'Nos vamos con una tremenda tarea' fue la diplomática y prudente frase con que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega resignificó el desempeño de nuestro país ante la 90° sesión del Comité de Derechos del Niños de Naciones Unidas. Chile se presentaba con credenciales deficientes luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretara medidas cautelares en 2018 por la situación de Sename. El cuestionario del comité a los representantes de nuestro país deja entrever una crítica sostenida a la incongruencia entre nuestro nivel de desarrollo y los compromisos adquiridos en el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño.

En la apertura de audiencias, la extensión en el plazo de un año solicitada por la Subsecretaria de la Niñez para el cierre de los Cread encendió las primeras alertas. Esta dilación es grave, pues subsiste un riesgo efectivo para la vida y salud física y mental de los niños bajo custodia del Estado. Junto con ello, persiste la insuficiencia en los mecanismos de protección efectiva. Como evidencia de ello, ante la consulta por mecanismos para reclamaciones y denuncias de niños, niñas, adolescentes y sus familias que son parte de la red, se informa que las herramientas dispuestas son la página web, una aplicación para móviles, atención presencial en las oficinas regionales y —en caso específicos de proyectos residenciales— a través de los buzones instalados.

A quienes tenemos conocimiento de la realidad de las familias en el sistema de protección y de sus hijos nos cuesta imaginar a un niño o niña institucionalizado dejando una carta en el buzón, con sus reclamos o denuncias, para que los profesionales del centro la deriven. No, al menos, sin poner en las eventuales víctimas todo el peso de la denuncia.

Finalmente, los miembros del Comité cuestionan la cantidad, calidad y desconexión de los datos en materia de infancia vulnerada —situación crítica en temas como la explotación sexual comercial infantil—; el aumento en las listas de espera en acceso a salud mental de más de 30%, y los más de 40 mil niños que no tienen cupo para ingresar a un programa del Servicio de Protección Especializada. Es cierto, nos vamos con una tremenda tarea, como dice la ministra. No sólo mejorar el sistema residencial, sino un conjunto de acciones en todo el sistema de protección a la infancia. Se requiere partir encontrando a los niños desaparecidos, y proporcionar las intervenciones que se requieran para restablecer su salud física y mental. Pero, por sobre todo, se requiere dejar de llegar tarde, para evitar que miles de niños, niñas y adolescentes pierdan la oportunidad de desarrollarse como debieran.