Llama la atención los comentarios negativos y prejuiciosos que se generaron en redes sociales cuando un consejero electo para redactar la nueva Constitución señaló que Jesucristo es su modelo a seguir. Si realmente queremos que nuestra próxima Constitución incluya a todos, es relevante detenerse en este punto: la libertad de pensamiento, conciencia y religión es uno de los derechos humanos consagrados por Naciones Unidas, y debe quedar garantizado y protegido en una Constitución democrática como la que pretendemos.

Es uno de los fundamentos de las sociedades libres, plurales, inclusivas y no discriminatorias. A diferencia del estado laicista -que excluye a la religiosidad y el fenómeno religioso del espacio público-, el Estado laico es aconfesional, con separación Iglesia-Estado, y reconoce que los seres humanos tienen una dimensión religiosa, por consiguiente, valora el fenómeno religioso sin inclinarse por ninguno en particular. El Estado laico protege el derecho a creer y a no creer, entre otros aspectos.

En Chile, según la Encuesta Bicentenario 2022, el 73% de los encuestados manifestó creer en Dios sin dudas y 11% señaló no creer. En un Estado laico ambos grupos pueden y deben coexistir y, como señala la ya citada Declaración de Derechos Humanos de la ONU en su artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones". Durante este proceso, que en este tema prime el diálogo y no el prejuicio para conversar un derecho humano que nos hace más dignos como persona.

Magdalena Lira, vocera de Voces Católicas