Tras el plebiscito del 4-S, el mundo político se volcó a debatir cómo debería ser un nuevo proceso, en lo que para muchos podría ser un déjà vu de las intensas negociaciones y debates sobre quiénes, cómo y cuándo, que siguieron al estallido. De lejos, puede sonar similar, pero, de cerca, ya hay algunas diferencias. Otras están por verse.

Hoja en blanco… ahora con bordes

Partieron diciéndoles bordes, luego principios y finalmente, bases. Más allá del nombre, el concepto que esta vez está en boca de todos alude a puntos de partida que deberán contemplarse en el futuro texto. Por ejemplo, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, o que el Estado tiene tres poderes separados e independientes entre sí.

Para el proceso anterior, en cambio, a grandes rasgos lo que hubo fue la llamada 'hoja en blanco'. Todo era debatible, con solo algunos requisitos: respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales vigentes. Eso era todo y, según algunos de quienes están hoy en las discusiones, hasta esos puntos se habrían tensionado o derechamente pasado a llevar.

Esta vez, Chile Vamos ha impulsado especialmente que exista un encargado de velar por las bases. Y, además, algunos hablan de una triple protección: que queden consagradas en el acuerdo de los partidos, en la reforma constitucional que deberá tramitar el Congreso para habilitar el nuevo proceso y luego, también en el reglamento del órgano.

La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, asegura que esto es muy distinto a lo diseñado en 2019: 'Si bien se propusieron principios en el artículo 135 la vez pasada, la verdad es que no se respetaron. Faltaba algo muy importante: primero, la ampliación de esos principios a bases, un radier sólido en el cual se pudiese construir el nuevo proceso y la redacción del nuevo texto, no partiendo de una hoja en blanco'.

¿Un guardián de las 'bases'?

Tiene que haber, dicen en la oposición, un camino claro ante cualquier incumplimiento. En el proceso diseñado en 2019, se incluyó un mecanismo de reclamación. Se podía ir a la Corte Suprema con las firmas de un cuarto de los convencionales, pero había un punto: esto solo regía para denunciar infracciones 'de procedimiento'. En ningún caso, se explicitaba, se podía 'reclamar sobre el contenido'.

La idea de un custodio de las bases tiene llegada en el oficialismo, donde reconocen estar tan interesados como Chile Vamos en que los puntos se cumplan. Sobre todo aquel que hace referencia al Estado social y democrático, que permitiría concretar el cambio de 'modelo' que promueve el sector.

Lo que aún queda por discutir es quién podría ejercer ese rol. Mientras que la oposición se inclina por un organismo con una mirada más política —que el Congreso podría dar de mejor forma— el oficialismo se acerca más bien al TC o la Corte Suprema.

Aunque nadie descarta ajustes en las bases, por ahora los partidos están, en general, satisfechos. 'Hay un ánimo de crear un marco de convivencia y de diálogo político, que es lo que no existió en el debate anterior', dice el presidente del Partido Liberal, Patricio Morales.

Quiénes: la gran disputa pendiente

Nueve meses de plazo con posibilidad de pedir tres más, 155 integrantes elegidos en las urnas. Con paridad de entrada y de salida, independientes que podían formar listas y 17 escaños reservados para pueblos originarios. Esa era, en resumidas cuentas, la inédita fórmula que tuvo la Convención. Una que, mientras las cosas se complicaban, comenzó a ser vista con otros ojos y que hoy habría poco interés en repetir, al menos tal cual.

En primer lugar, el plazo. Hay preocupación transversal de que el proceso no aparezca como 'ostentoso' con el fracaso aún fresco en la memoria, y parte de eso es que la experiencia sea más expedita. Tanto en el oficialismo como en la oposición hay quienes han hablado de seis meses de trabajo.

Ahora, en quiénes redactarían y cómo elegirlos… No hay todavía acuerdos específicos. Sí hay una preocupación compartida: todos tienen claro que el Partido de la Gente y los republicanos pasan por un buen momento, que varios temen ver reflejado en las urnas. Sobre todo si la totalidad de los redactores fueran elegidos por la ciudadanía.

Mientras que la Convención fue completamente elegida, esta vez rondan otras opciones. En el borrador de la propuesta oficialista (elaborada junto a la DC), que se dio a conocer el viernes, se contempla un órgano 100% escogido. Eso sí, algunos del Socialismo Democrático han deslizado que hay que estar abiertos a otras vías. En los distintos bloques, más de uno ve con buenos ojos algo mixto: una mitad de expertos elegidos por el Congreso por ejemplo, en proporción a las fuerzas políticas, podría equilibrar el escenario. Pese a que hay matices en sus atribuciones, nadie duda de que los especialistas tendrán una mayor preponderancia que antes.

Que el órgano debe ser más acotado, genera consenso. En Chile Vamos comentan en reserva que 50 sería lo mejor, pero las coaliciones de gobierno tienen problemas para bajar de 100. En la semana hablaban de 'tirar el tejo pasado' (su propuesta indica 125) pensando que quizás, podrían llegar al centenar. Pero bajar más complicaría, dicen, a partidos más pequeños.

El borrador de la propuesta oficialista contemplaba cupos indígenas (9 supernumerarios a los 125 miembros que propondrían) y un comité de 25 a 30 expertos, con paridad y un rol de asesoría y acompañamiento. Si bien el tema no figuraba en dicho texto, la presencia de independientes sería en listas de partido, algo que comparte la oposición.

En la paridad hay algunas diferencias entre bloques. En Chile Vamos se ha hablado de listas 'cebra' y cerradas para evitar la corrección de salida, mientras que en el oficialismo querrían paridad en todo momento.

Fuera de los matices en cuanto a la modalidad electoral, lo que sí estaría a todas luces dentro del diseño es la obligatoriedad de ir a las urnas en cada momento que se requiera. 'Creo que en eso hay un amplio consenso hoy: tanto la elección de convencionales como un plebiscito de salida, con voto obligatorio. Eso también ha sido un avance respecto de la discusión pasada', señala el jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo.

Otro contexto

Según el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), una diferencia en la propuesta actual del oficialismo radica en que sería 'un tiempo mucho más acotado de debate y directo al hueso'. 'Un órgano más pequeño, acompañado técnicamente por expertos (…) junto a la integración de nuevos bordes que vayan sosteniendo algunos sentidos comunes, nos permitiría tener una nueva Constitución que sea apoyada ampliamente', dijo esta semana, entre los diálogos de los partidos.

Esta semana, cuando las reuniones continúen, se verá qué tan distinta les parece la propuesta conocida el viernes al resto de los sectores. La expectativa, para varios, es de cambio en contraste a lo que pasó en 2019; para el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) las reglas del juego zanjadas tras el estallido nacieron en 'un momento de efervescencia que no era bueno para hacer lo que se hizo'. Hoy, viendo el resultado del plebiscito, añade, los partidos habrían tomado conciencia de que 'de no cambiar, no van a estar sintonizando con la ciudadanía'.

El calendario avanza y un acuerdo en octubre, por ahora, se ve improbable. Pero hay otra fecha que la centroderecha ve con interés… el 15-N, día del Acuerdo por la Paz.

Aunque desde fuera la tensión se ve alta, en la interna lo que ha existido es diálogo. Incluso, en el último tiempo, de personeros de la oposición con el Presidente. Con reformas que enfrentan un panorama complejo, le han reiterado la importancia de lograr un acuerdo constituyente pues podría, precisamente, ser el principal legado de su período.