Un tema transversal a los debates constitucionales de los últimos años es la necesidad de contar con un nivel mayor de descentralización y autonomía en los distintos niveles de gobierno subnacional. La búsqueda por mayor descentralización se remonta a los inicios de nuestra historia como república, atribuyéndole a esta principalmente dos beneficios: por un lado, mejorar la asignación de los recursos públicos; y, por el otro, generar mayor supervisión y control de las autoridades por parte de la ciudadanía. En palabras simples, y como pudimos desprender de los diálogos realizados por Tenemos que Hablar de Chile, la ciudadanía espera que el Estado sea eficiente y pueda responder a sus necesidades. Por ejemplo, una persona que necesita un oncólogo no quiere ir a Santiago para atenderse. Algo tan básico como una atención médica es parte del proceso de descentralización.
Las autoridades han sido activas en hacer eco de estas demandas: las leyes 21.073, que permitió la elección de los gobernadores regionales, y 21.074, que traspasa competencias hacia el nivel subnacional, son una muestra de aquello. Pero falta mucho por avanzar. El actual proceso constitucional es una oportunidad -que no podemos dejar pasar- para sentar las bases de una organización clara y coherente del Estado, que fortalezca el rol de las regiones y de los gobiernos locales.
Junto a un grupo de académicos y expertos elaboramos una propuesta, que hicimos llegar al Comité de Expertos, en la que sugerimos que el articulado defina al Estado de Chile como “unitario y descentralizado”. Esto es, que un solo nivel de gobierno -el central- tiene el monopolio de la actividad legislativa, pero que al mismo tiempo transitamos paulatina y decididamente hacia un Estado cada vez más descentralizado.
Asimismo, buscando poner el acento en el plano local, recomendamos consagrar el principio de subsidiariedad o priorización territorial: solo aquellas funciones públicas que no pueden ser asumidas adecuadamente por el nivel local o regional deben recaer en la competencia del gobierno central. Respecto a la descentralización fiscal, sugerimos establecer un desarrollo territorial armónico y equitativo, que cuente con fondos de compensación interterritorial, con el objetivo de no aumentar aún más las brechas económicas entre regiones y comunas.
Si bien las reformas de los últimos años han dado pasos en la dirección correcta, el proceso de descentralización ha dejado aspectos inciertos y pendientes. Es deseable seguir avanzando en este camino, pero el recorrido debe desarrollarse con cautela. Algunos de los desafíos importantes radican en la necesidad de otorgar real autonomía fiscal a los gobiernos subnacionales sin poner en riesgo el equilibrio fiscal nacional, y dotar de atribuciones y recursos apropiados a las municipalidades.