'No puede ser que haya sectores en Chile, sea Temucuicui o La Pincoya, donde el Estado no pueda entrar. (…) Como Gobierno estamos empeñados en recuperar todos los espacios públicos'.

La frase, pronunciada por el Presidente Gabriel Boric hace dos semanas en una entrevista en Canal 13, llamó la atención. No solo por tratarse de un nuevo cambio de opinión del mandatario —años antes había visitado Temucuicui y se había referido a la zona como 'territorio recuperado'—, sino por el reconocimiento que venía adosado: en Chile hay lugares donde el Estado no ingresa o, al menos, no tiene el control.

Es un concepto polémico. Sobre todo para Carabineros o la PDI, que, consultados, expresan que 'no hay lugar en Chile donde no entremos'.

Sin embargo, expertos, parlamentarios, urbanistas y líderes regionales consultados por 'El Mercurio' le dan la razón al Presidente. 'Puede que Carabineros logre entrar de vez en cuando, en momentos de extrema emergencia, pero no tiene presencia permanente. La comunidad no los ve y no los siente', dicen.

Pero el fenómeno no se manifiesta solo en la ausencia, total o parcial, de las fuerzas de seguridad. En muchos casos no hay servicios básicos —luz, agua potable, alcantarillado, conectividad a internet— y no llegan ni las ambulancias ni los bomberos. Lo que ha provocado, a su vez, que esas zonas tengan una organización propia y, muchas veces, en manos del crimen organizado.

Según los expertos, las razones son varias. Y dependen del sector o la zona geográfica. Pero comparten características en común como: 'En el caso de la RM, son sectores con altos índices de delitos y poca cobertura de servicios públicos; en el norte, es falta de servicios públicos, agua potable, alcantarillado y venta de lotes de tomas de terrenos, y en el sur es densidad de ataques terroristas', dice el urbanista Iván Poduje. Según los estudios que ha realizado, más de 4 millones de personas vivirían en esta situación o sufrirían las consecuencias de esto.

Estos son los casos más identificables, de norte a sur.

El barrio que atemoriza a la escolta de Boric

Cuentan que, a fines de junio, cuando el Presidente Boric iba a visitar Arica, un grupo de diputados le pidió que, como señal, sostuviera una reunión en el sector de cerro Chuño.

En un primer momento, el mandatario contestó positivamente. Pero a los pocos días recibió una petición, casi una súplica, de los encargados de su seguridad. 'Le pidieron que por favor no lo hiciera, que no se podía garantizar que las cosas salieran bien'. Boric aceptó la opinión de su escolta.

Cerro Chuño es una zona de viviendas —data de principios de los años 90— que debió ser desalojada en 2012 luego de que se descubriera la presencia de contaminación por plomo y otros metales en los terrenos.

Sin embargo, las viviendas no fueron demolidas tras la desocupación, lo que hizo que pronto fueran tomadas, especialmente por migrantes, pese a que no están equipadas con alcantarillados, luz, ni agua potable.

Hoy Cerro Chuño ya no es considerada una toma, sino que técnicamente es una 'favela', por su rápido crecimiento. Viven ahí más de dos mil personas que, en su mayoría, están presas por las bandas delictuales que, según fuentes de la fiscalía local, 'controlan el territorio a través de la violencia'. De hecho, el Poder Judicial descubrió que desde ahí opera una de las células del Tren de Aragua.

Cuenta el diputado Enrique Lee que si bien Carabineros ha hecho algunas redadas 'no es suficiente, pues solo pueden hacerlo con la ayuda de los ex fuerzas especiales, actualmente llamados Unidades de Control de Orden Público (COP). No hay presencia permanente', explica.

Algo similar sucede en la misma región, en la Villa Frontera, ubicada a 7 km del límite con Perú. Según Poduje, esta, en los últimos dos años, 'ha crecido, de forma ilegal, debido a la llegada de migrantes, en cerca de 2 km de largo. Tiene dos mil viviendas y ni siquiera cuenta con calles que permitan el patrullaje de la fuerza pública'. Agrega que en Arica, en total, hay 6.200 personas que viven al margen del Estado.

Más compleja aún es, según él, la situación en Alto Hospicio, comuna en la que en los dos últimos años han crecido varios megacampamentos —que hoy son los más grandes de Chile—, al punto de que tendrían 'gobiernos paralelos'.

Es el caso de las zonas de Paso las Mulas y La Pampa, lugares donde proliferan los llamados 'loteos brujos', y no hay colegios ni liceos. Aunque no hay luz, la gran cantidad de personas que se 'cuelgan' a la electricidad suele generar problemas en los barrios vecinos.

Plagados de pasajes sin salida, a estos lugares Carabineros no suele entrar sin antes armar una gran operación de inteligencia.

'Son unas 40 mil personas en la comuna viviendo en tomas. De esas, unas 28 mil son migrantes, y la mitad, irregulares', dice la diputada PS Danisa Astudillo.

El poder de los narcos

Más hacia el sur, la proliferación de campamentos ilegales hacia el interior de Viña, Valparaíso y especialmente en la parte alta de San Antonio, ha generado un problema similar al de Alto Hospicio, con 6.700 viviendas que están al margen de la ley, en un lugar donde no se deja entrar a Carabineros, que no tiene potestad más que para desalojar. Una medida compleja debido a que en el Gobierno son algo renuentes a ella, y porque genera que 'culpables e inocentes estén todos dentro del mismo saco'. Es un fenómeno que, según los expertos, está creciendo.

Mientras, lo que ocurre en Santiago es algo distinto. Y de larga data. Se trata de sectores con alta presencia del crimen organizado en las zonas sur y poniente de la capital, extendiéndose, según Poduje, entre comunas como La Pintana, San Joaquín, El Bosque, La Granja, San Bernardo, Puente Alto, Quilicura y Cerro Navia. Área en la que habitan 1.100.000 personas y que es llamada la 'zona crítica'.

Se trata de un fenómeno mucho más antiguo que en el resto del país, pues data de los años 90. Precisamente por esto, ha habido varios planes de intervención en distintos barrios y comunas. Sin embargo, el crecimiento demográfico, la conurbación entre poblaciones y campamentos y el crecimiento del crimen organizado han hecho que, por un lado, sea mucho más difícil la labor de Carabineros y, por otro, casi imposible garantizar la presencia del Estado con servicios básicos.

'Yo creo que lo que ha ido ocurriendo es que la policía ha ido dejando de cumplir un rol preventivo dados los niveles de hacinamiento, la falta de dotación y la aversión a enfrentarse con los delincuentes. Pero también se ha ido generando que el crecimiento urbano y las viviendas sociales construidas han sido mediante planes de marginación, no integración. Han ido apareciendo verdaderos guetos de pobreza, con falta de servicios y custodia', explica el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe.

Coincide el exintendente Felipe Guevara, quien cuenta que 'hay personas que viven de los trabajos que dan las organizaciones criminales y cuando hay necesidad, muchas veces son estas mismas bandas las que dan alimento u otro tipo de ayuda, como prestar seguridad. Estas organizaciones no solo expulsan al Estado, sino que asumen su rol al interior de las comunidades. La seguridad sigue siendo otorgada, solo que ahora por las bandas narco'. Para él existen al menos 100 lugares de la RM donde, en mayor o menor medida ocurre esto.

Las fuentes consultadas coinciden, eso sí, en las zonas más complejas. La Legua, en San Joaquín; la población Parinacota, en Quilicura; la población Santo Tomás, en La Pintana; San Gregorio, de La Granja, Villa San Luis, de Maipú y Bajos de Mena, en Puente Alto, cuya situación empeoró tras el 18-O. De acuerdo a los expertos, en todas mandan los narcos.

Quidico en abandono

Hoy por hoy, quizás el caso más conocido de un lugar donde no entra el Estado es en el conjunto de comunidades mapuches cercano a Ercilla, más conocido como Temucuicui. Un terreno de más de 2.500 hectáreas, con la, al menos dudosa, cifra de 271 personas residentes.

Pero lo cierto es que ni el INE —que no pudo entrar en esa oportunidad— ni la PDI —que en su última redada masiva sufrió una víctima fatal—, ni la exministra del Interior —la extitular Izkia Siches fue recibida con balazos cuando, al principio de su gestión, quiso ir a 'dialogar' al lugar— han logrado llegar. Nadie entra, de hecho, sin permiso, y si ingresa por la fuerza, los costos pueden ser altos.

Sin embargo, no es la única zona con ausencia de Estado en la macrozona sur.

Cuenta el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que uno de los casos más emblemáticos de esa región es el de la localidad de Quidico. 'Tiene 300 viviendas, de las cuales 77 han sido quemadas', explica.

Ahí, agrega, ya no hay turismo, las empresas de telefonía satelital se fueron tras sufrir atentados y lo mismo pasa con la luz. Hay, según aclara, una comisaría cerca, pero que trabajan solo 'policías de tránsito'. Mientras, los COP más cercanos se deben trasladar desde Los Álamos, 150 km hacia la capital regional. Algo que él califica como 'un desplazamiento forzoso de personas'.

Esto se explica, según expertos consultados, porque Quidico sería una parada obligada en la ruta del tráfico de madera. Un punto que hace que los delincuentes no quieran ningún 'ojo indiscreto ahí'.

No es el único caso en la provincia de Arauco. Según cuenta Díaz, lo mismo ocurre en los bordes costeros de Lleu-Lleu y Lanalhue, de Los Lagos, zonas donde opera, y tiene sus bases, la Coordinadora Arauco Malleco.

A estos, el exdelegado especial en la zona, Pablo Urquízar, agrega 'otros lugares muy complejos son las rutas P62, que une Cañete con Tirúa, y P60, que une Cañete con Contulmo, aquí se comenten graves hechos de violencia. Aquí el control territorial lo ejerce la Resistencia Mapuche Lafkenche, la que se adjudicó el atentado al Molino Grollmus'. Una zona donde cualquier ente estatal que quiera ir debe ir con resguardo no policial, sino que militar. E incluso los mismos infantes de marina entran con precaución y evitan hacerlo si es necesario.

Es un mapa de Chile distinto. Uno en el que sus habitantes, por una razón u otra, viven al margen del Estado, de la ley y, precisamente de Chile. Algo que, debido a la crisis económica, la proliferación de los campamentos y del crimen organizado, podría seguir creciendo cada vez más.