La reforma constitucional que viabilizó el nuevo proceso constituyente consideró que en este habría mecanismos de participación ciudadana y que estos estarían a cargo de las universidades de Chile y Católica, sin perjuicio de que los otros planteles acreditados del país puedan colaborar.
Ambas casas de estudio ya comenzaron el trabajo y sus rectores Rosa Devés (U. de Chile) e Ignacio Sánchez (U. Católica) han sostenido reuniones y tomado las primeras decisiones. Una de ellas fue la conformación de un equipo permanente a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana y para ello nombraron dos coordinadores o secretarios ejecutivos, uno por cada universidad: el abogado y académico de la U. de Chile Claudio Troncoso y el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval.
Ambos serán los encargados de coordinar y llevar adelante el proceso, así como de convocar a expertos de distintos plantes para hacerse cargo de las diferentes herramientas que deben implementar.
“Se nos ha encomendado una muy importante tarea para el desarrollo del proceso constitucional que está por partir y que significa lograr que la ciudadanía pueda manifestar su opinión y sugerir cambios respecto a la redacción del texto del anteproyecto constitucional. La participación ciudadana es un elemento esencial para contribuir a la legitimidad del proceso constitucional y por ello es que ya iniciamos un trabajo entre la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica para trabajar en conjunto”, dice Troncoso.
Por su parte, Irarrázaval afirma “nos sentimos desafiados y muy comprometidos en poder contribuir nuevamente a este hito republicano que es el proceso constitucional que se inicia. Ya tenemos una valiosa experiencia de trabajo conjunto entre la Universidad Católica y de Chile desde lo que ha sido ‘Tenemos que hablar de Chile'. A través de distintas plataformas y mecanismos, y con la colaboración de otras universidades del país y organizaciones de la sociedad civil, logramos conectar a través del diálogo a personas del norte y del sur, de la cordillera y del mar, quienes nos entregaron varias claves ciudadanas importantes para entender el clima social y las incertidumbres que enfrentamos en nuestro territorio”.
Plan de trabajo
El nuevo proceso constituyente será más corto que el llevado a cabo por la Convención Constitucional. Por eso, para alcanzar a realizar la labor encomendada y evitar las críticas que tuvo en el pasado, como la falta de respuestas a la ciudadanía y la baja incidencia que tuvieron sus propuestas, es que los equipos ya pusieron manos a la obra.
El reglamento del proceso constitucional aprobado en el Congreso considera cuatro herramientas de participación: iniciativa popular de norma, audiencias públicas, diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos y consulta ciudadana.
Los planteles decidieron designar a dos responsables, uno por cada universidad, para cada una de estas cuatro herramientas. Entre ellos, ya han sido convocados la académica de la U. de Chile Claudia Heiss, enfocada en las audiencias públicas, y la académica de la UC Alejandra Ovalle, para las iniciativas populares de normas. Los otros nombres serán definidos los próximos días.
“Durante enero y febrero hemos estado construyendo los equipos de trabajo para coordinar el desarrollo de las cuatro herramientas establecidas que daremos a conocer, en detalle, la primera semana de marzo. Junto con ello, también estamos elaborando una etapa preparatoria de educación cívica, para explicar a la ciudadanía cómo será este nuevo proceso, pues es clave que las y los chilenos cuenten con toda la información para poder participar”, detalla Troncoso. Y añade “también estamos trabajando desde ya en la sistematización de los procesos constituyentes anteriores, desde 2016 en adelante. Creemos que es fundamental que la etapa de participación tenga el mayor alcance posible y logre ser incidente a la hora de la redacción de las normas que llevará a cabo el Consejo Constitucional”.
En esa línea, Irarrázaval asegura “queremos que este nuevo proceso de participación tenga más fuerza para transformarse en un espacio de reflexión y aportes al proyecto constitucional y sobre todo que nos recuerde que se trata de una oportunidad de encuentro y diálogo entre chilenos y chilenas”.
Ajustado cronograma
El lanzamiento oficial de la Secretaría de Participación Ciudadana será el 7 de marzo, al día siguiente de que se constituya la Comisión Experta. Esa jornada se presentará el equipo y se explicará cómo la ciudadanía podrá ser parte de este proceso.
Luego de ello, se coordinará con las otras universidades acreditadas que quieran apoyar, especialmente respecto de las audiencias públicas.
Para el 31 de marzo se estima la entrega a la Comisión Experta de la sistematización de procesos de participación anteriores y para el 6 de abril se tiene programado lanzar la plataforma de participación ciudadana que dispondrá todas las herramientas que podrán utilizar las personas, explicaciones de cómo participar y los plazos para cada una de ellas.
En abril también se tiene contemplada la realización de una campaña de educación cívica.
Y el 7 de junio, cuando esté instalado el Consejo Constitucional, comenzará el desarrollo oficial de las cuatro herramientas de participación que tendrán plazo de un mes para su desarrollo. De esa forma, se espera que los resultados puedan ser expuestos al Consejo los primeros días de julio y puedan ser considerados en el proceso de redacción.
EN REGIONES
Además de la plataforma digital en desarrollo, se prevé un despliegue territorial para dar a conocer los detalles del proceso.