A principios de diciembre, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) lanzó una nueva licitación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que cuenta con un presupuesto de $ 167.516 millones para cubrir la entrega de 778.939 raciones diarias entre 2023 y 2026. La administración de Camila Rubio, quien asumió como directora nacional en agosto, introdujo una serie de cambios a las bases de la licitación, que tienen como objetivo que los concesionarios puedan hacer frente a las alzas en los costos de los alimentos, fomentar la participación de empresas más pequeñas y acabar con el “multirut”. Este último punto fue el que hizo encender las alarmas en el grupo uruguayo Delibest que, con fecha 15 de diciembre, demandó a Junaeb ante el Tribunal de Contratación Pública, acusándola de un actuar “ilegal y arbitrario” y de excluir deliberadamente a sus empresas de la licitación. La raíz del conflicto está en que las bases de la licitación introdujeron una obligación para las empresas contratadas de informar quién es su beneficiario final, es decir, las personas naturales que posean directa o indirectamente, una participación igual o mayor al 10% del capital o los derechos a voto de una compañía. Junto con ello, se prohibió que empresas con un mismo beneficiario final participaran del proceso y es esta cláusula la que afectaría a Delibest. El grupo uruguayo presta servicios de alimentación a la Junaeb a través de sus filiales en Chile: Consorcio Merken SpA; Alimentaciones Internacionales S.A; y Fedir Chile SpA. En representación de estas tres sociedades, el abogado Andrés Gaspar Ruiz señaló que “se ven directamente afectadas por la ilegal restricción establecida en las bases que se impugnan”. Los descargos de Delibest El problema del “multirut” lleva años generando conflictos en torno al PAE. De hecho, la última licitación –lanzada en diciembre de 2021- también estuvo marcada por cuestionamientos a Delibest. En enero de 2022 el entonces diputado Iván Flores ofició a Contraloría para investigar la contratación de diferentes empresas ligadas al grupo uruguayo. No obstante, en octubre, el organismo determinó que las bases del proceso estaban ajustadas a derecho. Las filiales de Delibest –actualmente concesionarias del PAE- utilizan un concepto denominado Unión Temporal de Proveedores (UTP) para ofertar en conjunto en las licitaciones del programa. En su escrito presentado a la justicia, Delibest denunció que la Junaeb no tiene las atribuciones para alterar la definición de UTP para prohibir que estas tengan el mismo beneficiario. Argumentó que limitar las posibilidades para constituir una de estas sociedades “significa en los hechos una prohibición de asociarse, lo que infringe además el principio de libre concurrencia”. La empresa también cuenta con la asesoría jurídica del exfiscal Carlos Gajardo, quien añadió que “con esta exclusión se estaría impidiendo participar a empresas con mucha experiencia en el sistema de alimentación escolar y que operan con una gran calidad en el servicio (…) Excluir a empresas competitivas solo hace que el Estado tenga que pagar más, dejando fuera a empresas con experiencia y perjudicando a quienes son los principales beneficiarios del sistema de alimentación escolar: las y los estudiantes, por medio del esfuerzo de miles de manipuladoras de alimentos y trabajadores a lo largo de Chile”. Pasos a seguir Con sus argumentos, Delibest solicitó al Tribunal de Contratación Pública suspender el procedimiento licitatorio. Las nuevas bases “incluso le impiden a mis representadas presentar una oferta en este proceso licitatorio, pese a que actualmente son proveedoras de este programa en las regiones de Araucanía, Coquimbo y Magallanes, pues sus ofertas irremediablemente serán declaradas inadmisibles”, escribió Andrés Gaspar Ruiz. Asimismo, como la apertura de ofertas está fechada para el 19 de enero, alegó que existe un peligro de daño irreparable en contra de las filiales con que opera el grupo en Chile. El día 23 de diciembre, tras la demanda de Delibest, el tribunal ofició a la Junaeb para que se refiera a la solicitud de suspensión del procedimiento, en un informe que debe presentar en un plazo de diez días hábiles.