Ximena Urzúa dice que siente pena y rabia. Trabajó durante 12 años en la Confederación de canalistas del Aconcagua, conoce a buena parte de los regantes de esa cuenca, y desde hace una década es administradora del canal Rinconada, el más grande de la primera sección del río, la más cercana a la cordillera, donde debe repartir el agua entre unos mil agricultores y que hoy –pese a que hubo más lluvias y nieve durante el invierno que en años anteriores– se ha vuelto más escasa.

Por estos días su labor se ha hecho difícil. A mediados de junio, la Dirección General de Aguas (DGA) intervino la cuenca debido a la sequía, ordenando redistribuir las aguas entre las tres secciones en las que se divide administrativamente el río, para lo cual ha publicado siete documentos con instrucciones que han tendido a aumentar el volumen de agua que la primera sección debe ceder a los usuarios de la segunda y tercera sección del río, lo que tiene los ánimos crispados.

'Estábamos felices porque este año íbamos a tener solo un poco menos de agua que en un año normal, pero el caudal que nos están entregando es peor que el de la temporada 2019-2020, que ha sido la más seca de la historia… Es algo desproporcionado e injusto', dice Ximena Urzúa, poco antes de partir a una manifestación en la plaza de Los Andes para reclamar por la medida.

La intervención de la DGA se debe a que las juntas de vigilancia del Aconcagua no lograron presentar un acuerdo sobre cómo distribuir las aguas para asegurar el consumo humano del Gran Valparaíso y otras comunas, por lo que el organismo tuvo que definir cómo hacerlo.

Y, tomando en cuenta un fallo de la Contraloría emitido en mayo, el cual indica que la redistribución debe hacerse en función de la disponibilidad de agua en todo el cauce, considerando todos los derechos y no en base a la división por secciones, el modelo que se había aplicado en los últimos años cambió.

'El seccionamiento de la cuenca solo dice relación con la distribución de las aguas por parte de las juntas de vigilancia en épocas de normalidad, por lo tanto, no resulta admisible entenderla como una limitación a las facultades de la administración para redistribuir el recurso hídrico', señala el dictamen.

La DGA informó que, a partir del 1 de diciembre, la junta de vigilancia de la primera sección debe mantener un caudal permanente de 300 litros por segundo para la sanitaria Esval; aumentar a 42 horas el turno a través del cual se hace llegar agua a la tercera sección, que normalmente era de 36 horas, y regular las compuertas para que se mantenga un caudal medio diario de 14,4 metros cúbicos por segundo. Dicho volumen ha aumentado desde las resoluciones de octubre y noviembre, donde se pedía un caudal de 1,3 metros cúbicos y de 11 metros cúbicos por segundo, respectivamente.

'Antes del 4 de noviembre, con las medidas de redistribución, la primera sección obtenía el 65% del agua superficial disponible en la estación Chacabuquito; es decir, un 54% de los derechos, y ahora está recibiendo el 43%', explican en la junta de vigilancia de la primera sección del río Aconcagua, y proyectan que para enero podría disminuir a 27%, debido a la menor disponibilidad de agua y manteniendo los requerimientos de la DGA.

'Es decir, tendrán un 55% menos de agua que en la temporada 2019-2020, la más seca de la que se tiene registro y en la cual se perdieron entre el 30% y 40% de la superficie bajo riego… El dictamen de la Contraloría no entra en materias técnicas y asume que todos los derechos son iguales, en circunstancias que se constituyeron sobre disponibilidades de fuentes distintas, como ocurre con el río Putaendo en la segunda sección, donde en sus estatutos lo reconocen como principal afluente', explica Javier Crasemann, presidente de la junta de vigilancia de la primera sección del río Aconcagua.

Aguas subterráneas

Uno de los principales cuestionamientos es que las medidas de redistribución solo toman en cuenta las aguas superficiales y no las subterráneas o los afluentes.

En una carta enviada a El Mercurio, los agricultores Luis Rodríguez y Vicente Urbina, de Calle Larga, reclaman que la medida beneficia principalmente a la segunda sección, donde se da la mayor parte de las plantaciones en laderas.

'La DGA premia y beneficia a los que han aumentado sus derechos y hectáreas de riego por décadas. Sin embargo, castiga dramáticamente a los que no hemos crecido y hemos cuidado el recurso', advierten, y piden considerar dentro de la redistribución la disponibilidad de aguas subterráneas, que se utiliza más en la segunda y tercera sección del río.

'Gran parte de la superficie regada de esas secciones se debe a las aguas subterráneas y no a las del río Aconcagua. Esta situación es muy distinta a la condición de la primera sección, que no tiene el mismo acceso a las aguas subterráneas, ya que todos los pozos captan de un sector hidrogeológico que se encuentra a más de 100 metros de profundidad', explica Javier Crasemann.

El presidente de la junta de vigilancia de la segunda sección, Mirko Yakasovic, explica que la constitución de Comunidades de Aguas Subterráneas recién está en proceso y la normativa que obliga a informar las extracciones desde los pozos también se está aplicando desde hace poco tiempo, por lo que hasta ahora la DGA no cuenta con información en tiempo real para considerarlas dentro de la redistribución, algo que también reconocen desde el organismo estatal.

'En la segunda sección tenemos más derechos de aprovechamiento que en la primera. Tenemos el 60% y ellos el 40%, sin considerar a la tercera sección, y en base a eso es cómo se está distribuyendo… Si la DGA no hubiera tomado estas medidas nos habrían mantenido con el agua que les sobra, porque no hubo ninguna venia para ceder más de lo que entregan para el agua potable', dice Mirko Yakasovic.

Más eficiencia

En la tercera sección están conformes con la medida de la DGA y dicen que el turno de 42 horas –que ocurre los fines de semana, cuando las dos primeras secciones cierran las compuertas para dejar fluir el agua hacia esos usuarios– les permite regar efectivamente durante 38 a 39 horas, donde ha sido clave mejorar la eficiencia, ya el 90% de los agricultores tiene riego tecnificado.

'Es impresentable que en la segunda sección todavía exista una gran cantidad de campos con alfalfa, cebollas, parronales y alcachofas regados por tendido. El nivel de tecnificación de las otras dos secciones es bastante menor y eso hace una tremenda diferencia, porque nuestros usuarios se turnan para regar cada 15 días y hemos podido continuar con nuestra producción bastante bien', dice Jorge Escobar, presidente de la junta de vigilancia de la tercera sección del Aconcagua.

Además, coincide con que las medidas de redistribución de la DGA benefician principalmente a los usuarios de la segunda sección, porque es una zona que también cuenta con afloramientos de agua y afluentes del río.

'Solo tenemos el agua del río y somos la sección que cuenta con la mayor cantidad de pozos profundos, pero son pozos que dan entre 15 a 30 litros por segundo, mientras que en la segunda sección hay menos unidades inscritas, pero cada pozo genera entre 80 y 200 litros por segundo… Nosotros consideramos que con estas medidas la segunda sección está tremendamente favorecida y ellos están muy contentos, pero eso no está bien, porque a la primera le están estrujando el agua', asegura Jorge Escobar.

Por su parte, Javier Crasemann explica que, por la naturaleza de la cuenca, parte del agua que entregan a la tercera sección se infiltra en la segunda sección del río, algo que estima que alcanzaría al orden del 40% del volumen total.

'La segunda sección es una esponja y la han llenado de drenes para usar esas aguas, las que no se someten a distribución y no se someten a turnos porque están dentro de las propiedades, por lo que el río no va a correr si lo están tragando por debajo', plantea.

Faltan obras

En una temporada que se preveía positiva por la mayor disponibilidad de agua, los agricultores están enfrentados y divididos.

Ante los cuestionamientos por estar favorecidos con la intervención, en la segunda sección del Aconcagua creen que la salida del conflicto pasa por concretar al menos alguna de las obras hídricas pendientes.

'Estamos en un conflicto entre agricultores, pagando los platos rotos y repartiéndonos la miseria, pero todo esto está muy asociado a la falta de obras hídricas en la cuenca. Estamos tocando fondo', advierte Mirko Yakasovic, quien lleva alrededor de 25 años como dirigente de canales.

Por eso, resalta que en abril de este año volvió a presentar el plan de obras diseñado entre distintos usuarios del río, a través de la Mesa del Aconcagua, que se había entregado en 2020 al Ministerio de Obras Públicas, sin avances hasta ahora.

El plan propone construir una red de nueve embalses para la cuenca y el desarrollo de nuevas fuentes de agua, como la desalación para abastecer al Gran Valparaíso, ya que durante este año los agricultores cedieron 19 millones de metros cúbicos para llenar el embalse Los Aromos y asegurar la disponibilidad del recurso para el consumo humano.

'Tenemos millones de metros cúbicos que se van al mar con aguas servidas. Si se trataran y se pudieran reutilizar para riego en la tercera sección, podríamos liberar a las otras secciones del turno de 42 horas para nosotros, porque además esa sería una fuente constante de agua y no la estamos aprovechando', añade Jorge Escobar, como otra de las obras pendientes.