En seis meses como presidente de Acera, gremio que reúne a las empresas de generación renovable, Jaime Toledo ha tenido que enfrentar el delicado momento por el que pasa el sector, que ha significado la salida del mercado de al menos tres empresas y que, según el líder gremial, podría tener en riesgo al menos a una decena.
Y es que el crecimiento acelerado de la producción de energías verdes no ha estado acompañado del desarrollo de infraestructura suficiente para su transporte, provocando fenómenos como el vertimiento de la energía o los desacoples.
“Necesitamos una solución de corto plazo que nos permita ponerle alguna señal de precio a la energía renovable que producimos. Porque cualquier empresa o cualquier emprendimiento al cual se le paga cero por el producto que produce, inevitablemente, va a estar en dificultades”, asegura Toledo.
—¿Qué cosas fueron las que fallaron y que llevaron al sector a tener que enfrentar esta realidad?
“Evidentemente, todos podrían haber hecho las cosas mejor, pero aquí pasaron varias cosas y varias situaciones que han estresado y han puesto dificultades en los ingresos, sobre todo de las renovables. En primer lugar, cuando hubo una primera oleada de proyectos renovables, que fueron los que entraron en las licitaciones de 2015, 2016 y 2017, siempre sustentaron sus inversiones, y que son los que tienen dificultades ahora, en que se iba a publicar una ley de transmisión, y se publicó, en la que está plasmado que se iba a expandir la transmisión con holgura, lo que lamentablemente no se cumplió”.
“Después ocurrieron cosas que empezaron a afectar los ingresos también, por ejemplo, las leyes de congelamiento tarifario, los famosos PEC. Era imprevisible para una empresa que tomó decisiones de inversión en el año 2016 que no se iba a hacer la transmisión; dada la estabilidad regulatoria que históricamente ha mostrado el Estado de Chile, era impensable que se emitiera una ley de transmisión y no se cumpliera”.
“Tampoco pensábamos que íbamos a tener un estallido social, ni que iba a haber pandemia, ni que se iban a congelar las tarifas por tres años. Y adicionalmente, súmale a eso que vino una segunda oleada de proyectos que tampoco se habían pensado en ese momento en 2015 y 2016; sale el plan de descarbonización acelerado, que hace que las empresas generadoras convencionales empiezan a sustituir muy rápidamente la energía de carbón que fueron desconectando de la red por proyectos renovables”.
—¿Qué le parecen las medidas anunciadas por el Gobierno para abordar “el segundo tiempo” de las energías renovables?
“Creemos que las renovables hemos tenido un muy, muy buen primer tiempo, donde hemos avanzado, alcanzado el 38% de la penetración en la matriz de producción eléctrica. Hemos contribuido a descarbonizar la red, a reducir el uso de combustibles fósiles y a estabilizar las cuentas. Pero para llegar a jugar el segundo tiempo necesitamos hacer cambios regulatorios de manera urgente. Creo que por lo menos las señales regulatorias que hemos visto o las intenciones de los proyectos de ley que quiere desarrollar el Ejecutivo van encaminadas en buena línea, están pensadas en lo que se necesita, pero están muy enfocadas en el mediano y largo plazo”.
—¿Cuáles son los riesgos que ven para las empresas del sector?
“Efectivamente, los proyectos van a seguir operando, pero claro, a nosotros nos gustaría, como asociación y también como país, que ojalá exista el mayor número de competidores posible, porque eso también a la larga tiene el beneficio de que la mayor competitividad hace que las tarifas eléctricas vayan bajando. Siempre existe el riesgo de que cuando una empresa entra en una situación económica delicada, a veces para evitar pérdidas, o los financistas de estos proyectos estén complicados, una opción es que sean adquiridos por otro que tenga más espalda financiera. A nosotros nos preocupa eso, porque la competencia ha sido el motor del desarrollo acelerado de la transición energética”.
—¿Qué se puede hacer frente a los altos niveles de vertimiento de energía?
“La forma de solucionar estructuralmente el vertimiento es con mucha más transmisión y, adicionalmente, con mucho almacenamiento. Sin embargo, las líneas de transmisión se tardan, y los sistemas de almacenamiento, aunque nosotros quisiésemos que entraran más rápido, los tiempos de instalación, los permisos y costos de inversión hacen que sea bastante complicado alcanzar la rentabilidad de los proyectos”.
—¿Van en línea correcta los incentivos al almacenamiento anunciados en las licitaciones de clientes regulados?
“Los cambios muestran que las licitaciones anteriores quizás también podrían haber tenido ajustes de similar naturaleza; entendiendo ahora que la transmisión no llegó, que no se cumplió con la ley, uno podría entender que los ajustes que hoy están en estas bases también los podríamos aplicar a los contratos antiguos, ese es un tema que tiene que definir el ministerio, podría ser una opción para solucionar el problema de corto plazo. Entendiendo las distorsiones que produce la falta de transmisión, bueno, esto también podría ser una buena herramienta. La pregunta es ¿por qué las bases antiguas no lo hicieron? En estos nuevos mecanismos, el regulador se da cuenta de que efectivamente la falta de transmisión genera un impacto en las cuentas de resultados de los agentes que participan de estas licitaciones”.