El enorme drama humano producto de los incendios de esta temporada, mayoritariamente intencionales, no puede dejarnos indiferentes. El Estado debe investigar estos actos y procesar a los responsables, reconstruir las zonas afectadas y dar apoyo integral a las víctimas, a quienes acompañamos en su dolor. En esta tarea la participación solidaria de personas y organizaciones en las catástrofes, debe ser aplaudida y fomentada.

Este tema es relevante en la discusión constitucional: no es indiferente qué visión se consagre del rol de la sociedad civil en el bien común. Si el texto constitucional rechazado el año pasado lo limitaba, la futura carta debería fomentar las acciones de solidaridad de los privados, aplicando el principio de subsidiaridad. Esto permite complementar y no sustituir la participación del Estado, promoviendo una sociedad civil, al servicio del bien común y de la dignidad de la persona.