Hace poco la Municipalidad de Puerto Varas anunció la paralización de cuatro proyectos inmobiliarios ubicados en zonas rurales. Trocear la escasa tierra cultivable, necesaria para una agricultura agónica de este país con lotes habitacionales, parece un despropósito.

El histórico abuso de la Ley 3516, que el Estado nunca se preocupó de fiscalizar en 40 años, generó un laissez faire, que se consideró corno un derecho adquirido, y con un desastre ambiental a la vista de miles de parcelas vertiendo aguas servidas a los acuíferos, carga vehicular sobre caminos rurales de nula mantención, demanda de servicios de retiro de residuos, factibilidad eléctrica, nulos equipamientos de servicios de salud, educacional, comerciales.

En sectores de escasez hídrica es pavoroso ver como las escasas fuentes disponibles se dedican a regar pasto o llenar piscinas, como ocurre extramuros de las ciudades de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Según estimaciones, sólo en Puerto Varas se ha efectuado la subdivisión de 600 lotes en lo que va del año. Es decir, la población aumentará en un estimado de 2.400 personas en un trimestre, y se agregarán 850 vehículos, o sea, el 10% de sus habitantes en un trimestre.

El terna presenta dolorosas aristas. Por ejemplo, la crisis de la agroindustria ha obligado a muchos propietarios vender sus valiosas tierras de cultivo. El valor de los terrenos urbanos ha aumentado logarítmicamente, haciendo casi imposible a una familia de clase media adquirir una vivienda de estándar medio en la ciudad.

Además, la histórica lentitud del desarrollo de los instrumentos de planificación territorial ha hecho que no vaya al ritmo de los tiempos, de las necesidades ni de las migraciones empujadas por factores sociales, geográficos, de trabajo o climáticos. A eso le debemos sumar la política de un Estado empequeñecido frente a la planificación urbana. Si bien es cierto que el mercado es un motor fundamental en el desarrollo de las ciudades, es importante que se trabaje en reglas claras como lo hace Singapur, el epítome del libre mercado, pero con férrea planificación, que se desenvuelve en una superficie de 716 kilómetros cuadrados ocupados por 5,4 millones de habitantes. Aun así, más del 40 por ciento de la ciudad Estado se compone de áreas verdes.

En resumen, la génesis de estos efectos adversos en el ámbito rural, parcelas y loteos brujos es que las ciudades no entregan alternativas o incentivos claros y certeros para construir calidad de vida, sobre todo cuando la planificación del territorio ha sido postergada por años sumida en excusas e ineficiencias. Por eso se requiere, ala brevedad, mesas de trabajo público privado, que definan nuevas políticas de desarrollo urbano, como se han efectuado en Singapur y Australia, ya que ni el mercado ni el Estado por sí solos serán capaces de lograr un desarrollo armónico, llevándonos mas temprano que tarde a un desastre ecológico, ambiental y social.