– Se trata de un gran desafío que requerirá no sólo coordinación de los organismos estatales, los gobiernos regionales y locales, sino también una capacidad de convocatoria del mundo privado, entendiendo que todos deben estar detrás de un mismo propósito, como es cerrar la brecha habitacional, pues tras ello hay un tremendo elemento de justicia social.
El Ministro Carlos Montes junto al Presidente Gabriel Boric presentaron el 3 de julio pasado el Plan de Emergencia Habitacional, respondiendo a la ley de Integración Social y Urbana recientemente aprobada.
Para expertos del sector, se trata de un plan completo y bien armado y no sólo quiere responder al déficit habitacional. Con él, también se atiende a la inquietud expresada por la Cámara Chilena de la Construcción respecto de la contracción del sector y el escenario económico nacional que no se presenta propicio.
Según los últimos registros, nuestro país presenta un déficit habitacional importante al existir 640.000 familias sin hogar. El referido plan considera construir 260.000 viviendas durante la actual administración, con la finalidad de paliar el 40% de dicha necesidad.
En Magallanes, este plan contempla la construcción de 2.000 viviendas al término del mandato de Boric.
Los datos que se barajan a nivel regional indican que hay 33.447 hogares en el tramo del 40% más vulnerable de la población y que existen 181 familias viviendo en campamentos en Punta Arenas.
Además, el ministerio de Vivienda está gestionando la adquisición de, al menos, 34 hectáreas de terreno para desarrollar nuevos proyectos habitacionales de clase media e integrados de manera planificadas.
Entidades como la CChC y la Asociación de Oficinas de Arquitectos dieron la bienvenida a este plan, siendo uno de sus pilares las distintas rutas que se tomarán para levantar viviendas en forma rápida y simultánea, así como las acciones ya propuestas para agilizar todo lo relativo a las tramitaciones administrativas y la necesaria regionalización de las soluciones.
Sin embargo, también hay algunos aspectos a considerar y que pueden ser una piedra de tropiezo, como la dificultad que pudiera haber para cumplir con el aumento del 10% al 20% de la inversión anual superior a la de años anteriores, debido al contexto de déficit fiscal y contracción económica. Igualmente, se plantea generar inversión privada, pero sin especificar los mecanismos.
Se trata de un gran desafío que requerirá no sólo coordinación de los organismos estatales, los gobiernos regionales y locales, sino también una capacidad de convocatoria del mundo privado, entendiendo que todos deben estar detrás de un mismo propósito, como es cerrar la brecha habitacional, pues tras ello hay un tremendo elemento de justicia social.