Uno de los mayores cuellos de botella que restan competitividad a la economía chilena tiene que ver con la cantidad de solicitudes y permisos que debe obtener un proyecto antes de su desarrollo.

El impacto suele traducirse en la extensión de los plazos, lo cual toma mayor relevancia cuando la actual marcha de la actividad económica cojea por los bajos niveles de inversión. Un estudio realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), titulado 'Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile (2018-2022)', identificó 439 trámites que afectan el desarrollo de estas iniciativas. La CNEP alerta de que la minería metálica y no metálica, los proyectos de generación de energías renovables no convencionales, plantas de hidrógeno verde y desalación, entre otros, se están enfrentando a extensos plazos de tramitación y altos índices de rechazo, ya que requieren una cantidad significativa de permisos prioritarios.

Permisos acumulados

El informe, que será presentado hoy en el marco de un conversatorio de Icare, se centra en aquellos trámites que podrían convertirse en barrera. Al respecto, existen 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que un proyecto se transforme en una inversión. De ese conjunto, 63 son permisos de carácter crítico (que es el foco de la investigación), ya que pueden paralizar un proyecto en su etapa de tramitación.

Un hallazgo de la investigación apunta a que, en la mayoría de los casos, los plazos de revisión efectivos superan con creces el tiempo máximo que establece la ley. La implicancia es que la extensión en los tiempos genera una gran acumulación de permisos pendientes de aprobación (ver infografía). En tal sentido, el estudio remarca que solo cuatro instituciones (Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Dirección General de Aguas, Consejo de Monumentos Nacionales y Coordinador Eléctrico Nacional) concentraban 5.517 tramitaciones pendientes al 31 de diciembre de 2022. Este número llama la atención, considerando que entre 2018 y 2022 ingresaron 8.881 permisos para ser aprobados.

Ruta crítica

Dado el diagnóstico, aseguran en el informe, se revela una ruta crítica donde los proyectos demoran años para ser aprobados. A modo de ejemplo, describen, un centro de distribución básico en zona rural tarda dos años; una planta fotovoltaica, cuatro años con dos meses, y una explotación minera, ocho años y siete meses.

Luego está el caso más extremo: una planta desaladora atraviesa en trámites el equivalente a 11 años con siete meses. 'El Estado tiene, principalmente, dos tipos de desafíos para hacer más eficiente el sistema de revisión de permisos para la inversión: elevar los estándares de modernización de las instituciones que aún operan con procedimientos anticuados y generar coordinación entre las distintas entidades involucradas en el proceso de tramitación', señala Raphael Bergoeing, presidente de la CNEP. Se suma la falta de información disponible por parte de los organismos de administración del Estado (ver recuadro).

Clases de permisos

En el estudio se observa diversidad en la ejecución de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile. La clase 1 corresponde a permisos de menor complejidad: se utilizan de manera intensiva, son de plazos cortos (casi dos meses en promedio) y tienen una tasa de rechazo del 15%. La dinámica se complica con los permisos clases 2 y 3 (media y alta complejidad, respectivamente).

Con ellos hay un potencial impacto negativo en la ejecución de inversiones, tanto en proyectos existentes como en nuevos emprendimientos. Abarcan diversos sectores económicos e industrias. 'Hemos constatado que existe gran heterogeneidad entre servicios públicos. Algunos tienen todos sus procesos digitalizados, permitiendo muy buena trazabilidad, mientras que otros se podrían beneficiar bastante de la incorporación de mejores tecnologías', dice Bergoeing. No obstante, a medida que aumenta la complejidad de los permisos, detalla el informe, hay una marcada extensión en los plazos de tramitación. En los permisos de mayor complejidad (clase 3), el promedio es de 17 meses; también suben la tasa de rechazo (30%) y los trámites pendientes.

Contradicciones

'Muchas veces ocurre que distintos servicios tienen interpretaciones de las normas que son contradictorias y que generan retrasos innecesarios. Por ejemplo, algunas entidades solicitan que, antes de iniciar la tramitación que les corresponde, el interesado cuente con una consulta de pertinencia en el SEA, requisito que este último servicio ha insistido no es necesario. Solo esta descoordinación suma, en promedio, seis meses a la tramitación de un proyecto de inversión', recuerda Bergoeing.

A juicio del organismo, existe un sistema de permisos que desincentiva el desarrollo de inversiones. El perjuicio es notorio con las iniciativas grandes, que requieren los permisos prioritarios más densos. El escenario es 'complejo' para la competitividad, dice el informe. Y en especial 'para los diversos tipos de proyectos intensivos en infraestructura, que han sido apuntados como estratégicos para nuestro país, a propósito de las oportunidades que los nuevos paradigmas de desarrollo están generando'.

Recomendaciones

Intervenir este sistema de permisos es clave para lograr que Chile pueda avanzar decididamente por la senda del desarrollo sostenible, señala el estudio, de poco más de 90 páginas. En esa línea, la CNEP enfatiza que se requiere una revisión regulatoria profunda y mejoras sistémicas, como crear órganos coordinadores y establecer procedimientos simplificados según umbrales de riesgo.

Bergoeing agrega que se debe generar un modelo de gobernanza para permisos de mayor complejidad, enfocado en la transparencia, rendición de cuentas y predictibilidad. Con ello, estima, se aborda el problema de descoordinación. Enfatiza también que urge modificar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales para que los permisos sean otorgados por la Secretaría Técnica y no por el Consejo, pues el volumen de trámites se ha vuelto inmanejable para una estructura de ese tipo.