Académicos y expertos resaltaron que el plan del Gobierno podría ayudar a desarrollar el potencial de la industria del litio en el país, pero advirtieron que debieran existir mayores definiciones sobre el rol que jugará el Estado en el proceso.

Esta es la mayor preocupación en torno a una noticia que ayer hizo ruido a nivel de la prensa extranjera, en donde, por ejemplo, el Financial Times tituló: 'Presidente de Chile revela plan para nacionalizar oferta del litio'.

En un comienzo, el plan contempla que se otorgarán contratos de exploración y explotación a Enami y Codelco —firmas estatales que tienen giro minero— en aquellos salares donde existen proyectos en distintas etapas de desarrollo, mientras que para otros salares se iniciará un proceso público de licitación a privados de contratos de exploración.

Rony Zimerman, abogado especializado en minería, señaló a Wall Street Journal que la propuesta de litio de Boric podría seguir siendo 'atractiva para los inversores extranjeros' que buscan explotar los yacimientos chilenos. Al mismo medio, Juan Ignacio Guzmán, experto en minería de la UC, indicó que la gente, en general, 'no quiere que el Estado esté a cargo de los negocios en Chile, sino que administre eficazmente la riqueza creada por las firmas privadas'.

'Esta estrategia da la partida para el inicio de negociaciones en muchos niveles entre las dos empresas del Estado (Codelco y Enami) con una multiplicidad de proyectos que están en proceso. Le da a Codelco el poder de negociar y explorar con SQM. Resulta que si los privados consideran que el 51% de la propiedad que tendrá el Estado no cuadra con las posibilidades de inversión, esos negocios no se van a desarrollar mientras el Estado no ceda en esas condiciones', dijo Gustavo Lagos, académico de la UC. 'Miro todo esto en una perspectiva flexible en que en algunos casos no necesariamente el Estado deba tener el control, porque si el Gobierno se empecina en esa posición, no habrá negocio y eso es malo para el país. Lo bueno sería llegar a un acuerdo en que se maximice el negocio y el valor para Chile y no para la propiedad del Estado', señaló.

Igualmente, Lagos advirtió que en aquellos aspectos que se deben someter a tramitación en el Congreso, como la creación de la empresa nacional del litio, el Gobierno deberá 'negociar y adaptarse en su política para que haya desarrollo del litio'.

Pero el papel que jugaría el control estatal en las asociaciones con empresas privadas podría ser una piedra de tope.

'Debemos tener claro que es clave que la política genere el incentivo y la certeza jurídica necesaria para que los actores que van a estar interesados en invertir y colocar los recursos lo hagan en las condiciones que pondrá el Gobierno en estas asociaciones que serán lideradas, en una primera etapa, por Codelco', afirmó Santiago González, exministro de Minería y rector de la Universidad Central.

'Las condiciones de asociatividad con la empresa nacional del litio podrían ser un obstáculo, todo depende del pacto de accionistas', manifestó Marcos Singer, director del MBA UC.

Para Alicia Domínguez, socia líder en Energía y Minería de EY, el control estatal en estas operaciones podría ser perjudicial para la industria.

'Es una mala noticia que se haya restringido tanto el posible rol de los privados en las nuevas inversiones. Los privados pueden controlar la inversión y pagar al Estado lo que corresponda en impuestos. No es necesario que el Estado sea dueño y controlador de la operación para lograr los objetivos de desarrollar una minería del litio sustentable', dijo. 'Cuesta imaginar cómo se podrán implementar proyectos de exploración y explotación si el Estado —sin proveer recursos— pretende controlar los proyectos. No se visualiza que haya suficiente estímulo para que los privados arriesguen sin tener suficiente injerencia en la toma de decisiones', recalcó.

Otro elemento que debería ser materia de discusión es el aspecto tributario. 'Existe una falta de certidumbre respecto de si la extracción del mineral debiera pagar impuesto específico a la minería (royalty)', aseguró Loreto Pelegrí, socia de impuestos en PwC. 'Es indispensable que el Gobierno introduzca una indicación en el proyecto de royalty minero, estableciendo que las empresas que explotan el litio no están sujetas al royalty minero, sea que se trate de una concesión administrativa, contrato de arrendamiento o contrato especial de operación de litio, sin perjuicio de la compensación que le corresponde al Estado de acuerdo a la modalidad que se acuerde', añadió.

A su vez, ayer un conocido consultor de esta industria, Chris Berry, presidente de House Mountain Partners, dijo a La Segunda que 'si el Estado chileno se extralimita, existe el riesgo de que el capital extranjero se traslade a otras jurisdicciones'.

El papel que jugaría el control estatal en las asociaciones con empresas privadas podría ser una piedra de tope.