Durante el último tiempo ha preocupado la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, sobre todo violentos. Una realidad para nada oculta, pero que lamentablemente, ha aumentado en nuestro país, fenómeno abordado incluso por Carabineros. Según las últimas cifras de la institución policial, desde enero de 2021, la participación de menores de edad en robos violentos ha tenido un notorio aumento, llegando a un peak de 163 detenidos a nivel nacional al mes de abril.

Es más, de los 22.926 detenidos por robo desde el 1 de enero de este año a dicho mes, 2.810 no han alcanzado la mayoría de edad. Y de ellos, 1.014 ha participado en robos con fuerza, mientras que 1.795 (64%) lo han hecho en robos violentos.
Un fenómeno que se ve reflejado a diario con la detención de menores de edad y el aumento de conductas de riesgo, aún en niños.

FACTORES

Esta materia, es una de las áreas centrales del trabajo de la Fundación San Carlos de Maipo, especializada en el desarrollo, adaptación y atracción de programas preventivos, basados en la evidencia internacional, con el fin de generar cambios en el principal problema que han detectado en la realidad delictual adolescente: la prevención. Así lo explica Marcelo Sánchez, gerente general de la fundación, quien declara que se ha visto "un importante aumento de los niveles de consumo de alcohol y drogas en los casos de involucramiento delictivo", por lo que recalca la pertinencia de "llegar antes de que se empiecen a desarrollar estas conductas de carácter problemático" y frenar factores de riesgo.
"Hemos ido observando como se inicia cada vez de manera más temprana estas trayectorias delictivas y generalmente, cuando esto se da, va muy acompañado del consumo de alcohol y drogas. Es algo a lo que tenemos que poner freno de inmediato, porque hay un acceso a las drogas cada día más fácil por parte de niños y jóvenes, especialmente las sintéticas, que tienen menos sistema de control", agrega.
Según explica, la evidencia internacional ha demostrado que los programas más efectivos para prevenir no son los que trabajan directamente con los niños, sino con su entorno: "los padres, cuidadores, los pares, los profesores, la comunidad ".

Además, se ha evidenciado que a medida que esto se desarrolla a una edad más temprana, se pueden aprovechar los vínculos en estos espacios protectores para generar factores protectores ante esos signos de riesgo. En ese sentido, la fundación ha trabajado con en el programa Familias Unidas a través del sistema -Lazos" de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el entorno de niños desde los 11 años, "antes de que aparezcan factores como el consumo de alcohol y drogas", explica.

Trabajo que se realiza desde el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que ha abarcado ocho regiones, entre ellas Coquimbo, específicamente en la comuna de La Serena.

"Hemos estado trabajando en La Serena con Familias Unidas, este es el tercer año en que estamos en este proyecto, esperamos que se sumen otras comunas, pero esto ya depende del trabajo con la Subsecretaría", indicó.

DATOS CONCRETOS

Sánchez comenta que en el año 2015 se realizó un estudio en conjunto con la Universidad Católica, en un análisis sobre los niños y niñas que habían pasado por Sename, que eran sujetos de la Ley Penal Adolescentes y que tenían penas desde el medio libre hasta privativas de libertad.

Lo común, encontraron, es que niños que habían estado en un régimen cerrado, desistían del actual delictivo en 7 de cada 10 casos cuando volvían al colegio y tenían una familia protectora. "Es decir, dos variables pueden sacar al 70% de los niños de la carrera delictiva", concluye sobre esto.

Para el experto, "es super importante trabajar con la familia, para que cambien los patrones de conducta y sean familias protectoras, si lo logramos y hacemos que los niños vuelvan al colegio, 7 de cada 10 va a desistir del delito, independiente de la gravedad en que haya estado involucrado". Pero es fundamental, agrega, "que los recursos se dispongan para generar estos elementos".
"Cuando un niño ha estado con penas privativas de libertad y quiere volver al colegio, muchas veces la comunidad escolar se levanta en contra o a veces no tienen los recursos para generar un proceso de inclusión adecuado y que el niño siga escolarizado, hay que hacer un esfuerzo por dotar de recursos y herramientas a los establecimientos", añadió.

LAS PENAS
Una tendencia en la opinión pública, es pedir penas más elevadas, tanto para adultos como para niños. Sobre esto, Sánchez declara que "hay que ser cuidadosos".

"Si uno mira la evidencia internacional, en el sistema penal adulto, la magnitud de las penas no es lo que disuade al delincuente (...) lo que disuade al delincuente es la posibilidad de ser sancionado, de que lo imputen por el crimen, que lo detengan. Hay que poner el foco en la persecución penal, mejorar las herramientas; más allá de las penas, es hacer efectiva la amenaza de que si delinques vas a ser sancionado", indica.

En cuanto a justicia juvenil, señala que las penas son adecuadas. "Son las penas establecidas para que, precisamente, no transformes a ese niño en un criminal prolífico en el futuro, con una combinación que permita la rehabilitación", agrega.
Y ahí, precisamente, está el desafío.

EL CASO SENAME

Recordemos que un cambio histórico en la institucionalidad, separa al sistema de protección de la justicia juvenil, que han estado bajo el alero del Servicio Nacional de Menores (Sename). Se deriva así lo primero al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el nuevo Servicio Mejor Niñez, y el segundo sigue en manos de la cartera de Justicia, con un nuevo sistema de reinserción que se busca implementar. Según Sánchez, los cambios que se persiguen no son suficientes, "en absoluto".

"Cuando tenemos más de 14 mil niños en lista de espera para acceder a los sistemas de protección, claramente tenemos una situación grave. Son más de 120 mil los niños que están dependiendo de un sistema de protección, de una oferta, que no es de buena calidad, que no es con evidencia y que no tiene resultados", profundiza. En el mismo sentido agrega: "en la práctica, el cambio que tenemos que hacer, más que de institucionalidad, es de disponer una oferta que tenga calidad, que tenga oportunidad, que esté localmente emplazada, que tenga evidencia, que genere resultados, que se preocupe de las trayectorias, generando incentivos correctos para que la oferta esté realmente orientada a que los niños se rehabiliten y tengan espacios de protección adecuados. Lo que falta es más sustantivo de lo que se ha creado".
"Estamos muy al debe en temas de protección, imagina cuánto más en materia de reinserción", cierra.