El grueso del texto referido al derecho a la salud ya había sido aprobado en las últimas semanas, pero ayer el pleno de la Convención Constitucional sometió a votación los últimos incisos de la segunda propuesta del segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, dando por cerrada la discusión sobre esta materia.

Así, el borrador de la propuesta estipula que el Estado deberá garantizar un sistema 'universal, público e integrado', al igual que tendrá que ser un organismo estatal el que administre los fondos de los cotizantes, poniendo fin de esa forma a las isapres.

Se trata de una diferencia sustancial con la actual Constitución, donde el texto sobre derecho a la salud establece que 'es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado'.

Uno de los incisos aprobados ayer señala que 'el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud'. Con este inciso, algunos convencionales buscaban subsanar la polémica que generó el texto anterior, que prohibía la participación de establecimientos de salud con fines de lucro, por lo que dejaba virtualmente fuera a todas las clínicas.

Manuel Inostroza, académico de Salud Pública de la U. Andrés Bello y exsuperintendente de Salud, señala que 'claramente, el texto definitivo es un intento abortado de tener un modelo de salud explícito en la Constitución. El texto parte declarando que esto es un sistema nacional de salud y eso alude a querer imponer la idea de un modelo. En Europa, donde existen estos modelos exitosos, ninguna de las constituciones lo consagra'.

'Mi impresión es que va a terminar siendo un modelo incluso más segmentado e inequitativo del que hoy tenemos, porque consagra un sistema nacional de salud y luego deja sin regulación el ámbito de los seguros complementarios'.

Con esto último, dice, alude al rechazo del inciso que buscaba dejar explícito que los seguros complementarios privados podrían complementar o ser suplementarios a la cobertura asegurada por el sistema nacional. De esta forma, de ser aprobada en septiembre, la Constitución no hará ninguna mención a este tipo de seguros y será materia legislativa su regulación.

Cuestionamientos

Aunque el texto señala que el nuevo sistema de salud 'podrá' estar integrado por prestadores públicos y privados, esto no soluciona el panorama para los establecimientos de salud privados del país, que ven que el rol que cumplirían en un nuevo sistema deberá ser definido en materia legislativa.

Rocío Cantuarias (Chile Libre) advierte que 'la norma aprobada el día de hoy es una norma con una letra chica enorme. Si bien no excluye a los privados expresamente, lamentablemente tampoco garantiza su participación. En primer lugar, porque deriva dicha definición a la ley (la ley 'podrá'), sin establecerlo a nivel constitucional, por lo que el escenario es muy incierto. Además, en virtud de que la cotización obligatoria en salud deberá ser entregada íntegramente al sistema estatal, la existencia de prestadores privados va a disminuir significativamente, dado que solo un porcentaje menor de la población podrá acceder a ellos'.

Por su parte, la Asociación de Clínicas de Chile plantea que 'como conocedores en primera línea de la realidad de los pacientes, nos preocupa el establecimiento de un sistema de salud único, público e integrado al que deberán pertenecer todos los chilenos. Dadas las actuales listas de espera, demoras en la atención, falta de infraestructura, equipamiento y especialistas, de implementarse esta modificación, el sistema público no dará abasto para toda la población, aumentando así aún más las brechas de atención. Es por ello que creemos que la propuesta no es una vía efectiva para mejorar las condiciones de acceso ni da la prontitud que hoy se requiere en la solución de los problemas urgentes que afectan a las personas'.