Señor Director:
En Chile hay más de 30 mil fundaciones, corporaciones y asociaciones que día a día desarrollan una importante labor de bien público. De acuerdo con nuestra publicación “Comprometidos con Chile” (2018), estas organizaciones identifican problemáticas que no han sido abordadas por las políticas públicas, se enfocan en grupos de alta vulnerabilidad, complementan la acción del Estado y son innovadoras. Según otro estudio nuestro, llamado “Sociedad en acción”, en promedio en Chile estas organizaciones obtienen un 41% de su financiamiento desde fuentes estatales, versus otras fuentes, como ingresos propios o donaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil no solo complementan la labor del Estado, sino que además movilizan más recursos de los que el propio sector público tiene capacidad de disponer para causas y preocupaciones de interés públicos.
Nada de lo anterior justifica el mal uso o la discrecionalidad en la entrega de recursos transferidos por el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil, al igual que las empresas y todos los poderes del Estado, deben estar sujetas a un constante escrutinio público. Desde 2020 hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Justicia, Registro Civil y Contraloría, para mejorar los sistemas de registro de organizaciones y portales de receptores. Hay más de 20 de estos, pero ninguno interopera, exigen información duplicada, poco útil y no son un aporte a la transparencia.
Las lamentables noticias que se conocen en estos días respecto de una fundación receptora de fondos públicos deben hacernos mirar hacia adelante, para profundizar la colaboración público-privada en un marco de transparencia y real ánimo de colaboración.