La brasileña Anacláudia Rossbach posee más de 20 años de experiencia en temas de asentamientos precarios, habitación social y política urbana. Su currículo también informa que trabajó en la alcaldía de São Paulo y asesoró al Ministerio de las Ciudades de Brasil en la formulación e implementación de la política habitacional brasileña. Como consultora de alto nivel del Banco Mundial, proporcionó asistencia técnica para el desarrollo e implementación de la política brasileña de habitación y urbanización de favelas durante 10 años, además de trabajar como especialista sénior en habitación social para el Banco Mundial y otras organizaciones de investigación y proyectos en Brasil y en muchos países del mundo, como Filipinas y China, entre otros.

Un trabajo relevante, pues el déficit habitacional en su país de origen llega a 5,9 millones de hogares, de los cuales el 50% representan gastos excesivos con alquiler, vivienda precaria y/o cohabitación, mientras que 24 millones de hogares son considerados inadecuados en términos de saneamiento, electricidad, agua, piso, entre otros.

Ese escenario, guardando las proporciones, podría compararse con los problemas de vivienda que hay en Chile, pues de acuerdo a la última estimación del Centro de Políticas Públicas UC, el déficit habitacional es de 641.421 viviendas. Ante eso, Rossbach sostiene que "hay una cuestión profunda y estructural que es la desigualdad, y la gran brecha de ingresos para acceder a una vivienda formal".

¿Es posible terminar en Chile con los campamentos y tomas ilegales?

Creo que sí podemos tener estrategias robustas y de largo plazo para enfrentar este tema, aunque la necesidad de recursos fiscales y esfuerzos de coordinación sean muy elevados. Pero hay que tener en cuenta que tenemos una cuestión profunda y estructural que es la desigualdad, y la gran brecha de ingresos para acceder a una vivienda formal. Y este problema no vamos a ser capaces de enfrentarlo solamente vía política de vivienda.

¿Cómo se ha enfrentado la crisis habitacional en Brasil?

En Brasil, durante el período 2003-2015, se desarrollaron muchas iniciativas relacionadas al desarrollo institucional, y el fortalecimiento municipal, incluyendo el desarrollo de un cuadro amplio de política urbana (vivienda, movilidad, residuos sólidos) y un modelo de gobernanza participativa en cascada con mecanismos de consulta, consensos y diálogos en las tres esferas de gobierno (federal, estatal y municipal).

¿Cómo se llevó esto a la práctica?

Entre 2007 y 2009 se inauguran dos programas de inversión masiva en vivienda e infraestructura urbana. El carácter curativo y preventivo de los dos son complementarios, ya que el PAC Favelas (Programa de Aceleração do Crescimento), y el Minha Casa, Minha Vida (programa de subsidios) tenían como objetivo el enfrentamiento del déficit habitacional en su carácter cualitativo y cuantitativo.

Los asentamientos precarios, allegados y viviendas ilegales han aumentado en Chile durante los últimos años, siendo reconocido por las autoridades como un "escenario grave". ¿Qué ejemplos se pueden tomar de Brasil para ocuparse de la crisis habitacional en Chile?

En Brasil se adoptó una política nacional de mejoramiento integral de asentamientos precarios, un programa de inversión robusto que incluía componentes de infraestructura, acceso e integración a la ciudad, regularización de suelo, vivienda, equipamientos y servicios sociales, organización y apoyo comunitario. El principio es el mantenimiento de las familias in situ, reconociendo los derechos constitucionales y las limitaciones económicas, así como los impactos sociales negativos que implican procesos de reasentamiento y relocalización. Un aspecto importante de este programa es que en Brasil, como un país federativo, los modelos de implementación son definidos localmente de acuerdo con el contexto, las necesidades y oportunidades en cada situación. Adicionalmente, el componente de la participación de la comunidad en el diseño e implementación de los proyectos es central.

¿Se ha logrado reducir la crisis habitacional en Brasil?

Aunque no existan evaluaciones estructuradas y extensivas de estos programas, creo que se puede afirmar que su impacto social fue bastante significativo, ya que el alcance fue muy amplio, con la construcción de más de cinco millones de viviendas vía subsidio (sería lo equivalente a una ciudad como Río de Janeiro), y mejora de condiciones de infraestructura, vivienda y seguridad de tenencia de suelo para más de dos millones de hogares localizados en asentamientos precarios e informales.

¿Estos mecanismos fueron suficientes?

Todo este esfuerzo, aunque fue muy relevante, no fue suficiente para que el país pudiera enfrentar por completo el desafío habitacional. Esto, porque según estudios recientes de la Universidad Federal Fluminense, la necesidad de nuevas viviendas por año, o sea el flujo de demanda, es de aproximadamente un millón de viviendas, y el programa de subsidios no ha seguido en el mismo ritmo post 2015, con una reducción significativa de las unidades producidas.

Para enfrentar la crisis en Chile, el Presidente Boric anunció la creación de 260 mil viviendas. ¿El déficit habitacional se puede solucionar solo construyendo más casas?

Es consenso que superar la segregación urbana es un reto global y producir viviendas sociales bien ubicadas, con acceso a servicios y a la ciudad, sigue siendo un gran desafío. En el centro está el suelo. Hay que reconocer su función social y ambiental, y desarrollar políticas para ampliar la oferta de suelo urbano asequible. En el caso de Chile -y muchos países de América Latina-, la intensa dinámica migratoria igualmente presenta un desafío importante y requiere programas y estrategias dedicadas, como por ejemplo el alquiler social, una agenda que ya está avanzando mucho en Chile, comparativamente a otros países de la región.

¿Cómo la sustentabilidad puede contribuir en la emergencia habitacional?

Hoy en día la sustentabilidad ambiental debe estar abordada de manera central en todo, pero cuando se trata de construcción de viviendas e infraestructura y utilización de recursos naturales como el suelo y agua, hay que ser muy consciente del impacto potencial tanto en términos de emisiones como en la preservación. Pensar estratégicamente, por ejemplo, en enfrentar el déficit cualitativo a partir de acciones de bajo impacto de mejoramientos y/o ampliación de viviendas, aprovechando al máximo el suelo ya ocupado y reduciendo emisiones, es una alternativa, pero no sabría profundizar sobre la factibilidad y el potencial de este tipo de estrategia para Chile.

Usted apoyó la inclusión del derecho a la vivienda en la propuesta de nueva Constitución que se rechazó el pasado 4 de octubre. ¿Cree que este derecho se debe incluir en la nueva propuesta?

El derecho a la vivienda, así como el derecho a la ciudad, están reconocidos en la Nueva Agenda Urbana, un compromiso internacional asumido por los países durante el proceso de la Conferencia Hábitat III realizada en Quito en 2016. Chile fue un protagonista central, representando la región de América Latina en el proceso de su redacción. Asimismo, el derecho a la vivienda está establecido en otras convenciones internacionales, y reconocido por muchos países. Mi punto de vista estrictamente personal es que para avanzar como sociedad global es importante reconocer los acuerdos internacionales, reconociendo los esfuerzos diplomáticos en consensuar estas agendas.

En noviembre usted estará en Plea 2022, una de las conferencias de arquitectura más importantes y donde este año se trabajará bajo la premisa "¿Podrán sobrevivir las ciudades?". ¿Qué resultados espera del encuentro?

Estos espacios internacionales son sumamente estratégicos, yo estoy convencida de que una transformación urbana más efectiva rumbo a ciudades no solo más sostenibles, como más equitativas y vibrantes, requiere transformaciones sistémicas de medio y largo plazo. Y la única manera de impulsar esto es vía generación de masa crítica, intercambio de experiencias y generación de consensos. Creo que la Plea 2022, como está diseñada, nos ofrece una oportunidad de conocer las prácticas internacionales bajo un abordaje más holístico, con un zoom en los desafíos de los países en desarrollo e integrando los temas de diseño, desarrollo urbano, edificaciones y el bienestar de las personas, que al final, y según la Nueva Agenda Urbana, deben estar al centro.