'El golpe fue fuerte', 'la resaca aún está', 'hay que dejar reposar los efectos y después pensar en qué hacer'.

Son diferentes frases con las que en el oficialismo definen un fenómeno común. La inesperada brecha entre Rechazo y Apruebo. Un resultado que no solo descartó la propuesta de la Convención, sino que además le pegó duro al Gobierno

Por eso, ante tamaño golpe, en La Moneda están tomándose un tiempo, como un boxeador deja correr el conteo para descansar antes de levantarse.

'Vamos a avanzar con gradualidad, pero sin renunciar', dijo el Presidente Boric, un día después del resultado.

Pero el descanso no está garantizado.

En La Moneda saben que, presionados como están por Apruebo Dignidad, el margen para la 'gradualidad' es poco. Y, por el otro lado, el momentum que generó el resultado del plebiscito hacia la oposición implica que el 'sin renunciar' tampoco sea muy factible.

Más aún. Existe una opinión en el mundo político, incluido parte del oficialismo, que cree que la coincidencia que había entre los planes del Gobierno y algunos puntos de la Convención daña seriamente el programa 'transformador' del Presidente Boric. Y con él, las reformas emblemáticas.

Por ello, esta semana —aprovechando que la discusión estaba fija en el relanzamiento del proceso constituyente— fue más de reflexión que de acción. Esto pues, el camino trazado, especialmente para los encargados de las reformas clave, no puede sufrir otro tropiezo.

En este contexto, por ahora, hay solo una definición clara. Lo que mande, lo prioritario, debe ser la agenda de seguridad, y luego, la económica. El resto puede esperar… por ahora.

Rechazo... ¿Al Gobierno?

Si bien en la última parte de la campaña el Gobierno trató de desligarse de las polémicas declaraciones del ministro Jackson, en las que unió el destino de las reformas con el de la propuesta de Constitución, para los entendidos el resultado fue claro: no lo logró.

'Cuando uno lee la propuesta rechazada, había una expresión muy fuerte para plasmar el programa de gobierno de Boric en esa propuesta. Se la jugaron más por producir un programa de gobierno que una Constitución que estableciera las reglas justas y legítimas, y se mezclaron las políticas públicas en el texto constitucional. Separar ambas líneas, entonces, resultaba imposible', dice el coordinador académico del CEP y magíster en políticas públicas, Sebastián Izquierdo.

Así las cosas, los votantes no solo habrían rechazado las reformas en salud y pensiones de la Convención, sino que también las del Gobierno. Y ahora 'es imposible que cumpla su programa al 100%' pues, con la marea en contra, el 'negociar', 'transar' o 'aterrizar' los conceptos que dan vuelta en el Congreso es inevitable.

Sobre todo en las medidas 'estrella' o estructurales, como pensiones, tributaria y salud.

El sociólogo y columnista Eugenio Tironi cree que 'hay un cambio en el espectro temporal. Las grandes reformas estructurales (incluyendo la nueva Constitución) son claves, pero no van a alterar de inmediato la vida de las personas. Pero estas lo están pasando mal y requieren respuestas ahora. A esto tendrá que abocarse el Gobierno: acotar la ‘reformitis' y poner énfasis en la gestión contra resultados'.

Así, ahora el orden de los factores cambia. Hoy primero están los temas urgentes: garantizar la seguridad en el norte y el sur, disminuir la delincuencia y la violencia en todo el país, y tomar las medidas necesarias para disminuir la inflación y aumentar la inversión.

Sin esto no hay reformas estructurales posibles, dicen los expertos. Menos ahora que la ola no va hacia donde quiere el Ejecutivo.

Las urgencias de Interior

Fue uno de los primeros temas que el Presidente abordó en su discurso tras el cambio de gabinete. 'Quiero que sepan, compatriotas, que la seguridad de cada uno de ustedes es una tarea prioritaria para nosotros en este momento', dijo, desde el patio de los cañones de La Moneda, como una primera señal de que, en este segundo tiempo, el Gobierno daría un golpe de timón en el —hasta ahora— malogrado manejo de la violencia y la delincuencia.

Las cifras no lo acompañan. Según datos de la PDI, los homicidios han aumentado más de un 30% en relación con el año pasado, en consonancia con una subida en el uso de armas de fuego. Mientras, pese a los estados de excepción decretados en la macrozona sur, los ataques incendiarios han subido un 75%, según cifras de los contratistas forestales. Asimismo, en el norte proliferan las pandillas y nuevos delitos vinculados al narcotráfico.

Pese a esto, en Palacio advierten que la agenda de seguridad seguirá el mismo rumbo que trazó el Presidente desde el día uno de su mandato. Es decir, sin grandes modificaciones. Y en ese sentido, las prioridades son dos: la creación de un nuevo ministerio de Seguridad Pública y el proyecto que combate el crimen organizado, que depende de las subsecretarías de Prevención del Delito y del Interior respectivamente.

Sobre la creación del nuevo ministerio, en Interior vienen realizando un trabajo continuo que ya está dando sus primeros frutos. 'Las indicaciones que presentamos en agosto ya se están debatiendo en la comisión de Seguridad del Senado, donde ya se han realizado cuatro sesiones y en ellas se han aprobado los primeros artículos', dice el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Y si bien todavía no hay claridad sobre los plazos, advierte que el proyecto debiese votarse en el Senado en octubre próximo.

El otro ítem fundamental, pero que todavía avanza con lentitud, es la reforma a las policías. 'No nos ha llegado el proyecto de reforma ni a Carabineros ni a la PDI', dice el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Insulza (PS).

En contraste, la agenda que sí tuvo un reordenamiento fue la política nacional migratoria, cuyos protagonistas se reunieron tras el resultado del 4-S. ¿La razón? Evaluar cómo se retomarían las expulsiones administrativas. Una medida que, según fuentes de Palacio, había sido postergada por el plebiscito y los problemas que enfrentaba la ministra Siches en la cartera, pero que ahora, con el arribo de Tohá, se espera que sea una de las principales urgencias para Interior.

Bolsillos vacíos

El otro tema que pasa a los primeros lugares de la lista es la situación económica del país. Con una inflación acumulada de un 14,1%, según las cifras de agosto —el nivel más alto en 30 años— y una proyección de cerca de 12% para fin de año, las perspectivas no son halagüeñas. De hecho, el último IPoM adelanta que la economía nacional seguirá creciendo por debajo de su potencial por varios trimestres más.

Para esto, el Gobierno ha tomado algunas medidas, como la creación del Observatorio de Precios de Productos, para orientar a las familias a tomar mejor decisiones de compras. O el anuncio de un paquete de 28 medidas para incrementar las inversiones.

Sin embargo, los resultados parecen indicar que no es suficiente.

Al menos, así lo piensa la oposición. 'Hoy no hay crecimiento. Hay que repensar las estrategias en torno a eso. Aunar opiniones y fórmulas. Establecer claramente las prioridades y ser más pragmáticos', dice el senador UDI Juan Antonio Coloma.

Concuerda el presidente de la CPC, Juan Sutil, quien cree que 'el Gobierno debe dejar atrás sus ideas del plebiscito, dejar atrás la discusión constituyente para crear las políticas públicas que se necesitan'.

'Diagnóstico errado' en lo económico

'No hemos sido considerados'. Es una queja recurrente del sector empresarial a la hora de hablar de la reforma tributaria que fue presentada el 1 de julio por el Ejecutivo, que esta semana ingresó 27 indicaciones al proyecto.

Sin embargo, aún con estas, la disconformidad de los gremios se mantiene.

Estos reconocen que si bien han tenido reuniones con el Gobierno, creen que sus ideas no han sido siquiera anotadas. Una situación que, ahora, esperan que cambie.

'El Gobierno debe actuar con responsabilidad y pragmatismo. La ciudadanía dijo que no a muchas cosas en la propuesta constitucional, por lo que ahora debe haber un mayor esfuerzo por consensos. Si el Gobierno quiere lograr 100 con sus reformas, quizás ahora deba asumir que un 65 es algo bueno', dice Sutil, quien agrega que la mayor preocupación es el exceso de impuestos que el plan podría generar para las empresas. 'La reforma tributaria va a generar un alto costo para las empresas. Creemos que debe haber equilibrio en que las medidas piensen en el futuro, y que los impuestos sean competitivos en el largo plazo. Si eso no cambia, será difícil llegar a acuerdos', dice Sutil.

Para Coloma, en tanto, 'el Gobierno debe asumir que el centro de todo es la inversión'.

Desde el Gobierno, fuentes de Hacienda comentan que el único cambio que ha sufrido el proyecto, ya presentado, de reforma tributaria, es la fecha de discusión —se corrió del 13 al 26 de septiembre— y aclaran que desde hace semanas que están funcionando comités de trabajo con los asesores de los parlamentarios, la CPC, las pymes y el Consejo Minero.

Mientras, en el mundo de las AFP el panorama es diferente, pues aún no conocen todo el contenido de una reforma que se basaría 'en preceptos equivocados'.

Para un alto dirigente de las administradoras de fondos de pensiones, muchas de las ideas del Gobierno en el tema, manifestadas en el programa, partían de un 'cierto diagnóstico'. Un diagnóstico que, después del resultado del plebiscito, se 'cayó'. Algo que, para él, necesariamente 'debe hacer que cambie el diseño de esta política pública'.

En esta línea, entendidos en el tema opinan que sería una muy mala estrategia que La Moneda optara por ir a la pelea directamente a la discusión legislativa donde, sin dudas, se daría un debate a largo y con muy poca posibilidad de acuerdos.

Así, desde ese mundo, consideran que la palabra clave ahora es 'acuerdos previos'.

¿Los puntos que quieren tratar? En el caso de las pensiones, aumentar la capitalización individual, asegurar la heredabilidad de los fondos y la subsistencia de las opciones de previsión privadas.

Consultada al respecto, la ministra del Trabajo, nueva integrante del comité político, Jeannette Jara, explica que los plazos son inciertos. 'Los plazos dicen relación con el cumplimiento del objetivo y, para tener una reforma que ha estado postergada por años, sin duda que los plazos se tienen que flexibilizar, en atención además a profundizar el diálogo que nos permita sumar mayorías para que la reforma efectivamente curse', explica.

Salud, a la lista de espera

Noviembre. Era la fecha clave marcada por la exministra Begoña Yarza para el ingreso al Congreso de la reforma de salud.

Sin embargo, según dicen entendidos, tanto del oficialismo como de la oposición, el diálogo y los distintos proyectos satélites que se necesitarán para apoyar el plan estaban totalmente paralizados.

Según afirman fuentes del sector, la razón era la espera por el resultado del plebiscito.

Una vez conocidos los resultados, el panorama cambia. La reforma de salud tiene muchas aristas distintas que abordar. Como su financiamiento, el desafío que representan las listas de espera —que ponen un obstáculo al avance en otras materias—, el debate abierto por la crisis de las isapres y las carencias en la infraestructura. Puntos que, según fuentes del oficialismo, sin apoyo claro de la ciudadanía 'nunca van a tener opciones en el Congreso'.

Por eso, según quienes la conocen, la estrategia de la nueva ministra Ximena Aguilera es distinta. Con mucho prestigio ganado durante la pandemia —es epidemióloga—, ha dejado una muy buena impresión al contactarse desde el primer día con diversos actores del sector y mostrar su disponibilidad a conversar los distintos temas y presentar una reforma consensuada. Algo que, según dicen algunos, Yarza no estaba haciendo.

Es en este contexto, y considerando la prioridad que se le quieren dar a las reformas de seguridad y pensiones, no son pocos los que creen que la presentación de la reforma de salud será postergada para cuando haya un ambiente más favorable.

El Minsal fue contactado para este reportaje, pero no se pronunció.

Ambiente en el Congreso

En el Poder Legislativo actualmente no hay dos opiniones. Independiente de cómo se avance en el nuevo proyecto constituyente, el Gobierno no puede dejar de lado las reformas fundamentales.

En lo que no hay acuerdo es en el cómo.

Para el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), presidente de la comisión de Pensiones, el plebiscito 'afirma ciertos elementos que han estado presentes en muchas encuestas, que expresan que las personas quieren certezas y libertad sobre las platas que imponen. No hay disponibilidad a que todo se vaya a una suerte de fondo común del que no se sabe nada. (...) si el Gobierno no transa, tendremos que ejercer las mayorías'.

Algo similar, aunque con un tono más conciliador, creen en el Socialismo Democrático. 'El Gobierno debe entender que el resultado no abarca solamente el texto constitucional, sino también las prioridades de los chilenos y chilenas sobre la profundidad y ritmo de las transformaciones y reformas que desean que se impulsen', asevera el diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la comisión de Salud. Lo mismo espera el timonel de la comisión de Pensiones, Alberto Undurraga (DC), para quien se debe 'construir un acuerdo amplio en base a tres principios: solidaridad, financiamiento tripartito con un 6% de cargo de empleadores y libre elección'.

Desde la Segpres, en tanto, ya han iniciado una ronda de conversaciones con distintas bancadas, principalmente con aquellas que no forman parte del oficialismo. Así, por ejemplo, el miércoles la ministra Uriarte se reunió con los parlamentarios del Partido de la Gente, donde abordaron temas relativos a seguridad. Asimismo, tuvo una cita con la bancada transversal de la macrozona sur y con los jefes de bancada y comité de la DC.

Y si bien para muchos hay un cambio del 'cielo a la tierra' con la llegada de Uriarte a la cartera, los consensos no se prevén fáciles, sobre todo porque un sector del oficialismo no está dispuesto a disminuir el alcance o tono de las reformas.'La esencia de las reformas no está en cuestión, ni puede negociarse', dice el senador PC Daniel Núñez, al tiempo que el diputado Jaime Naranjo (PS) amenaza con que 'quienes quieren frenar estas reformas que sepan que comienza a incubar o sembrar un clima de inestabilidad e incertidumbre en el país que puede desembocar en un estallido social'.

Es en esto, precisamente, donde la experiencia de los ministros Tohá, Marcel y Uriarte se verá puesta a prueba, cuando el segundo tiempo de la era Boric apenas comienza.