegurar que los suelos con fines agrícolas no cambien su destino por uno habitacional. A partir de esta gestión, hemos sostenido diversas conversaciones y reuniones con diferentes organismos que ven con preocupación esta situación. Es así, como la Comisión de Vivienda del Senado ha abocado sus sesiones ha discutir esta temática y en cuyas sesiones se han expresado la opinión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes quien entiende la necesidad de buscar una solución proponiendo el congelamiento del mencionado Decreto con la finalidad detener su ejecución mientras se piensa en una solución definitiva.

Los movimientos demográficos son propios de los procesos sociales. Como seres humanos, tenemos el derecho de movernos e instalarnos en lugares que nos reporten mejores condiciones de vida, sin embargo, estos no se pueden realizarse sin una previa planificación y comprometiendo y afectando el medio socio-ambiental de los territorios. Seguiremos trabajando, con el gobierno y los territorios, para tener una visión conjunta del destino del mundo rural.