Los recientes datos que el Ministerio de Educación dio a conocer sobre exclusión educativa generan alarma: mientras que 1.239.330 escolares muestran tener niveles de inasistencia graves, otros 50.529 se desvincularon de sus colegios entre los años 2021 y 2022.

Según el Centro de Estudios del Mineduc, el número de niños que de un año a otro pasaron a no estar matriculados en ningún establecimiento es 24% mayor a la cifra de 2019, previo a la llegada de la pandemia. En esa época, el tema ya se consideraba un problema importante.

'Los datos prepandémicos sobre abandono del ciclo regular de estudios ya eran muy preocupantes. En 2018, la Región Metropolitana se ubicó entre las tres regiones del país con las tasas más altas de incidencia regular de exclusión escolar; es decir, estudiantes que habiendo estado matriculados en educación regular en un periodo, no lo están al año siguiente', advierte Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, quien indica que la cifra llegaba al 2,6% del total de niños.

Atacar el problema es clave —continúa— porque cuando un estudiante empieza a faltar al colegio 'es una demostración tangible de que hay otros problemas en el hogar: trabajo infantil, vulneraciones, abuso de alcohol y drogas, negligencia parental. En consecuencia, intervenir tempranamente en esa familia puede generar un conjunto de acciones y estrategias que eviten la deserción escolar, que puede salir muy cara, no solamente para el menor afectado, sino que también para toda la sociedad. Soy un convencido de que si queremos reducir los índices de adicción o delincuencia en el largo plazo, tenemos que combatir frontalmente el ausentismo y la deserción escolar'.

Con impacto

Con el objetivo de lograr este propósito, esta semana se realizará el lanzamiento del primer Contrato de Impacto Social (CIS) con participación público-privada. El contrato es entre el Gobierno Regional Metropolitano y la corporación Bien Público, que reúne a distintas organizaciones y fundaciones locales.

'En simple, un CIS permite que tanto el sector público como el privado puedan asegurarse de que su gasto social impacte objetivamente la vida de quienes quieren apoyar. Esto gracias a que los CIS obligan a que se impulsen solo aquellos programas sociales que realmente logren resultados positivos en el público beneficiario', explica Rafael Rodríguez, gerente de Desarrollo y Estudios de la Fundación San Carlos de Maipo y director de Bien Público.

'Esto es fundamental en un país en el que el 60% de los programas sociales han sido mal evaluados por la Dirección de Presupuestos y donde solo un 30% de estos ha sido rediseñado luego de que se demostrara su mal desempeño. El resto, en general, se sigue financiando por parte del Estado', agrega Rodríguez.

En un Contrato de Impacto Social, señala, 'el sector público y las fundaciones filantrópicas comprometen pago a contra de resultados'.

Por su lado, 'los privados comprometen capital de riesgo para financiar la operación de los programas sociales y la academia aporta con el conocimiento necesario para realizar las evaluaciones de los resultados esperados', indica.

Esta alianza en particular tiene como objetivo 'lograr un impacto en la retención escolar de niños, niñas y adolescentes y, de paso, ofrecer al gobierno regional y al gobierno central un programa social que demuestre objetivamente que puede cumplir con esos objetivos'.

El programa seleccionado para fomentar la retención escolar corresponde a uno de la Fundación Presente (ver recuadro) que ya tiene antecedentes de buenos resultados.

'Pero ahora lo van a tener que demostrar bajo un marco de evaluación rigurosa', dice Rodríguez.

Sobre convocar a personas para que financien el capital de trabajo que se requiere para implementar este tipo de programas, Francisca Medeiros, gerenta de Sostenibilidad de Larraín Vial, que forma parte de esta alianza, comenta que 'se involucra a quienes estén buscando aportar con sus recursos para generar un impacto positivo, y que esos resultados puedan ser medidos y reportados con transparencia'.

Junto al Gobierno Regional Metropolitano, los promotores del proyecto son las fundaciones Ilumina, Olivo, San Carlos de Maipo, Reinaldo Solari, Mustakis y Emprépolis.

Desde su gestor, la corporación Bien Público, indican que el CIS se implementará desde marzo de 2023 en 20 establecimientos educacionales de la Región Metropolitana.