El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, tiene la agenda copada. Si bien la cartera ya había iniciado un diálogo desde abril con algunos sectores para sumar voluntades en su reforma previsional, en las últimas semanas el trabajo se ha intensificado. Luego del plebiscito constitucional, en que la opción del Apruebo, por la que se la había jugado el Gobierno, sufrió una contundente derrota, el diálogo se amplió. ¿La principal novedad? Ahora se sumó a la centroderecha a las conversaciones. Y según cuentan varios parlamentarios y desde el mismo gobierno, las gestiones están rindiendo frutos.

Larraín ya se ha reunido varias veces con las bancadas de RN, la UDI, PPD, la DC y el Frente Amplio. Estos encuentros continuarán esta semana con nuevas rondas, mientras, al mismo tiempo, se sumaron grupos de técnicos. Con algunos ya se reunió y otros están programados. 'En esta etapa, como Ministerio del Trabajo estamos socializando la propuesta previsional con parlamentarios jefes de bancada y con integrantes de las comisiones de Trabajo, además de expertos, y así sumar voluntades', afirmaron desde la cartera. Eso sí, aclaran que el trabajo prelegislativo propiamente tal se realizará en conjunto con Hacienda.

Luego de que la presentación del proyecto —que estaba prevista para agosto— se postergara para después del plebiscito, según el Gobierno para apartarlo de la contingencia política, el Ejecutivo ahora espera ingresarlo al Congreso durante octubre por la Cámara de Diputados. Esto, ya que en esta semana que comienza debe ingresar a trámite el proyecto de presupuesto del sector público para 2023, que concentra parte importante del debate.

Cómo operará el nuevo sistema

La reforma a las pensiones que se trabaja aumentará gradualmente la cotización en 6%, con cargo al empleador, desde el actual 10% obligatorio, en línea con lo que se había planteado en el programa de gobierno. Este es uno de los pocos elementos que se conservan de esa propuesta.

Se separará la función administrativa de la parte de gestión de fondos, ambas desempeñadas actualmente por las AFP. La labor administrativa o de soporte recaerá en un servicio público, que podría ser el actual Instituto de Previsión Social (IPS) robustecido, y que tendrá la función de recaudar las cotizaciones, atención de afiliados y pagar las pensiones. A su vez, para la gestión de inversiones, cuyo objetivo es rentabilizar los ahorros, podrán existir gestoras privadas y, además, se crea un ente público que también cumplirá ese propósito.

Este ente público, explican en el Ejecutivo, tendrá carácter de autónomo política y financieramente. Además, tendrá un gobierno corporativo colegiado de carácter técnico. 'Puede ser una mezcla entre el Banco Central y la CMF', destacan conocedores del proyecto. Además, este nuevo ente podrá gestionar las inversiones de forma interna o licitarla también a privados, de acuerdo con los criterios que la misma entidad defina. Las mismas fuentes señalan que si bien estará la libertad de licitarlos, en países donde existen estos organismos, como en Canadá, la tendencia es a hacer la gestión directamente.

A su vez, los gestores de inversión privados, al igual que las actuales AFP, deberán tener giro único y solo se podrán dedicar a la gestión de fondos de pensiones, y serían aprobados por la Superintendencia de Pensiones. En el Gobierno suponen que las AFP —que ya no existirían como tales— podrían derivar a esta nueva función para gestionar inversiones.

Dónde va la cotización

Tanto el stock del actual 10% de cotización como el futuro 10% se mantendrán en cuentas de capitalización individual y las personas podrán elegir si la gestión de inversión de esos recursos la hace un gestor privado o, si lo prefiere, el nuevo ente público.

El 6%, en tanto, se destinará al nuevo componente colectivo del sistema previsional, y su gestión de inversión la hará el ente público autónomo. 'Con la reforma que se propondrá al país se pretende que el sistema de pensiones chileno pase a ser parte de los modelos internacionales, con un sistema mixto de administración, público y privado, y con capitalización individual y solidaridad', explican desde el Gobierno.

Luego, al momento de la jubilación, las personas recibirán lo que hayan ahorrado individualmente con su 10%, más un aporte de lo que ahorró colectivamente con el 6%. Eso sí, este componente tendrá, al menos hasta ahora, tres factores para su distribución: primero, por género, aportando más a las mujeres; segundo, por densidad de cotización, lo que implica que recibirán más quienes más años coticen para no incentivar la informalidad, y tercero, por ingreso, de modo que las personas de menores sueldos puedan mejorar más su pensión. Este tercer factor está en análisis.

Al inicio de la reforma, una parte de ese 6% se destinará a reparto inmediato, para mejorar las actuales pensiones más bajas, y solo una parte se ahorrará durante la transición. Hacia adelante, con los años, se espera que cada vez el componente de ahorro sea mayor hasta llegar a la totalidad.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) también es parte de la reforma. La idea es que esta base de pensión pueda llegar al 100%, desde el actual 90% de la población de menores recursos, eliminando el llamado 'test de afluencia'. Sin embargo, se mantiene la escala que se entrega como beneficio y que depende del nivel de pensión. Actualmente, la PGU llega a $193.917 y el Gobierno espera llevarla a $250 mil. Ese monto lo reciben quienes tienen pensiones inferiores a $630 mil y es decreciente entre ese nivel y $1.048.000 de pensión. Sobre ese monto no tienen derecho.

Positiva recepción de parlamentarios

La exposición de la propuesta, en general, ha tenido una buena recepción de parte de los parlamentarios, aunque todos entienden que es recién el inicio del debate.

Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri valoró la apertura del Gobierno a exponerles antes el proyecto. 'Este gobierno no lo estaba haciendo, y ahí tenemos la reforma tributaria, con casi 30 indicaciones del Ejecutivo y todavía no sale de la comisión de Hacienda de la Cámara. Así que bien por el subsecretario Larraín, aunque evidentemente hay cosas que me preocupan en el contenido', afirmó.

Alessandri destacó que al menos en la parte del 10% se mantienen los tres principios básicos que su sector defenderá: libertad de elegir administrador, propiedad de los fondos y heredabilidad. 'Lo primero que nos deja tranquilos es que esto no es un sistema de reparto o un sistema único estatal, como se escuchó en la campaña del Presidente Boric. Claramente, lo moderaron', indicó.

Pese a ello, advirtió el riesgo de tramitar esta reforma el próximo año, con la economía cayendo, aún con alta inflación y, al mismo tiempo, tramitar la reforma tributaria y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Más duro se mostró el diputado RN Frank Sauerbaum, quien señaló que, en su opinión, la propuesta se sigue pareciendo a la del programa, dado que el que recauda la cotización es una entidad pública. 'Si esta reforma mantiene el programa, significa que no entendieron nada de lo que pasó en el plebiscito. La gente quiere propiedad de sus fondos, heredabilidad y libre elección', sostuvo.

Conocedores de las tratativas señalan que, dado que el Gobierno no tiene los votos en el Congreso, será clave la posición que adopten la DC y el PDG. El diputado DC Alberto Undurraga viene desde hace meses conversando con el Ministerio del Trabajo sobre el tema. Para él, lo principal es lograr un acuerdo sobre principios y luego en el Congreso zanjar las cifras. Sus principios son: un sistema con solidaridad para los actuales jubilados y las mujeres, que sea tripartito, con aporte de trabajadores, empleadores y Estado, y que haya libre elección, propiedad y heredabilidad 'en la parte de ahorro individual'.

A su vez, desde el PDG, el diputado Rubén Oyarzo comentó que en su reunión con Larraín notó 'apertura en varias cosas, como que haya libre elección y mayor competencia de mercado, porque nosotros consideramos que debe haber varias empresas o entidades privadas que sean gestores de fondos previsionales, por ejemplo, cooperativas, mutuales o bancos, porque obviamente eso baja las comisiones'. También, comentó que pidieron que exista la posibilidad de que las personas puedan hacerse 'autopréstamos' con su ahorro individual, aunque en el Gobierno temen que eso se termine transformando en retiros permanentes de fondos.

El debate que se viene

Así las cosas, los parlamentarios coinciden en que el debate en el Congreso se centrará en el destino del 6% adicional de cotización que, en principio, iría al ahorro colectivo. Y también, todos están claros en que en esa negociación el Gobierno deberá ceder aún más.

Jorge Alessandri (UDI) dice que este es uno de los temas que más le preocupa. 'Yo creo que debe ir a cuentas individuales, pero hay que ir ganando las batallas de a una. Ya salvamos el 10% presente y futuro, que se queda en capitalización individual y participación de privados. Ahora vamos por la otra batalla, que es salvar el 6%', afirmó.

Desde la otra vereda, el diputado PPD Cristián Tapia dijo que 'la derecha va a querer que el 6% se quede en cuentas individuales, pero nosotros como bancada creemos que un porcentaje bien importante tiene que ir a la cuenta solidaria, porque al final todos los trabajadores se van a ver beneficiados'. Sin embargo, muestra apertura: 'Lo importante es que se llegue a acuerdo y esta vez se apruebe una reforma previsional con la que tengamos un verdadero seguro social. Por eso yo creo que un porcentaje, tal vez de 2%, pudiese ir a la cuenta individual y que la mayor parte del 6% vaya a un fondo solidario'.

Alberto Undurraga (DC) insiste en que las cifras se verán en el debate legislativo. 'Mi preferencia es que el 6% vaya íntegro a solidaridad, con una parte de reparto inmediato a los actuales jubilados y el resto a ahorro colectivo para apoyar a las mujeres, pero creo que hay que lograr un acuerdo. Si al final la solidaridad va a ser el 6%, 5% o 4%, miremos los números en el Parlamento', señaló.

A su vez, Frank Sauerbaum recordó que para la reforma del expresidente Piñera se aprobó en la Cámara de Diputados en 2020 que 3% de cotización adicional fuera a solidaridad y 3% a cuentas individuales. 'Eso se aprobó y nosotros apostábamos a que al menos eso se respetara, o tal vez un 2% y 4%', añadió.

Otro tema que preocupan a la oposición es que se reemplace a las AFP en las labores de soporte por una entidad pública, lo que implica mayores costos. Asimismo, advierten que el ente público no debiera poder invertir en, por ejemplo, deuda del Gobierno o de empresas públicas, lo que implicaría un riesgo para los fondos y, eventualmente, el financiamiento de proyectos no rentables.

Así, el debate recién comienza. La reforma del programa de gobierno quedó atrás. Ahora habrá que ver qué tan lejos quedó.