'No quiero dar ninguna opinión política, solamente marcar algunos temas prácticos: ¿Cómo va a acceder alguien a créditos y quién va a mantener esta extensísima red de canales primarios y secundarios para que les llegue a los pequeños agricultores el agua? No lo sé. No se ha dicho hasta ahora', responde al otro del teléfono Luis Baertl, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, al consultarle por los últimos artículos aprobados ayer en la Convención Constitucional en torno al agua.

Lo primero que advierte es que la decisión de transformar los actuales derechos de agua en autorizaciones de uso en cuanto rija la nueva Constitución, 'desde el punto de vista jurídico implica perder un activo, una propiedad, y eso es gravísimo, porque esta propiedad viene atada a la tierra, y si esto no se resuelve de una manera razonable, acceder a créditos, por ejemplo, va a ser imposible'.

Esto es refrendado entre los expertos legales. Natalia Dasencich, profesora de Derecho de Aguas en el programa Derecho Administrativo Económico de la UC lo relata así: 'Efectivamente, en el campo muchos de los agricultores financian sus cosechas con créditos bancarios, para los cuales dan en garantía sus derechos de aprovechamiento de agua'. Y no sólo ellos, 'también hay que tener ojo con los proyectos hidroeléctricos, ya que muchos de ellos apalancan el financiamiento dando en garantía los derechos de aprovechamiento de aguas. Claramente esas empresas están en una situación delicada, ya que no se sabrá cuál será el paso a seguir con respecto a los bancos, pues será una autorización precaria', describe.

'Queda la sensación de que va a haber paralización importante de nuevas actividades y proyectos', agrega Francisco Echeverría, socio del estudio H2o. Pone varios ejemplos, como el caso de que alguna empresa quisiera poner una estación de servicio o un supermercado en algún lugar más remoto: Habitualmente cava un pozo y compra derechos de agua, lo que hoy tampoco podrá hacer por el carácter incomercializable de las nuevas autorizaciones, explica.

Canalistas en catastro

Otro punto que marca Baertl es la actualización de los actuales derechos, para lo cual ayer la Convención Constitucional dio un plazo de tres años en que se podrán realizar cambios de titularidad en las nuevas autorizaciones de uso de aguas. Cuenta que en la Asociación de Canalistas del Maipo (que forma parte de la Junta de Vigilancia), hay unos 1.500 agricultores y el 70% de ellos tiene menos de 10 hectáreas, 'fundamentalmente hortaliceros y productores de alimentos para el consumo humano de Santiago', y dice que muchos no cuentan con recursos para pagar abogados que les ayuden a regularizar sus derechos vigentes. Advierte que en muchos casos se trata de pequeñas familias cuyos derechos han ido traspasándose por generaciones, pero no se han actualizado legalmente.

'Estamos haciendo primero un catastro, actualizando nuestra información, para ver a qué número nos estamos enfrentando para ver la problemática. De ahí tenemos que contratar asesores, que lo estamos viendo ya, para poder determinar qué derechos de agua necesitan hacer qué, si tienen que actualizarse o si ya pueden ir a la DGA', describe.

El problema, agrega Dasencich, es que la tramitación de un derecho o su actualización hoy tarda unos dos años ante la DGA, organismo que según otros expertos, ya está recargado.

Lomos de toro

'Uno podría decir que todos los derechos pasan a ser autorizaciones, no se pierden, pero la verdad es que las autorizaciones están sujetas a muchos permisos y control en la forma en que estas se otorgan inicialmente y cómo se administran estas autorizaciones. Ahí uno piensa en los tiempos de tramitación que pueden ser muy extensos', agrega Matías Desmadryl, socio de PPU Legal.

Por eso, desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), dijeron esta mañana que 'es fundamental que de aprobarse la propuesta de Constitución, la transición del régimen de aguas y la creación de la nueva institucionalidad resguarden el abastecimiento de agua para la población, y dé tiempo a todas las organizaciones para adaptarse a los cambios normativos'.

'Acá será fundamental la capacidad de la DGA para poder dar respuesta a los usuarios cuando exista cambio de titularidad. Eso se va a dar en lo que respecta a cambio de titularidad y eso se dará con respecto a la tierra, siempre que haya una venta de un predio con sus aguas, que sucede muchísimo. Ahí la capacidad del servicio para dar las autorizaciones es relevante, para no generar un lomo de toro de la transferencia de los predios. Esto también pasará con los derechos de las hidroeléctricas y las mineras. Temo un colapso del servicio', anticipa Dasencich.