En medio de la reanudación de los diálogos para iniciar un nuevo proceso constitucional que lleva el oficialismo, la oposición, la DC y Amarillos, fijados para la jornada de hoy en el ex-Congreso, figuras del centro político y de la centroizquierda presentaron un documento en el que plasman su parecer sobre cómo debería configurarse un nuevo órgano.

El texto consta de tres páginas y lleva la firma de los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, los exconvencionales Felipe Harboe (ex-PPD) y Fuad Chahin (DC), la exagregada cultural Javiera Parada, el exministro Andrés Velasco y el expresidente del PR Carlos Maldonado, además de académicos y abogados. Así, en la lista aparecen también Cristóbal Bellolio, José Gabriel Alemparte, Camila Avilés, Franco Basso, Manuel Bello, Ricardo Brodsky, Jorge Cash, José Miguel Catepillán, Francisco Cruz, Claudio Elórtegui, Hardy Knittel, José Gabriel Krauss, Carol Lagos, Sebastián Pavlovic, Fabiola Ríos, Loreto Rodríguez y Paula Romero.

Se trataría, así, de una de las primeras convergencias, luego del plebiscito, de sectores centro y centroizquierda que estuvieron por el Rechazo, con grupos como 'Una que nos Una', independientes liberales, la disidencia de la DC, exradicales, entre otros. Dentro de este sector incluso algunos son optimistas de que más adelante Amarillos se pueda sumar.

Con todo, en el texto se comienza por señalar que la interpretación más razonable del resultado del plebiscito, en el que triunfó la opción del Rechazo con un 62%, 'es una negativa a la propuesta ofrecida por la Convención Constitucional, pero sin eliminar el compromiso de elaborar una nueva Carta Fundamental, en línea con el contundente resultado del plebiscito de entrada de 2020, la voluntad declarada por la propia campaña del Rechazo, y los más recientes sondeos de opinión'.

En esa línea, dicen apoyar la continuidad del proceso constitucional hasta obtener una Constitución 'satisfactoria en calidad, legitimidad y transversalidad'.

Contrapunto a los bordes

'Aunque consideramos valioso que el nuevo texto recoja la tradición constitucional chilena y el aporte de sus instituciones republicanas a la separación y contrapeso de los poderes del Estado, las bases o bordes del nuevo debate constituyente no deben suplantar ni limitar excesivamente el campo de la deliberación democrática de los nuevos convencionales', indica el grupo en el punto N° 1 del texto presentado, aludiendo a las bases constitucionales que afinan los partidos.

'Uno de los problemas, tanto en la Constitución de la dictadura como en la reciente propuesta de la Convención, es que las fuerzas mayoritarias plasmaron en el texto varias cuestiones que siguen siendo legítimamente discutidas en la sociedad chilena. No corresponde a la Constitución resolver esas controversias ideológicas, que pertenecen a la esfera del legítimo debate democrático. Por ejemplo, así como muchos consideraron un error consagrar una garantía para la interrupción del embarazo sin límites, sería caer en el mismo error establecer una limitación excesiva bajo el eufemismo del derecho a la vida', señalan.

En el segundo punto manifiestan que los partidos políticos 'resultan fundamentales para una democracia robusta y estable' y que, dada la experiencia reciente, exponen que 'es clave que los partidos políticos sean cuidadosos en la selección de sus candidatos (as) a la nueva convención y tengan conciencia del rol que están llamados a cumplir (...)'.

Expertos con voz, sin voto

De esa forma, dicen apoyar la idea de dotar a la convención de una mirada experta, 'alejada de las disputas ideológicas', planteando que 'la institución de la convención (y no cada convencional o colectivo) debe contar con asesoría experta sobre la experiencia comparada, las técnicas legislativas, la concordancia del texto e incluso las correcciones de estilo y uso adecuado del lenguaje. Para ello, las universidades, la Biblioteca del Congreso Nacional, las academias de ciencias, de la lengua y otras instituciones académicas podrían conformar un consejo consultivo permanente, el que podría prestar asesoría'.

Este comité, plantean, no debería tener más de 20 miembros, y sus funciones deberían limitarse a preparar los insumos previos a una nueva convención, 'observando oportunidades y falencias del texto recientemente propuesto como de anteriores constituciones en Chile y el mundo, y a asesorar como cuerpo permanente, con derecho a voz pero no a voto, a las comisiones de la convención'.

Mantener los 2/3

El grupo también menciona que se debe adoptar el reglamento de la Cámara de Diputados o del Senado, con las modificaciones pertinentes, para que así la nueva convención avance con rapidez. Por ello, mencionan que esta debiera tener un plazo máximo de 6 meses para completar su tarea y adoptar sus acuerdos por 2/3 de sus miembros, tanto en comisiones como en el pleno. 'Consideramos que no tiene sentido rebajar los quorums cuando justamente se trata de elaborar un texto lo más transversal y compartido posible', recalcan.

En cuanto al número de integrantes de un nuevo órgano, señalan que, en línea con las aspiraciones de austeridad fiscal de la población, este podría operar con 60 convencionales más los escaños de los pueblos originarios, 'lo que aún permite una representación diversa'.

Y agregan: 'Proponemos que 30 de los convencionales se elijan en listas nacionales cerradas presentadas por los partidos y las coaliciones legalmente registradas y 30 distritos uninominales, de tal forma de generar un sistema electoral mixto, con un elemento proporcional y otro mayoritario. La regla de paridad deberá seguir operando en las listas nacionales. Los escaños de los pueblos originarios serán elegidos por distrito y su cantidad será proporcional a la votación obtenida, con un piso mínimo de elegibilidad del 5% de los votos del padrón habilitado para votar en el distrito respectivo. Proponemos que tanto para la elección de convencionales como el plebiscito de salida se aplique el voto obligatorio'.

Al margen del mecanismo, proponen que los convencionales electos tengan dos años de inhabilidad para postular a cualquier cargo de representación popular, lo que supondría un aumento de un año en comparación a lo establecido para los miembros de la reciente Convención.

En cuanto a plazos, plantean que una elección de convencionales se lleve a cabo durante el mes de abril de 2023. 'La instalación de la convención sería 30 días después, en el curso del mes de mayo. Dado un plazo de 6 meses de funcionamiento, la convención podría entregar una propuesta de texto durante el mes de diciembre de 2023, convocándose a plebiscito dentro de los 30 días siguientes (enero de 2024)', cierran.