Durante las últimas dos décadas, la población migrante en Chile ha aumentado de manera considerable: si en 2002 había cerca de 190 mil extranjeros en el país, a fines de 2020 eran un millón y medio. Ello ha traído consigo aportes significativos a nuestro país, pero también desafíos complejos en diversos ámbitos, incluyendo la economía y el mundo laboral. Por una parte, las personas extranjeras se encuentran mayoritariamente en edad de trabajar; presentan mayores tasas de ocupación; aportan a la productividad del país; y contribuyen al Fisco más recursos de los que el Estado gasta en ellas. Por otra, hay retos importantes, algunos de ellos crecientemente asociados a la irregularidad migratoria, la informalidad laboral, la protección de derechos, y la inserción laboral de quienes llegan. Con el objeto de aportar a estos desafíos, un grupo de académicos y académicas de la Universidad Católica, convocados por el Centro de Políticas Públicas UC, formulamos propuestas al respecto.

Entre otras cosas, planteamos que los mecanismos de regularización migratoria deben ir de la mano con políticas de protección e inserción inicial, así como con acciones concretas para facilitar la empleabilidad de personas migrantes. Las medidas de regularización —sean extraordinarias o permanentes— tienen mejores efectos en el largo plazo para las familias migrantes y la sociedad de acogida si son acompañadas de alternativas reales de integración social, acceso a redes y al mercado del trabajo.

Recalcamos la importancia de avanzar en acciones sobre las que hay bastante consenso pero que se han pospuesto durante los últimos años: disminuir las brechas para acceder a programas de certificación de competencias laborales; regular y agilizar el reconocimiento de títulos de educación superior, y eliminar o flexibilizar el límite de trabajadores extranjeros por empresa. En paralelo, se requiere avanzar en sistemas de visados que dialoguen con las oportunidades y necesidades del mercado laboral y la industria local, con incentivos a la distribución geográfica de trabajadores extranjeros a partir de los perfiles migratorios y las características de cada región y sector productivo.

Muy comúnmente la discusión sobre las políticas migratorias se centra en lo que ocurre en las fronteras: quién puede entrar, quién debe salir y cómo se fortalece el control. Sin embargo, es fundamental profundizar también en políticas que permitan a las personas migrantes que ya están viviendo en Chile realizar un mayor aporte a nuestro país, tener mejores oportunidades y condiciones de vida. En esto el rol del Gobierno es central, pero también son imprescindibles los municipios, las empresas, las comunidades migrantes y la sociedad civil en general.