El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), liderado por la titular de la cartera, Maisa Rojas, emitió el jueves pasado un oficio dirigido a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, solicitando iniciar la revisión de los permisos ambientales del proyecto Salares Norte, propiedad de la minera sudafricana Gold Fields y cuya inversión se empina sobre los US$ 800 millones.

El documento destaca los impactos de la iniciativa en animales de la zona, como las chinchillas que fueron parte de un programa especial de protección y traslado, el que, sin embargo, tuvo una serie de deficiencias, entre ellas la muerte de al menos dos ejemplares, que derivaron en una formulación de cargos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la presentación de un programa de cumplimiento de la minera.

Estos hechos también provocaron que la SMA dictara medidas urgentes y transitorias, producto de que la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto descartó la afectación a otra especie residente en el área del proyecto que no sea la chinchilla de cola corta.

No obstante, el proyecto tuvo efectos no previstos, como la muerte de tres ejemplares de zorro culpeo, 'generando un impacto ambiental sobre esta especie, el cual no fue identificado durante la evaluación, ni ejecutado las medidas necesarias para hacerse cargo de este durante la ejecución del proyecto', lo que, a juicio de la cartera, corrobora la existencia de una 'inadecuada conducta' del titular respecto del manejo de fauna silvestre protegida.

'Por lo anterior y considerando la gravedad de los hechos transcritos y la afectación cierta de especies de estado de conservación ‘crítico', se solicita tenga presente lo informado para efecto de iniciar de oficio la revisión de la RCA N'153, de 2019, que aprueba ambientalmente el proyecto', sostiene el oficio firmado por la ministra Rojas.

La decisión del ministerio levantó dudas entre expertos ambientales, principalmente porque la facultad de revisar los permisos ambientales es exclusiva del SEA y puede ser realizada de oficio por la entidad, a petición del titular del proyecto o de un tercero directamente.

El abogado socio de Dalgalarrando y Cía., Alejandro Montt, dice que se trata de una señal política de parte del MMA, en línea con su labor, y que ocurrió en eventos como en Freirina en 2012, donde se buscaron distintos mecanismos para solucionar la emergencia ambiental.

No obstante, Montt advierte que 'no sería una buena señal para proyectos que ya tienen sus RCA otorgadas el que se los amenace de esta forma, considerando que hay múltiples mecanismos en la ley para remediar variaciones en el impacto, y teniendo al artículo 25 quinquies como una herramienta más, pero no la más relevante ni la que debe aplicarse a todos los casos'.

Por su parte, Martín Astorga, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, explica que si bien el MMA está poniendo en conocimiento al SEA, indirectamente le está solicitando que inicie de oficio un proceso de revisión de la RCA. 'Lo que llama la atención en el contenido de esta comunicación, es que las atribuciones del MMA en esta materia son más bien normativas y no de control o evaluación, atribuciones que son propias del SAG o de la SMA, por lo que algunos podrían entender que el informe del MMA está siendo emitido en materias que no son propias de su competencia', explica Astorga.

Para el socio de Moraga y Cía. y exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, la decisión es prácticamente inédita, pero destaca que 'jurídicamente no me parece nada impropio, porque es un téngase presente, donde se establece cierta solicitud. Son antecedentes que permiten que se active la facultad que tiene el SEA. Eso sí, hay que evitar que esto se transforme en algo habitual, el SEA no debiese esperar este tipo de instrucciones para actuar'.

El jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, dice que el acto sería una 'irregularidad', y señala que políticamente no le queda margen a la directora del SEA.

'Para mí, es completamente novedoso que el MMA pueda sacar un pronunciamiento en el marco de un procedimiento normativo que no existe, el único fundamento es una comunicación de una oficina regional de Atacama. Yo no había visto esto, es una intromisión destemplada, que no está amparada en ninguna competencia', puntualiza Cash.