A estas alturas, ya contamos con varias decenas de diagnósticos sobre las causas a la base del malestar social que se vive en el país. Varios de estos tienen que ver con la necesidad que tenemos los chilenos de solucionar problemas que nos afectan diariamente. Se repiten quejas respecto del aumento de la delincuencia, el narcotráfico y la violencia, así como la falta de servicios de calidad tanto en salud como en educación. Todos problemas que la política pública ha intentado abordar a través de programas sociales.
El problema es que las evaluaciones que la Dipres y otras organizaciones realizan sobre los programas sociales, implementados por el Estado y/o por privados, dan cuenta de un déficit que muchos de ellos tienen para poder demostrar mejoras objetivas en la población beneficiaria. Esto se traduce en problemas sociales que se mantienen o que incluso se agudizan. Por ejemplo, el aumento de algunos delitos de alta connotación social, de consumo problemático y de narcotráfico, la alta tasa de analfabetos funcionales, el estancamiento en los puntajes en las pruebas internacionales de educación, las listas de espera AUGE, el aumento de la obesidad poblacional, entre otros, son problemas que nos aquejan desde hace años y de los que no hemos logrado hacernos cargo.
¿Es posible revertir esta situación? Sí, pero solo si se implementan programas sociales que demuestren ser efectivos en el logro de resultados. Esto que parece una obviedad, no es fácil de lograr. Primero, porque no todos los programas sociales implementados desde el Estado (650 aprox) tienen un diseño metodológico que permita evaluar si tienen resultados o no. Es decir, son programas que presentan déficits básicos y que deben corregirse a la brevedad para al menos tener la posibilidad de saber si funcionan o no. Segundo, porque no hay presupuesto suficiente para realizar monitoreo y/o evaluación de todos los programas implementados. Un programa puede pasar más de 10 años sin ser evaluado en cuanto a sus resultados. Tercero, no hay una metodología estándar para poder reemplazar y/o mejorar los déficits en los programas que sí pueden ser evaluados.  Y, por último, cuando hay que reemplazar, no se tienen referencias sobre cuáles programas sí tienen evaluaciones positivas de resultados, lo que no asegura tener éxito en el siguiente intento.
Parece un panorama oscuro, pero no por eso debemos bajar los brazos. Es fundamental salir de la crisis que vive el país y no lo haremos si los programas sociales no son capaces de mejorar la vida de la población. Por lo mismo, la Fundación San Carlos de Maipo, junto a expertos nacionales e internacionales, han desarrollado un Banco gratuito de programas sociales basados en evidencia llamado “Mi Brújula”. Este es un repositorio de aquellos programas que sí cuentan con un diseño adecuado, una estrategia de implementación que permita fidelidad al diseño original y también donde se puedan encontrar evidencia de resultados positivos en los beneficiarios. Con ello esperamos motivar a todos los programas sociales, tanto públicos como privados, a querer entrar al Banco de Programas y que para ello tengan que generar mejoras tanto a nivel de diseño, como de implementación y de resultados.
Este desafío es mayúsculo y depende del interés de los tomadores de decisiones por querer mejorar la calidad de la oferta programática. Al menos desde ahora no será por falta de un camino claro para que estos puedan demostrar resultados.

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