Leyendo un texto que tenía apuntado en su celular, la consejera republicana Carmen Montoya reavivó ayer un debate que marcó parte de la discusión de la etapa previa del proceso constitucional, en la Comisión Experta, unos meses atrás.
Durante una nueva sesión de la comisión de Principios del Consejo Constitucional, la constituyente —en el marco de la primera ronda de preguntas entre consejeros y expertos— consultó a los asistentes cuál extensión se consideró para la consagración del Estado social y democrático de derecho en el anteproyecto de Carta Magna y si este es compatible con el Estado subsidiario.
Se trata de una materia que entre los bloques ha causado una especial discusión, dado que la derecha ha defendido que el principio subsidiario puede convivir con el Estado social incluido en el primer artículo del borrador y parte de las bases constitucionales establecidas para este proceso.
El experto de la tienda republicana, Carlos Frontaura, fue uno de los primeros en intervenir en la cita, manifestando al respecto que el Estado social “no puede sino entenderse a la luz del principio de subsidiariedad. Si no hay subsidiariedad, no podríamos hablar de un Estado social. Incluso Alemania e Italia, precursores de esto pos Segunda Guerra, estructuran o construyen su Estado social a partir del reconocimiento de la subsidiariedad territorial como de las organizaciones que las personas construyen”.
Luego, en la misma sesión, la consejera RN Ivonne Mangelsdorff, consultó a los expertos: “¿Esto fue una decisión transversalmente ideológica o parte de una negociación? Porque si fue esto último, ¿cuál fue la base de esa negociación para excluir la subsidiariedad? Y si no fue parte de una negociación su exclusión, ¿no habría problema en dejarla explícitamente señalada en la redacción de esta Constitución?”. Aquello fue respondido por el propio Frontaura: “Desde la perspectiva doctrinaria y práctica, los profesores que vinieron a exponer sobre el Estado social plantearon que tal Estado no existe sin subsidiaridad porque dejaría de ser subsidiario: tendríamos Estado e individuos. No se consagró explícitamente la subsidiariedad, no fue parte de ninguna negociación en específico, fue parte quizá del desarrollo de cómo se presentaron las cosas”, dijo.
Asimismo, remarcó que “hoy tampoco aparece ese principio en la Constitución vigente, sino que se desprende de la autonomía de las asociaciones que libremente forman las personas. La verdad es que no hubo una conversación específica para incluirlo, porque no nos pareció necesario como tal”.
Con todo, Mangelsforff insistió más tarde en un punto de prensa respecto de que sí ve necesario consagrar el principio de subsidiariedad de manera expresa en el proyecto de Constitución. “Así como hay una declaración expresa en el primer artículo de que se reconoce el Estado social y democrático de derecho, también es necesario que la subsidiariedad no solo se entienda implícitamente, sino que también se diga expresamente, porque entendemos que el Estado debe ser el garante de la sociedad civil y que solamente el Estado actúa cuando la sociedad civil no se coloca de acuerdo”. Al mismo tiempo, aseguró que esto no iría en contra de las bases institucionales establecidas, porque “subsidiariedad se debería entender como un concepto que confluya” con el Estado social.
Desde el Partido Republicano, en tanto, consultado el consejero Antonio Barchiesi, dijo coincidir con la “aspiración de alcanzar un proyecto que le haga sentido al país en cuanto a tener un Estado que respeta la libertad. Un Estado que no es subsidiario no puede ser social. La subsidiariedad va de la mano con el Estado social”. Y añadió que, a pesar de que este principio no está expreso en la Constitución vigente, “está contenido en una serie de disposiciones en su espíritu. Tenemos que avanzar en esa línea y seguir afinando la propuesta en esa dirección”, dando cuenta de que además se reunirá próximamente con la consejera Mangelsdorff.
En el oficialismo, en cambio, fueron críticos con la posición planteada por la derecha. El consejero Fernando Viveros (PC) aludió a la posibilidad de recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad en caso de que se apruebe una norma en tal sentido. “Debemos respetar el borde de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, avanzar en forma explícita hacia que también es un Estado subsidiario sin duda relativiza estos bordes y le quita la importancia a que el Estado asegure derechos sociales. Si la derecha intenta avanzar en eso, nos obliga a avanzar hacia el Comité Técnico de Admisibilidad”, dijo. Su posición fue compartida por el consejero Yerko Ljubetic (CS), que aseguró que “evaluaríamos todas las alternativas que tenemos frente a una definición como esa, que nos parece que desnaturaliza un avance central que ha habido en la Comisión Experta, como es el concepto del Estado social”.
Mesa se reúne con Boric
En tanto, ayer la mesa del Consejo, liderada por Beatriz Hevia y Aldo Valle, se reunió con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda. Allí, según transmitieron desde la directiva, se le pidió al mandatario colaboración con el impulso de los mecanismos de participación ciudadana, que están vigentes hasta los primeros días de julio. Sobre el encuentro, la presidenta Hevia sostuvo que “para nosotros era importante tener esta reunión protocolar, como un signo de importancia a las tradiciones institucionales, una señal también hacia el país de que juntos estamos trabajando un proyecto hacia adelante donde las autoridades podemos trabajar en coordinación y que también sea en el marco de las reuniones que sostendremos con los otros poderes del Estado en los próximos días”.
ARTÍCULO 1°
“Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho”, dice el inciso 2 de esa norma.