La problemática de los taxis piratas en el aeropuerto de Santiago se instaló hace décadas, y pese a que las distintas administraciones han anunciado medidas para contener su proliferación, el problema no ha sido resuelto. Cada cierto tiempo aparecen denuncias de personas a quienes estos conductores les han cobrado altas sumas de dinero por viajes o los han puesto en situaciones de peligro.

Por ejemplo, la usuaria Magali comenta que se enfrentó a una situación así cuando llegó de Valdivia: 'Yo vivo en Vitacura, la verdad es que nunca debo tomar auto, pero esta vez fue casualidad. Estaba pidiendo un DiDi cuando un hombre con cartel me ofrece taxi, me dijo que me cobraba 40 luquitas. Yo pensé ‘es lejos', debe salir más o menos eso, la verdad es que lo tomé nomás y ni consulté qué servicio era', y cuenta que después se dio cuenta de que 'me estafó con casi el doble'.

Este año, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dice que con el plan Calles Protegidas, que busca fiscalizar el transporte informal, 'hasta abril hicimos 4.416 controles —solo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez—, con 1.479 infracciones y 816 retiros de circulación. Esto es un 72% más de fiscalizaciones en comparación con el mismo período de 2022 y vamos a seguir con esta tarea para darle mayor seguridad a los pasajeros y turistas'.

Por su parte, la concesionaria Nuevo Pudahuel admite que es un problema complejo que involucra a distintos actores.

'Nos corresponde desplegar toda la información a los pasajeros, tanto en señaléticas, como en soportes gráficos, audiovisuales y mensajería en altavoz, con el objetivo de advertir sobre los riesgos de estafas y seguridad que implica el transporte ilegal y, a la vez, difundir las diversas opciones de transporte oficial con que cuenta el aeropuerto', dice la empresa.

Añade que también se está 'modificando la zona de llegada internacional con una nueva puerta, para generar un flujo que conducirá directamente a los pasajeros a la zona de transporte legal, para fomentar su conocimiento y contratación', y que con guardias de seguridad y cámaras se realizan 'acciones disuasivas permanentes en contra de los captadores de pasajeros y los transportistas ilegales'.

Según Helen Kouyoumdjian, presidenta ejecutiva de Fedetur, 'es importante seguir trabajando en su erradicación, porque les hacen un enorme daño al turismo y a la imagen de Chile'.

Cristián Bowen, subsecretario de Transportes en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, afirma que 'es bueno decir que no se ha descontrolado cada vez más, como podría haber pasado si nadie hiciera nada', y que 'el problema va a seguir persistiendo mientras no haya fiscalización sostenida y no haya consenso de parte de los usuarios de que se están poniendo en riesgo ellos al momento de tomar esos taxis piratas'.

Mientras que el exjefe de gabinete de la exministra Gloria Hutt, Juan Carlos González, dice que 'si bien hay operativos esporádicos y aleatorios', no hay un 'sistema que sea más permanente, sobre todo en el nivel del sector nacional. Ahí hay bastante poco control', critica, y menciona distintas posibles soluciones, entre ellas, que 'una vez que salga el reglamento de las plataformas de transporte de pasajeros, se podrá disponer un sector en el aeropuerto donde el usuario pueda tomar ese tipo de vehículos' y evitar estafas.

Por su parte, el exsubsecretario de la actual administración Cristóbal Pineda comenta que si bien 'es un problema bien nacional', la ley de empresas de aplicaciones de transportes 'va a venir a regularizar esto. Hay que tener un poco de paciencia porque todavía faltan algunos reglamentos, que tienen que ir también a consulta pública, pero creo que gran parte de este problema de transporte informal se va a solucionar con esa ley'.