Los consejeros del oficialismo están preocupados por la participación ciudadana. El tema está instalado hace varias semanas en la bancada de 16 consejeros del PS, CS, RD y PC. Y adquiere especial fuerza debido a que el sector es minoría en el Consejo Constitucional.

El oficialismo solo controla 16 escaños de 50, por lo tanto, ellos mismos dicen que es "una realidad" que no tendrán los votos para conseguir que los temas que les interesen lleguen a la propuesta final. Por eso mismo, en una reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada, el tema principal que debatieron como sector fue qué estrategia tomar ante los mecanismos de participación ciudadana que ya están activos y que son coordinados por la Universidad Católica y la Universidad de Chile.

En esa reunión, los consejeros determinaron que el trabajo debe ser coordinado y "unir esfuerzos más que dividir". Esto, dicen, se traduce en activar a las organizaciones sociales para hacer que los temas confluyan. El asunto apunta directamente a las iniciativas populares de norma.

Esta parte del proceso está activa desde el 7 de junio. Y, hasta el 18 de junio, las personas pueden enviar sus iniciativas a través de la plataforma online dispuesta por la secretaría de participación ciudadana. El diseño contempla que inmediatamente después se inicie el proceso de evaluación de admisibilidad.

Luego, el 21 de junio, se publicarán todas las iniciativas declaradas admisibles para iniciar el proceso de recolección de firmas de apoyo. Las medidas necesitan alcanzar 10 mil firmas, de al menos cuatro regiones, al 5 de julio.

Por eso, la izquierda quiere sacar provecho de esta oportunidad. "Lo que tenemos que hacer es permeabilizar el Consejo. Eso significa tomar la lección del proceso pasado, impulsar iniciativas populares de normas con mayor coordinación sin tanta disgregación de los patrocinios, es decir, coordinarnos con lo que vamos a empujar cada uno, por regiones, hacer un trabajo de coordinación nacional con las diferentes organizaciones sociales, partidos y todos aquellos que quieran transformaciones sociales que la gente está pidiendo" explicó el consejero Fernando Viveros (PC).

Esa estrategia es compartida en todo el oficialismo y, por lo mismo, ya están activando las primeras coordinaciones para iniciativas que son importantes para los partidos de gobierno, como por ejemplo los temas de agua, pueblos indígenas, derecho al cuidado, aborto, los temas feministas, derechos humanos y las normas sobre niños, niñas y adolescentes, entre otros.

El delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, confirmó la importancia que tiene la participación para el proceso. "Incorporar la mirada de nuestro pueblo a este proceso enriquece y nutre de buena sabia nuestra participación en este Consejo porque asegura estas miradas diversas que caracterizan a este país", afirmó durante el pleno de ayer lunes.

Lo mismo hizo la delegada de la bancada CS-PC, María Pardo. "Me gustaría instar a las organizaciones sociales a entrar al diálogo en este proceso, necesitamos una Constitución que sea de todos y en particular, me parece a mí, que sea también de todas", dijo la representante de Valparaíso.

La participación ciudadana, además adquiere una relevancia especial, ya que para algunos consejeros es la herramienta que tienen para encantar a las personas con el proceso. Sobre todo en un contexto en que la opinión pública tiene una mala evaluación y, además, crece la cantidad de personas que quiere votar en contra de la propuesta final. Por ejemplo, en la última encuesta Cadem la intención de votar en contra de la nueva Constitución llegó al 51%, alcanzando su máximo nivel de rechazo.

Sin embargo, el sector sabe que las iniciativas populares no son garantía de nada. El ejemplo más directo es lo que pasó en la Convención. Esa vez, una de las iniciativas populares que tuvo mayor respaldo fue una impulsada por el movimiento "Con mi plata no", que alcanzó a tener casi 61 mil firmas. Esa propuesta pretendía resguardar la propiedad sobre los fondos previsionales. Pese a ser la más popular, fue rechazada en comisión y en el pleno.

Incidir a través de las iniciativas ciudadanas es otra forma en que los partidos de gobierno buscan "sobrevivir" en el Consejo Constitucional. En paralelo, el oficialismo ha sostenido reuniones para ver de qué forma incidir en el debate teniendo en cuenta que son minoría. Por esta misma razón, la alianza de gobierno propuso la semana pasada realizar un encuentro que reúna a los timoneles de los partidos, los consejeros y también a los integrantes de la Comisión Experta del oficialismo. Preliminarmente, esta cita se llevaría a cabo este viernes.

La solicitud de Antileo

El escaño indígena, Alihuén Antileo (Mapuche), ingresó una solicitud formal a la mesa directiva del Consejo para solicitar un proceso de consulta indígena. "Durante este proceso de elaboración de un conjunto de normas de rango constitucional y que afectarán al conjunto de la ciudadanía, existen ciertas materias que vendrán a regular aspectos importantes en la vida y desarrollo de los pueblos indígenas. Por esta razón, y en atención al criterio de participación y consulta que establece la normativa existente, cada vez que se adopten medidas administrativas o legislativas que afecten directamente a los pueblos indígenas, es que resulta obligatoria la realización de un procedimiento de consulta", se lee en el documento.

Antileo lo pidió específicamente para los artículos del anteproyecto que abordan materias vinculadas a los pueblos originarios. Se trata de dos normas. Una - el artículo 7-, que es donde se entrega reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y a sus derechos individuales y colectivos. El otro es el artículo 53, que es un principio para promover la participación de los pueblos originarios en el Congreso.

La petición solicita que el documento se remita al Ministerio de Desarrollo Social que es el encargado de los temas indígenas. Esta no es la primera vez que el tema se plantea en el proceso. Previamente ya lo habían hecho los comisionados oficialistas, pero el asunto nunca se gestionó ni tampoco prosperó.

De hecho, cuando la exministra de la Segpres Ana Lya Uriarte fue a exponer ante la Comisión Experta, el comisionado Alexis Cortés (PC) se lo preguntó directamente. Sus palabras apuntaron a saber si el gobierno tenía contemplado recursos para realizar consulta indígena, pero la exministra, al momento de responder, no abordó la materia.

Más plazo

En la reunión de delegados de este lunes, los consejeros plantearon la necesidad de modificar los plazos de la participación ciudadana, los cuales están regulados en el reglamento del proceso constitucional.

Esto, debido a que, por ejemplo, el plazo para inscribir audiencias públicas termina el miércoles y el período para presentar iniciativas populares de norma vence este domingo. Para algunos consejeros no tenía sentido que recién este lunes la Secretaría de Participación hubiera informado sobre el proceso ante el pleno, y que en un par de días los plazos vencieran.

Por lo mismo, se convocó a un pleno extraordinario para debatir sobre esta modificación. Así, de existir acuerdo, la alternativa que barajan los consejeros es tramitar una reforma breve en la comisión bicameral del Congreso que redactó el reglamento.