En Chile, los objetivos de la transición energética y la necesidad de más proyectos de energías renovables y almacenamiento están plenamente justificados y suscitan el más amplio apoyo basados en la evidencia científica de la relación entre Gases de Efecto Invernadero y la combustión de fuentes fósi - les que debemos reemplazar.

Sin embargo, su aplicación práctica está encontrando retrasos de diversa índole, entre las que destacan las derivadas de su impacto territorial. Así, con preocupante frecuencia, la implantación de proyectos de energías renovables y su integración en la red -sobre todo, eólica, fotovoltaica y la transmisión que requieren - suscitan pugnas que retrasan o impiden su desarrollo. En ocasiones se expresan en términos políticos e ideológicos, conflictos que provienen de acrónimo inglés "NIMBY" que significa Not In My Back Yard (No en mi patio trase ro), es decir, el rechazo por parte de una comunidad a aceptar "cerca de casa" aquello que se estaría dispuesto a admitir en cualquier otro lugar. Sin embargo, a nuestro entender, las causas de la conflictividad en torno a la transición energética son mucho más complejas. Primero, hay una cuestión del alcance territorial que el proceso de transformación implica. Los proyectos renovables requieren su despliegue en amplias superficies de suelo.

Para nuestro país, ACERA A.G. ha estimado que para el reemplazo de la energía eléctrica que produce el carbón por fuentes enteramente renovables al 2030, será necesario desplegar proyectos de energías renovables no convencionales y de almacenamiento en un territorio equivalente a entre 100.000 a 230.000 hectáreas adicionales de suelo, es decir una superficie equivalente, aunque distribuida en el país, a 1,2 a 2,8 veces la ciudad de Santiago. El impacto territorial de dicha transformación no puede ser obviado y requiere de la acción y coordinación de entes del Estado y privados para determinar, conjuntamente, en qué territorios sí se podrán desarrollar, construir y operar proyectos de generación y almacenamiento, y la transmisión necesaria para transportar esa energía, y en qué territorios, no.

Así, la implantación de este conjunto de proyectos, deseable como es, no afectará a otro conjunto de bienes comunes, como el suelo fértil, la biodiversidad y el paisaje, que son también de importancia vital en el proceso global de transición ecológica en el que se inserta la transición energética. Aunque hay algunas posibilidades de avanzar hacia formas de producción energética y comercialización más distribuidas y plurales, estas iniciativas - a nivel residencial, comercial o industrial dentro de las ciudades - aún se encuentran con varias dificultades de aplicación e implementación a nivel de autorizaciones y procesos. Finalmente, incluso allí donde se está consiguiendo promo cionar medidas de fomento del autoconsumo, el desafío es hacer que tales medidas logren distribuirse de forma igualitaria entre la población, y no concentrarse exclusivamente en hogares acomodados, que cuentan con mayores recursos e información.

Por ello, se acentúa la importancia de contar con una transición energética ordenada, con el principio de equidad social y territorial, de forma de que la transformación del sector no sea un "potenciador" de desigualdades ya existentes. El rol del Estado adquiere una nueva relevancia, ya que sus organismos y autoridades deben mantener una coordinación enfocada en dicha transformación. Esta coordinación debería alojarse en una instancia mayor, una nueva institucionalidad, que le permita al Estado, a los Ministerios, Servicios, y Organismos de los Gobiernos Regionales y Municipios comunales, abordar las materias del territorio de forma conjunta y efectiva. Así, impulsar una ley que se haga cargo de este ordenamiento del territorio con enfoque en la transición energética y de la institucionalidad que lo soporte, es un tema que debemos abrir más que temprano para el éxito de los propósitos de la transformación más importante de nuestras estructuras de producción y consumo energético.