Independiente de nuestra evaluación del acuerdo político alcanzado, lo cierto es que en febrero inicia un nuevo proceso de elaboración de propuesta constitucional, donde se volverá a pensar y debatir acerca de las disposiciones que debiesen quedar en el nuevo texto. En la discusión actual se escuchan múltiples críticas a la Convención Constitucional que elaboró la propuesta rechazada, lo cual en ocasiones dificulta detenerse y pensar qué elementos de dicha propuesta son positivos. Uno de esos elementos es la institucionalidad hídrica propuesta: Consejos de Cuenca y Agencia Nacional del Agua (ANA).
Desde Rumbo Colectivo elaboramos un informe que releva esta materia de cara al nuevo proceso constituyente. En dicho informe se analiza cómo la crisis hídrica no solamente obedece a razones naturales asociadas al cambio climático, sino que también se debe en parte a la deficiente gestión de las aguas, y de ahí la importancia de contar con un diseño institucional óptimo para la correcta planificación y administración de los recursos hídricos.
En línea con lo anterior, se analizó la propuesta de creación de los Consejos de Cuenca y la ANA a la luz de modelos comparados, en específico Brasil y España, que cuentan con modelos de gobernabilidad similar al propuesto. Esto es un ejemplo de que, en general, existe un consenso a nivel comparado de que una institucionalidad de las aguas que considere las cuencas hidrográficas como unidad mínima favorece la gobernanza de estas, considerando los distintos usos de las aguas, además de mantener un equilibrio ecosistémico. Con relación a la ANA, es esencial contar con un órgano que planifique y fomente la inversión en temas hídricos. Por último, es necesario que las autorizaciones de uso tengan la calidad de permisos administrativos para que el Estado pueda efectivamente planificar sus usos, acorde a las disponibilidades efectivas de agua.
Dotarnos de una institucionalidad hídrica que sea eficaz es un asunto relevante y a la vez urgente. Estos días hemos visto como los incendios están azotando distintas localidades, lo cual tiene distintas causas, pero sin duda la crisis hídrica, la sequía y suelos degradados influyen en generar condiciones propicias para fenómenos como los mega incendios, con consecuencias sociales, económicas y ambientales devastadoras.
Más allá de los múltiples usos que se les otorgan a las aguas –consumo humano, saneamiento, actividades productivas– estas son parte de los ecosistemas y, por ende, tienen una importancia socioecológica. Sólo un diseño institucional robusto podrá abordar las urgencias y desafíos de la gobernanza de las aguas.
Por Tomás Mendoza, investigador de socioecología de Rumbo Colectivo