Una después de otra, cerca de 30 grandes empresas multinacionales han decidido salir de Argentina durante los tres años de gobierno de Alberto Fernández (2019), en medio de reestructuraciones vinculadas tanto con factores externos —especialmente, los efectos de la pandemia y el proceso inflacionario a nivel global— como con los problemas domésticos y estructurales de un mercado local con demasiadas regulaciones y una debilidad institucional que está desincentivando la inversión extranjera.
La última compañía en anunciar su fuga del mercado argentino es la eléctrica Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel). En la presentación anual de su plan estratégico, el grupo, que tiene como accionista mayoritario al Estado italiano, confirmó que va a “reposicionar sus negocios” para reducir su deuda y priorizar la transición a energías limpias, lo que en América Latina significará su salida total de Argentina y Perú para concentrarse en Brasil, Colombia y Chile. De este modo, la firma pondrá a la venta en 2023 todos sus activos en Argentina, que incluyen la distribuidora eléctrica Edesur —que opera en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano de la capital—, dos centrales térmicas, la concesión de una hidroeléctrica en Neuquén y Río Negro e importantes líneas de transmisión de la energía. Después de 14 años en el país, la multinacional ya no va más.
Los economistas y medios argentinos consideraron la salida de Enel como parte de un “éxodo” de empresas multinacionales que durante los últimos años se han retirado definitivamente, han traspasado sus operaciones a actores locales o se han achicado en el país en un contexto económico y regulatorio cada vez más adverso. Según un informe de First Capital, citado por el diario Clarín, unas 30 compañías extranjeras dejaron Argentina durante el gobierno de Fernández, en una lista que abarca un amplio espectro de industrias: aerolíneas como la chilena Latam, Norwegian, Qatar Airways o Air New Zealand; farmacéuticas como Pierre Fabre, Hepatalgina, Gerresheim o Eli Lilly; cadenas de retail como la también chilena Falabella o los supermercados Walmart; textiles como Nike, Under Armour o Asics; autopartistas como BASF, Saint Gobain Sekurit, y Axalta; el fabricante de celulares Brighstar y la app de delivery Glovo han salido de Argentina.
Al buscar las causas, los empresarios y los expertos apuntan a múltiples factores que viene arrastrando la economía argentina, entre ellas su falta de previsibilidad —con continuos cambios de reglas—, la débil seguridad jurídica, la alta inflación, la excesiva carga impositiva de algunas industrias, las restricciones a las importaciones y los complejos controles cambiarios que hacen muy difícil para las multinacionales hacer negocios en el país.
Aunque es cierto que la economía global vive momentos turbulentos por la pandemia y la guerra en Ucrania que afectan a todos los países, el caso argentino tiene una dinámica propia.
“Los factores externos no explican el éxodo de empresas de la Argentina”, dice a “El Mercurio” el economista Dante Sica, fundador de la consultora Abeceb y exministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). “Por un lado, hay un tema estructural: Argentina hasta hace unos años era un país con un mercado de ingresos medio-alto, de un tamaño intermedio y atrayente, en el que las compañías multinacionales de alguna manera obtenían una renta que cubría todos los costos, como la distancia, los desequilibrios macroeconómicos, los problemas regulatorios o hasta sus casos de corrupción (…). Pero hoy Argentina está estancada desde hace más de 15 años y viene cayendo su PIB per cápita. Las crisis económicas recurrentes y el aumento de la pobreza transformaron ese mercado intermedio en uno de ingreso medio-bajo. Entonces los costos ya no compensan la renta, por lo que muchas compañías han empezado a evaluar su posición en Argentina”, afirma.
Actualmente, Argentina tiene el mismo PIB que hace 10 años, con una pobreza que llega al 36% y una inflación que del rango del 25% anual llegará este año a los tres dígitos.
Política kirchnerista
Todo esto se vincula con los problemas coyunturales, que Sica asocia a la política económica errática de los gobiernos kirchneristas. “A todo esto hay que sumarle que del 2011 en adelante, salvo la excepción del gobierno de Macri, ha habido un cierre de la economía, una falta de competencia interna, una discrecionalidad que se aplica en todo el marco económico, en especial en el congelamiento de tarifas, con cambios regulatorios que hicieron que muchas compañías, en un contexto internacional donde empiezan a revisar su posicionamiento regional, del primer lugar que se van es de Argentina”, señala el economista, quien apunta contra una “debilidad de las instituciones” que aleja a los inversionistas extranjeros y a un “capitalismo discrecional”, que favorecería a empresarios vinculados al poder político, en la actual administración de Alberto Fernández.
Particularmente complejo para las firmas multinacionales es el llamado “cepo cambiario”, el control de divisas implementado inicialmente por Cristina Fernández (2007-2015), que dificulta las importaciones y distorsiona toda la economía. “En especial en el área de alimentos y energía, hay mucho capital que quisiera venir a invertir a América Latina y en especial a países como Brasil y Argentina, que tienen un gran potencial. Pero en un país que está a un año de las elecciones presidenciales, con un gobierno con muchos problemas políticos, una economía con 100% de inflación, mucha incertidumbre regulatoria y con el cepo cambiario, es muy difícil que vengan. Es más, van a salir las inversiones”, estima Sica. “Nadie invierte en un país donde no puedes sacar la plata. Nadie entra a un lugar de donde no puede salir. Esa es la consigna”.
En el caso concreto de Enel, el grupo italiano se vio afectado, además, por la política de congelamiento de tarifas del gobierno. Según datos de la propia compañía, en los últimos tres años sus costos de producción subieron 321%, pero las cuentas de los usuarios —que en Argentina son fuertemente subsidiadas— solo aumentaron en 31%. “En los últimos 20 años, los entes reguladores estuvieron intervenidos 18 años por situaciones de emergencia. No hay una emergencia que dure 18 años. Este modelo de gobernar por decreto es insostenible”, señalaron desde la firma al diario La Nación.
Sica coincide: “Hay que pensar que en 2015, lo que un argentino pagaba de tarifa de luz representaba solo el 25% del valor de la producción, el otro 75% eran subsidios que el gobierno les daba a las empresas, pero que siempre se retrasaba y nunca terminaba de cubrir el costo total. Durante la época de Macri se hizo un proceso de actualización de tarifas, que en parte le costó la reelección, porque la gente tuvo que empezar a pagar lo que valía la energía. Hoy de nuevo estamos en la misma posición de 2015: lo que se paga por la tarifa eléctrica residencial es menos del 30% del costo de generación de esa energía. Es insostenible. No hay negocio que cierre”.