Pais: Chile |
Fecha: 2023-03-14 |
Tipo: Prensa Escrita |
Página(s): 7 |
Sección: Opinión |
Centimetraje: 16x11 |
Las comunicaciones son una arista fundamental en las discusiones constitucionales, ya que son vitales para la construcción de su legitimidad social. Por tanto, equipar con un plan robusto cuanto antes a este nuevo proceso permitirá fortalecer dos áreas centrales para la viabilidad de la nueva Carta Magna.
Primero, la oportuna entrega de información favorecerá la efectividad del interés y la colaboración ciudadana. Ellos están diseñados para incorporar la voz de la gente en el futuro Consejo Constitucional, pero establecen distintos requisitos y plazos de participación. Por ejemplo, las iniciativas populares de norma y los diálogos ciudadanos deberán hacer referencia al contenido del anteproyecto del Comité Experto, haciendo necesario socializar masivamente el texto una vez terminado.
Asimismo, la implementación de estos mecanismos ocurrirá en fechas diferentes. Por ello, antes de la conformación del Consejo, los ciudadanos deberán contar con el material necesario para organizar oportunamente la articulación, preparación y presentación de sus propuestas.
Segundo, un plan de comunicación es prioridad para dotar a los consejeros de una voz institucional. La pasada Convención no logró definir esto en tiempo y forma, quedando su mensaje dominado por las vocerías individuales, tanto de la directiva como de los convencionales. Esto, sin duda favoreció la divulgación de conflictos internos por sobre una pedagogía sobre el trabajo propio de la convención, como el avance en el cronograma o la distinción entre normas presentadas y aprobadas.
Dados los desafíos futuros y las lecciones del proceso anterior, es de esperar que el gobierno aporte con los recursos suficientes -profesionales y financieros- para crear una orgánica comunicacional, que cuente con una adecuada estrategia y que esté en condiciones de operar antes del comienzo del Consejo Constitucional. El margen de error para este nuevo proceso es escaso y, por tanto, demanda una adecuada difusión, que facilite la información y participación de la ciudadanía.
Rodolfo López, académico del COES