Un reciente estudio indica que Chile en el periodo 2000-2016 ha perdido 206.142 hectáreas de bosque nativo. Otro estudio señala que en el periodo 1985-2018 ha habido 22 mega-incendios, los que han afectado una superficie aproximada de 200.910 hectáreas de bosques y matorrales nativos, mientras que en el periodo 2000-2017, un tercio de los bosques nativos de la zona central ha perdido su vigor. De los ecosistemas forestales de la zona norte no hay datos estadísticos, como los de la zona centro-sur-austral, salvo un estudio que señala que el 55% de los ecosistemas país está amenazado, destacando que los bosques de tamarugos, algarrobos y coberturas de cactáceas se encuentran en peligro crítico. Esta es la realidad que hoy está viviendo el sector forestal, y se acentuará.
Para muchas personas, el sector forestal se remite solo a las plantaciones pino y eucalipto, pero la realidad es que estas representan solo un 12% en superficie de lo que es el sector. El 88% restante considera a los ecosistemas nativos, bosques, matorrales y suculentas, que no han sido parte de las prioridades del Estado. El sector forestal es parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), por lo que sería esperable que esta entidad estatal tuviera una mayor preocupación por el manejo y recuperación de los ecosistemas forestales nativos. Sin embargo, históricamente se ha favorecido y casi sin contrapeso a la industria agroexportadora. Entre los instrumentos del MINAGRI está la Ley de Bosques Nativos, que tiene como objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, en nuestro país. Sin dudas un nombre y objetivos esperanzadores para una Ley, pero lamentablemente se puede resumir que, hasta la fecha, su implementación ha sido: 1) insuficiente para proteger y restaurar ecosistemas nativos y 2) presenta incentivos precarios y muy desiguales en relación a los que se entregan a otros programas relacionados a la agricultura.
En materia de cambio climático, Chile ha adquirido compromisos a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), se plantea como meta forestar 200.000 hectáreas de bosques nativos al año 2030. Sin embargo, solo entre el periodo 2010-2016 se perdieron 206.142 hectáreas de bosque nativo como se señala precedentemente, es decir, la meta propuesta ni siquiera cumple con recuperar lo que se ha perdido en 7 años. Independiente si la meta es insuficiente, el instrumento para poder llevar adelante esta tarea es la Ley de Bosques Nativos. Pero, según una proyección realizada por la propia CONAF, si no se modifica la Ley esta meta se torna inalcanzable.
La dificultad que hoy existe para restaurar ecosistemas forestales nativos contrasta fuertemente con la facilidad que hay para destruirlos. Bien se sabe que la Ley de Bosque Nativo fue acomodada a través de un fuerte lobby para no afectar a otros sectores productivos como el agrícola, energético, inmobiliario y minero, sectores que ingresan una enorme cantidad de proyectos y que son escasamente cuestionados por el Ministerio del Medioambiente (MMA). Cuando se quiere eliminar vegetación, solo basta con solicitar autorización de corta y comprometer una reforestación por la misma superficie afectada, siempre y cuando se trate de bosques. Sin embargo, hay que señalar que el sector agrícola ha estado eximido de la obligación de reforestar por años, y producto de ello en el periodo 2008-2020 se talaron más de 22.000 hectáreas de bosques nativos, para habilitar terrenos para la agricultura. Tristemente, matorrales y suculentas nativas son ecosistemas xerofíticos poco reconocidos, y por ello no cuentan con el “privilegio” de la reforestación. Esto ha causado que mediante la implementación de distintos proyectos evaluados por el MMA se hayan eliminado más de 12.000 hectáreas de estas formaciones, durante los últimos 10 años.
Si se consideran los nobles principios de la Ley de Bosque Nativo, se puede decir que fue creada para promover la protección, recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos. Sin embargo, a 14 años de su promulgación solo se ha limitado a gestionar permisos de corta para que diversos proyectos de inversión puedan implementarse en los territorios, cambiando vegetación nativa establecida por nuevas plantaciones que ni siquiera sabemos si soportarán los efectos del cambio climático. ¿Cuántas de esas reforestaciones aprobadas se habrán constituido como bosques? La Ley de bosque nativo está absolutamente desactualizada con respecto a las necesidades territoriales, de los ecosistemas y sus comunidades. Es indispensable que el MINAGRI haga un cambio profundo en la estrategia de fomento hacia el olvidado sector forestal y entregue alguna mínima chance de desarrollo al manejo sustentable, conservación y restauración de los bosques nativos y formaciones xerofíticas a través del fortalecimiento de las herramientas de dicha Ley, tal como se ha propuesto en la política rural integrada del documento programático del actual gobierno de Gabriel Boric.
Es momento que el MINAGRI empiece a generar e implementar un modelo de desarrollo rural diferente. La idea de divorciar el desarrollo productivo del equilibrio en el territorio es retrograda, hay que mirar a los diversos sectores estableciendo un desarrollo productivo dependiente del medioambiente (respetándolo) y no un medioambiente dependiente del desarrollo productivo (ignorándolo). Hay que aprender de los errores del pasado, y por ello hay que impulsar la modificación de la Ley de Bosque Nativo y sus Reglamentos, y ampliar la visión de conservación a otros instrumentos del MINAGRI (Ley de Riego y Programa de Suelos Degradados). Diversos estudios coinciden en que el manejo sostenible de ecosistemas forestales contribuye a la absorción del 10% de las emisiones globales de carbono, y que puede aportar positivamente a la economía familiar campesina articulando e integrando sosteniblemente la producción bienes y servicios con la conservación de la naturaleza. Estos cambios no solo reflejarán un crecimiento para el MINAGRI, sino que también para toda la institucionalidad ambiental que debe liderar las decisiones ante el futuro incierto que nos depara el cambio climático.