Las causas de la actual crisis del sector de la construcción dependen de múltiples factores. Los más evidentes tienen que ver con los efectos que ha tenido la pandemia del Covid-19 e incluso el estallido social en la economía. Estos no solo afectaron el desarrollo y continuidad de los proyectos, sino que también generaron sobrecostos asociados a los atrasos.

Asimismo, el contexto económico mundial y nacional dista mucho de las posibles proyecciones que las empresas constructoras plantearon en el estudio de sus proyectos y contratos, cambiando totalmente durante la ejecución de las obras. En la mayoría de los casos, este escenario incluso no pudo ser absorbido por el análisis de riesgos que suelen incluir los estudios de las propuestas.

Un ejemplo de lo anterior es el alza sostenida de los costos de materiales de construcción, asociada en una primera instancia a los problemas de abastecimiento, y luego al aumento del costo de fletes y de combustibles. A esto se sumó la escasez de mano de obra registrada el año pasado.

Otros factores son las altas tasas de interés que afectan el financiamiento de las constructoras y de los usuarios finales de los proyectos, impactando las ventas del sector inmobiliario. Además, las condiciones y metodologías del Estado no habían permitido reajustar los precios de aquellos proyectos en ejecución hasta hace un par de semanas atrás, cuando el MOP anunció la tan esperada medida.

Para enfrentar la crisis del sector, lo primero es tomar conciencia de que este es un problema generalizado, que en la mayoría de los casos escapa del alcance que tienen las empresas constructoras. Parte importante de las dificultades están asociadas al contexto macroeconómico del país, lo que hace complejo plantear soluciones sin considerar medidas para todos los sectores productivos.

En paralelo, es fundamental reajustar los presupuestos de aquellos proyectos cuyas proyecciones han quedado inválidas. Si bien la medida tomada por el MOP para el reajuste de sus contratos con constructoras es un avance importante y muy positivo, es crucial ser diligentes para evitar la quiebra de nuevas empresas. El Minvu también tiene que buscar mecanismos que vayan en la misma línea, de manera unificada y sin hacer diferencias entre las regiones.

En este desafío, también es importante dinamizar la inversión en infraestructura permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos que otorguen oportunidades de crecimiento a las empresas. Las alianzas públicoprivadas son una herramienta concreta y eficaz para promover la inversión en el país, sobre todo en un escenario macroeconómico adverso, donde según el FMI se proyecta una caída de 1% del PIB nacional para 2023.

La crisis debe enfrentarse de manera estratégica, considerando los esfuerzos que la industria de la construcción puede hacer en torno a la innovación y tecnología. Pero también desde un gobierno que otorgue herramientas para enfrentar la crisis y propicie un ambiente de estabilidad que dinamice la actividad del sector.