Intensas semanas de verano ha vivido la ministra del Interior, Carolina Tohá, principalmente debido a la crisis por los incendios que han afectado al país, sobre todo en el sur. Un tema que ha copado su agenda.

Por esto, para ella es casi un respiro que haya debido poner un breve alto a sus acciones por la emergencia para, el viernes, asistir al Congreso por la prórroga que se votaba para el estado de excepción de la macrozona sur (que fue aprobada).

Aunque claro, el tema de los incendios también la persiguió hasta Valparaíso, donde debió enfrentar las críticas de la oposición por las 'responsabilidades políticas' e incluso las responsabilidades de 'los conejos' en los incendios. Y aunque esto último la hace reír —'es una chacota'—, lo primero se lo toma muy en serio.

'No puedo descifrar qué piensa la oposición, pero cuando hay una emergencia de esta magnitud, hay una gran cantidad de esfuerzos que se despliegan para enfrentarla, y entre ellos hay esfuerzos políticos que deben ver con la coordinación y la responsabilidad final. Si alguien piensa que lo que correspondía a las autoridades políticas no se cumplió adecuadamente, puede llegar a esa evaluación. Pero ¿qué está pensando la oposición? Solo ellos pueden decirlo'.

—¿Estaba el Gobierno con la guardia alta y precavido para los incendios?

—Así es. La guardia se levantó hace meses porque existe conciencia de la gran vulnerabilidad que tiene Chile a los incendios forestales. Somos un país muy golpeado por el cambio climático y tenemos un territorio que no fue planificado con el foco de prevenirlos o controlarlos. Por eso se incorporó en el Presupuesto 2023 un aumento relevante de los recursos destinados a este tema, 22%, una cifra cinco veces superior al incremento general.

—Sin embargo, los primeros días de esta crisis hubo alcaldes, gobernadores, en algunas encuestas la gente se quejaba de tardanza. ¿Hay alguna autocrítica?

—Creo que cuando hay una emergencia de esta magnitud, todo el despliegue del Estado y sus capacidades incrementadas siempre parecen insuficientes cuando uno las percibe desde la experiencia de estar frente al fuego. Y siempre el Estado podría tener más herramientas, mejor legislación y más recursos. A pesar de que el despliegue que vi me parece que se hizo con toda la prontitud que se requiere y con todos los recursos disponibles, siempre la perspectiva de que tenemos que llegar antes y debemos hacerlo aun mejor no solo es entendible, sino que es válida.

'Algo que tenemos que aprender como país para enfrentar problemas complejos es entender que sus explicaciones son complejas, mutifactoriales. Cuando, en el mundo político, en lugar de enfrentar decididamente la complejidad de los problemas lo que se hace es que cada sector se abanderiza con un pedazo de la explicación y niega o descalifica el otro pedazo, el resultado es que se deviene en parálisis. Sin duda las formas en que las forestales están insertas en los territorios son problemáticas. Facilita la propagación de los incendios. Sin duda la intencionalidad es un problema, porque incluso en su versión más baja, 25%, es un factor muy grave. Y la negligencia y las conductas de riesgo son un problema gigantesco'.

—Ha dicho que saber el número de incendios intencionales es 'inútil' en el combate a los incendios. ¿No es un tema de seguridad pública para el Gobierno?

—Saber el número de incendios intencionales no es inútil. Jamás hemos dicho eso. Lo que es inútil es hacer polémicas entre actores políticos disputando cifras sobre el porcentaje de intencionalidad. Eso lo deben establecer organismos técnicos, especialistas en la materia. Desde los agentes políticos tenemos que concentrarnos en tomar buenas decisiones en base a la evidencia que tenemos, que nos dice categóricamente que los incendios son multicausales y que la intencionalidad es uno de los factores relevantes, entre otros.

—Pero ¿existen las herramientas para detectar la intencionalidad?

—Lo primero que hay que hacer es entender la intencionalidad bien. Hay que partir de un buen diagnóstico. Es probable que la intencionalidad se componga de varios elementos. Hay elementos que son agendas de grupos que buscan generar incendios con un argumento de tipo político, reivindicativo. Hay incendios intencionales que se basan en disputas vecinales, entre predios colindantes. O a veces hay algunos provocados por personas con patologías de salud mental.

—Pero es la detección lo difícil...

—Hay muchos factores, pero uno fundamental tiene que ver con el registro y el testimonio de quienes tienen elementos de información en estos casos. Como muchos de estos casos están ligados a conflictividad local, hay temor. Las personas tienen miedo a denunciar, a sacar fotografías, a prestar testimonio. La invitación que queremos hacer como Ejecutivo es a comunicar este temor, que es comprensible, pero hay que tener mucho miedo también a los incendios. Debemos buscar como sociedad buscarles apoyo a esas personas que denuncian y atestiguan, para que se atrevan a hacerlo y se sientan respaldadas.

—Debió salir a desautorizar la idea del ministro de Agricultura de un royalty a las empresas forestales. ¿Dañó eso la relación del Gobierno con el sector?

—Espero que la aclaración que hicimos como gobierno no haya dañado ni esa relación ni ninguna otra. Esto es un mensaje de tranquilidad para el país completo, de que el Gobierno es serio en su propuesta tributaria, la va a sostener y la va a llevar adelante. No es solo para llevar un testimonio, sino para lograr una reforma que se apruebe en el Parlamento. No es solo un eslogan.

—Lo que viene ahora es aún más complejo, el levantamiento, la reconstrucción, la coordinación de la ayuda. ¿Cómo se va a trabajar eso, que es más de largo plazo?

—No queremos que sea muy largo. Hemos tenido reconstrucciones extremadamente demorosas y vamos a buscar que esta no sea así. Por eso se recurrió a la coordinación de Paulina Saball, por la experiencia que tiene y por la validación que le dan los distintos actores, lo cual le va a permitir cumplir un rol articulador, que es lo más importante de la reconstrucción.

'Esta reconstrucción es muy especial porque es fundamentalmente en zonas rurales. En consecuencia, todo lo habitacional se mezcla con lo ambiental. No está separado. Y eso lo hace más complejo, pero a la vez es una oportunidad. Quisiéramos como gobierno que a través de esta reconstrucción encontráramos una ruta de cómo estos territorios pueden rehacerse mejor de cómo eran cuando les pilló el incendio'.

'No hay derecho a quebrar la relación con la oposición'

—¿Por qué insistir en una mesa de seguridad cuando desde la oposición ya han señalado que están dispuestos a aprobar en el Congreso los proyectos de ley en la materia?

—No queremos insistir en la mesa de seguridad porque ya cumplió su tarea, pero sí insistiremos en que exista un compromiso transversal con la agenda que surgió de ese trabajo, porque el país necesita que hagamos un esfuerzo extraordinario en seguridad, que concentremos energía en avanzar rápido en medidas contundentes en la materia. Eso no se logra tramitando esos 70 proyectos de ley con la lógica habitual del trabajo parlamentario. Se requiere unidad de propósitos, foco y prioridad, y ello no depende solo del oficialismo, sino también de la oposición.

—En ese compromiso transversal, ¿el oficialismo está alineado?

—Está bien alineado. Ahora, eso no quiere decir que no haya voces particulares que no tengan objeciones. Pero como fuerza política, se ha trabajado con todos ellos y no solo se han alineado, sino que activamente han contribuido a hacer esta agenda.

—El que se retirara la oposición de la mesa, ¿quebró la relación con ellos?

—Para nada. No hay derecho a quebrar la relación con la oposición, especialmente cuando no se tiene mayoría en el Congreso.

—¿Afectó mucho el anuncio de los indultos a su agenda de seguridad?

—Es un tema político de la oposición, interno. La definición que hicieron como partido fue que necesitaban paralizar este trabajo algunos días, porque el clima se había vuelto complejo para su sector, pero con el ánimo de retomarlo a fines de mes. Y después, cuando llegó el momento de retomar, varios de sus dirigentes tuvieron tensiones internas en los partidos.

—¿Qué se espera con el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte?

—Se espera una mayor efectividad del Estado en controlar la circulación a través de nuestras fronteras. Vamos a saber quiénes entran a Chile y vamos a ser más efectivos para controlar la trata de personas y el tráfico de armas y drogas. Lo haremos tomando todas las precauciones del caso porque sabemos que instalar militares en tareas de orden público no es algo banal. Tiene riesgos de los que somos conscientes y hemos tomado los resguardos para controlarlos.

—¿Pero qué pueden y no pueden hacer?

—La reforma constitucional es muy clara. La manera en la que las Fuerzas Armadas se despliegan ahora tiene como foco que hagan tres cosas. Controles de identidad, registro de equipaje y detenciones cuando corresponda. Y cuando la ejecuten, deben traspasar a las personas a las policías. Así se discutió. No es la idea que las FF.AA. estén instaladas en la frontera, disparándole a la gente que pasa a través de los límites.

—¿Y si tuvieran que disparar?

—Para eso existen las reglas de uso de la fuerza. Establecen en qué condiciones se puede llegar a esa situación. Son condiciones muy restrictivas. No es la idea resolver a disparos este problema. La idea es que los disparos sean un último recurso en casos muy extremos. Son las reglas que tenemos.

—Pero están en discusión...

—Se acordó en el Congreso hacer un debate para elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza y establecer algunos principios, estándares que tengan esa categoría. Tenemos el compromiso de presentar esa propuesta a fines de marzo. Ahí habrá espacio para discutir las RAF y ver qué cambios se hagan. Aunque cualquier cambio que se haga va a ser siempre considerando los compromisos de Chile en DD.HH.

'Está surgiendo un relato'

—Pronto se cumplirá el primer año del Gobierno. ¿Qué es lo que más ha costado? ¿Tiene este gobierno un relato?

—Lo que más ha costado es lo mismo que les costó a los dos gobiernos que nos antecedieron: adaptar el plan de gobierno a la realidad social cambiante y difícil de descifrar, con coaliciones políticas donde domina una fragmentación persistente. De alguna manera, este gobierno ha asumido antes que los otros dos las dificultades del camino y la necesidad de ajustar su promesa a la realidad. Llegamos al primer aniversario con esos costos ya pagados y ese aprendizaje dando sus primeros frutos.

'De ello está surgiendo un relato y es necesario hacerlo mucho más nítido. Este gobierno no va a reinventar Chile, pero bajo su gestión van a pasar cosas largamente esperadas y necesarias: tendremos un nuevo pacto fiscal y un nuevo sistema previsional, dejaremos una institucionalidad actualizada y robusta para enfrentar los desafíos de la seguridad, afirmaremos el proceso de descentralización, avanzaremos en reformas de salud que den mayor protección a todos los grupos, iniciaremos una nueva etapa de nuestro modelo de desarrollo transformándonos en un referente de la economía verde del litio y el hidrógeno verde, y tendremos al final del período una Constitución legitimada en democracia. No es poco y es totalmente posible'.

—Y en este segundo año, ¿qué ajustes haría?

—No hablaría de ajustes. Pero es el momento de actualizar la promesa de este gobierno ante el pueblo de Chile, y actualizar la alianza de gobierno que lo respalda. Se eligen los gobiernos con una idea y a poco a andar el país empieza a plantear otras cosas. Y los gobiernos deben incorporar ese clima en su plan.

—¿Qué viene para el segundo año? Se espera que las reformas previsionales y tributaria sean las claves. ¿Hasta qué punto depende de ellas el éxito de este gobierno?

—Creo que efectivamente esas reformas son fundamentales para el éxito del Gobierno, pero no solo para eso: son una prueba de fuego para el sistema político democrático. Si en este gobierno no logramos aprobar esas reformas, le habremos abierto las puertas de par en par a los populismos de derecha e izquierda, a los caudillismos y a los partidos de ocasión.

—¿Comenzará este año con un cambio de gabinete?

—No puedo contestar eso, porque no depende de mí, depende del Presidente.

'Se necesita que nuestra alianza se pare con convicción'

—¿Qué falta para que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático limen sus asperezas?

—Falta que ambas coaliciones terminen de asumir lo indispensable que es el otro para sus planes de futuro para Chile. Sin mayorías no se hacen reformas como las que queremos lograr, y sin diversidad no se construyen esas mayorías. Las coaliciones suelen dar noticias por los roces que ocasionan las declaraciones de uno u otro dirigente, pero a la hora de las cosas sustantivas, suelen ordenarse detrás del Gobierno. Ese orden va a ser reconocido cuando el ruido de esas disputas inconducentes sea superado por la voz colectiva de una alianza de gobierno que transmita seguridad de lo que está haciendo y ponga acento en el futuro que se está construyendo con su trabajo.

'Lo que se necesita es que la alianza se pare con convicción frente al país. Con convicción de lo que el Presidente Boric está haciendo y lo que va a hacer. Quizás algunos sienten, y hubiesen querido, que las circunstancias fueran distintas, que el plebiscito saliera de otra manera, que no enfrentáramos la inflación, tener mayoría en el Congreso. Nada de eso resultó así. Pero gobernar generalmente es así. Uno gobierna el país que tiene, no el que quiere tener'.

—¿No fue un golpe que el oficialismo se separara en dos listas?

—No fue fácil, porque fue un proceso que no estuvo exento de dificultades, tensiones y mal entendidos. Pero hay que remar el mar que nos toca. Será un mar de una lista y hay que remarlo bien. No hay derecho a amurrarse, no hay derecho a frustrarse. Hay que asumirlo y manejarlo con responsabilidad, porque estamos gobernando Chile. Desde mi perspectiva, lo que me importa es que estas decisiones que se tomaron no dificulten ese camino de una alianza de gobierno funcional ni tampoco el de un socialismo democrático cohesionado. Me la pusieron cuesta arriba...

—Para la campaña del plebiscito anterior, el Gobierno tomó una opción clara. En este proceso constituyente, ¿desde dónde mirará el Gobierno?

—El Gobierno tiene la convicción de que este proceso es vital para Chile, pero ¿qué es lo que puede hacer el Gobierno? Hacer que el proceso funcione, fortalecer las instituciones que lo tienen a su cargo, darle garantías a la ciudadanía, asegurarse de que el clima del debate sea propicio. Y eso pasa porque el Gobierno no intervenga mayormente en el proceso, sino que sea garante de que este funcione de buena manera. La mejor manera de ayudar es mantenerse EN un rol más externo, pero generando condiciones para que sea fructífero.

'No hay planes de cerrar Punta Peuco'

—¿Cuál debe ser el rol del Gobierno de cara a los 50 años del golpe?

—Las amenazas actuales a la democracia son distintas a las de 50 años atrás, pero las recetas para enfrentarlas no son tan distintas: construir mayorías sólidas, cuidar las instituciones, cuidar la democracia y darles la capacidad para mejorar la vida a las personas. Los 50 años deben ser una oportunidad para reafirmar lo que aprendimos y lo que no vamos a repetir. El valor de la democracia y de los derechos humanos debe internalizarse más allá de las fronteras que nos dividieron en esa fecha como un patrimonio que una a todo Chile y le dé una identidad permanente.

'En lo personal, este aniversario me pilla impresionada por las vueltas que tiene la vida porque estoy ejerciendo el cargo que tuvo mi papá poco antes del golpe, y sintiendo todos los días la deuda que tenemos con esclarecer plenamente su muerte'.

—¿Se cerrará Punta Peuco?

—No hay planes en este ámbito, y las prioridades en materia carcelaria están puestas en otros ámbitos.