El día lunes 29 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que incrementa el monto del ingreso mínimo mensual progresivamente para llegar a $500.000 en julio de 2024, medida que beneficiará a un rango cercano al diez por ciento de los trabajadores del país.

Como ocurre cada vez que se discute el nuevo ingreso mínimo mensual (IMM), se producen visiones contrapuestas. Los defensores de esta medida sostienen que en esta oportunidad no impactará mayormente en el empleo, ya que su alza es financiada con cargo a un subsidio estatal para las Mipymes y que, -en cualquier caso- de existir, tendría un efecto residual que sería ampliamente compensado con el mayor bienestar que generaría esta medida en los trabajadores beneficiados. Sus detractores afirman, por el contrario, que desincentivará la contratación de nuevos trabajadores y conllevará el despido de aquellos menos productivos.

La examinación de los datos disponibles indica que el 9,9 por ciento real de aumento aprobado corresponde a la mayor alza experimentada desde 1990; que desde 2017, el ingreso mínimo mensual ha crecido un 17,4 por ciento real, en circunstancias que la ganancia de productividad de los trabajadores ha crecido sólo un 3 por ciento en dicho período, excluido el año 2020. La conclusión es obvia: desde hace seis años el aumento del ingreso mínimo está desalineado respecto de la productividad.

En tal contexto, en 15 meses el ingreso mínimo mensual llegará a 500 mil pesos, situándolo proporcionalmente como uno de los más altos de la OCDE; no obstante, la disparidad existente en el desarrollo económico de los países que la integran.

Precisamente, los datos antes citados explican la razón de por qué esta medida debió contemplar un importante subsidio estatal para las Mipymes; pues, de no hacerlo, éstas se verían expuestas a poner término a contratos de trabajo, presionadas ante un alza tan elevada del ingreso mínimo y que no guarda relación con la productividad, con la consecuente imposibilidad de sobrellevar tales aumentos -aún con el alza progresiva contemplada- produciendo severos efectos para el mercado laboral y la economía.

El problema de fondo de este subsidio estatal es que, además de ser costoso y transitorio, tampoco abarca a todo el mercado laboral, ya que dejó fuera a un espectro importante de empleadores, produciendo -de esta forma- efectos nocivos y distorsiones que son preocupantes.

Los datos anteriores parecen sugerir una conclusión: no se está abordando la verdadera discusión relevante, cual es la necesidad de abocarse intensiva y urgentemente a generar condiciones e instrumentos eficaces que fomenten un aumento de la productividad. Finalmente, es la única receta para permite que las remuneraciones crezcan sostenida y sustentablemente en el tiempo. El mecanismo de aumentar por ley las remuneraciones de los trabajadores da cuenta de que esta política pública está enamorada de los instrumentos, pero desenfocada de su finalidad última: procurar las bases de su sostenibilidad real.