El 9 de diciembre recién pasado, en este mismo medio, el Subsecretario de Previsión Social Christian Larraín, y su principal asesor, Marco Morales, publicaron la columna 'Argumentos económicos para la separación de la industria de AFP'. Buena cosa que el debate público sobre la reforma de pensiones esté incorporando una fuerte dosis de debate técnico para respaldar la reforma. Por ello es importante también exponer los argumentos técnicos que desafían o rebaten los expuestos por el gobierno.

Un primer argumento a rebatir es que se insiste en que existirían 'enormes espacios de ganancias de eficiencias para la centralización en actividades de soporte'. Por supuesto que existen, por ejemplo, en la centralización de la información de traspasos de fondos de los bancos de los empleadores a los bancos de las AFP, que es lo que hace Previred, pues Previred no es un recaudador, sino un sistema de instrucciones de traspasos bancarios de pagador a receptor. Es tan evidente la conveniencia de centralizar esa actividad que las AFP ya lo hicieron en Previred. Lo mismo es evidente en las actividades de cobranza, donde el rol estatal de coordinación y perseguidor de los empleadores morosos traería muchos beneficios. ¿Significa eso que la centralización de la administración de las cuentas individuales y la relación con el afiliado también genera eficiencias? Definitivamente la literatura no permite afirmar que haya que centralizar la administración de 12 millones de cuentas individuales. (El lector es referido a un informe que preparé para la Asociación de AFP que se encuentra en su página web). Más allá de un millón de cuentas, es altamente improbable que persistan economías de escala significativas, y es posible que surjan otro tipo de deseconomías de escala. En efecto, el mismo autor citado por Larraín y Morales menciona posibles deseconomías que son propias de grandes corporaciones, y que todos sabemos que son propias también de estructuras estatales: la sobredotación, la falta de control presupuestario en equipos e insumos, entre varias otras, a lo que se puede agregar el exceso de beneficios e inflexibilidad del estatuto laboral público respecto del estatuto laboral privado. Creo que la profesión, en su mayoría, tiene dudas respecto a las eficiencia de un monopolio estatal como el APA, y bien haría el gobierno -si de verdad busca respaldar la reforma con argumentos técnicos-, sondear la opinión de los colegas. Llegará a la conclusión de que la monopolización de todas las actividades de soporte en el APA no concita mayoría técnica.

Un segundo argumento en favor del APA, dicen los autores de la columna, es que bajaría las barreras de entrada para nuevos inversores que no entran a administrar inversiones porque no desean tener integradas las actividades de soporte. Pero si para ello es solo necesario que el APA alcance un millón de cuentas para optimizar costos, no 12 millones. Que se entregue la opción de elegir a los afiliados si desean la estructura estatal, así como a aquellos que no la desean. Los primero elegirán la estructura APA-IPPA, los segundos la estructura privada integrada que existe hoy. Eso sí, se requiere que la estructura APA-IPPA no incumpla las leyes de competencia, por lo que ambos deben remunerarse de los servicios prestados a sus clientes, sin aporte estatal, excepto el patrimonio inicial.

En definitiva, si se busca un acuerdo con bases técnicas, es necesario abandonar la separación industrial diseñada en la reforma, pues la monopolización de las actividades de soporte es una propuesta radical, e incluso temeraria, que no concita apoyo técnico mayoritario. Es un riesgo innecesario apartarse tan radicalmente de lo que conocemos. Los países se construyen sobre sus pasos previos, no sobre modelos abstractos, descontextualizados, tentación permanente en Chile. Mientras antes se abra el gobierno en este tema, mejor, pues persistir en ese diseño no permite acuerdos.