Las catástrofes de los últimos días afectan, en diversas dimensiones, a las víctimas directas y a su entorno inmediato, pero también al conjunto de la sociedad. Las consecuencias de la tragedia se suman a las brechas existentes en los sistemas de protección social y de salud, en donde la disponibilidad para la atención especializada se encuentra en los límites de cobertura y, en muchos casos, en situaciones de déficit que amplifican las listas de espera.
En materia de salud mental se estima en más de 14 mil los niños que hoy no cuentan con un cupo de atención psicológica o psiquiátrica. Otro grupo de niños, cerca de 25 mil, se encuentran en el sistema de protección Mejor Niñez, sin posibilidad de un tratamiento ambulatorio. En este contexto cobra especial relevancia el despliegue de dispositivos preventivos en materia de salud mental enfocado en niños y adolescentes afectados por la tragedia.
La ley de Garantías, promulgada en marzo de 2022, establece un sistema de protección integral a la niñez en que la prevención se organiza desde las “oficinas locales”. Este dispositivo, planificado para contar con 90 oficinas locales durante 2022, y para el cual se provisionó presupuesto regular, recién está transfiriendo recursos; hasta el momento hay solo 18 oficinas en funcionamiento. Precisamente hay recursos significativos para implementarlas en las regiones afectadas por los incendios. Entonces, urge acelerar los procesos de instalación, con un modelo de intervención y oferta preventiva de calidad y con evidencia, que permita focalizar —durante el primer trimestre— acciones que garanticen que los problemas de salud mental no se cronifiquen en niños y niñas afectadas.
Es importante conocer cómo las autoridades responsables del Sistema de Protección Integral están priorizando esta acción: cuáles son los planes de intervención, las brechas que hay que reducir y cómo se va a llevar a cabo, definiendo etapas, indicadores de gestión y resultados esperados. Y que la Subsecretaría de Infancia lidere y priorice las acciones que permitan no llegar tarde frente a las necesidades urgentes de la niñez en la zona, en especial aquella en mayor riesgo físico y mental, que además ha perdido su escuela, su entorno, algún miembro de la familia y que no pueden ser otro número invisible, como muchas veces en las políticas públicas.