El viernes concluyó la fase de participación ciudadana para el proceso constitucional, que se extendió por más de un mes (del 6 de junio al 7 de julio), en la cual se buscó considerar la opinión de la población mediante cuatro mecanismos: una consulta, diálogos, iniciativas populares de norma (IPN) y audiencias públicas.

La etapa fue coordinada por dos casas de estudio, según asignó el mandato del Acuerdo por Chile: la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, instituciones que llevaron adelante la misión junto a la Secretaría de Participación y el resto de las universidades acreditadas.

Según el balance de sus impulsores, más de 30 mil personas respondieron la consulta, 11 mil participaron en diálogos, se solicitaron 1.842 audiencias y hubo más de 500 mil apoyos a las distintas IPN.

Trabajo conjunto

En una entrevista con 'El Mercurio' hace un mes, la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, y su par de la U. Católica, Ignacio Sánchez, describieron la tarea que se les asignó como la de terminar con la 'apatía' de la población, tras una elección de consejeros constitucionales en que abundaron los votos nulos.

Para ello, las instituciones separaron las labores de participación: la U. de Chile se encargó de las audiencias públicas y las IPN, mientras que la U. Católica se enfocó en los diálogos y la consulta.

Tras culminar el proceso, Devés resalta: '(Las universidades) hemos cumplido con la tarea de disponer distintos mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones sobre el anteproyecto constitucional'.

De acuerdo con la académica, eso fue posible gracias al apoyo de herramientas tecnológicas, 'especialmente, para estos efectos desde el equipo de UCampus', centro de tecnologías que se origina hace más de 20 años en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas del plantel, que hoy apoya a otras seis instituciones de educación superior, y que proveyó la plataforma de participación para las IPN, tanto en este como en el fallido proceso constitucional anterior.

Para el rector Sánchez, el balance del mes de participación es 'excelente', debido al gran interés y apoyo que percibió de parte de las instituciones de enseñanza superior: 'Es algo que hay que destacar muy sinceramente. Creo que los cuatro mecanismos de participación ciudadana fueron muy pensados y realizados de manera muy estructurada'.

'Pude estar en 12 universidades regionales y en todas ellas encontré ganas de participar, actividad de los estudiantes, de los profesores y del cuerpo académico, y que pusieron de relieve la importancia que se le dio a la tarea que estábamos asumiendo', cuenta.

Respecto del proceso anterior, ambos rectores consideran que, en esta oportunidad, hubo más dificultades por la 'fatiga electoral' de la población, por lo que el foco del trabajo estuvo en la difusión y formación ciudadana para que se ocuparan los canales de participación: 'Hay cansancio, han sido años largos y que la ciudadanía los va resintiendo', observa Sánchez, y añade que ello se mezcló con 'temas de seguridad, de economía, de convivencia social que han afectado la posibilidad de que la ciudadanía participe'.

Por su parte, Devés opina que este mes de participación aprendió del anterior proceso y se distancia 'tanto en su arquitectura como respecto del momento político en el que se dan', y que 'políticamente, es indudable que la motivación ciudadana espontánea por la participación en esta fase del proceso constituyente ha sido menos intensa', y que por ello la labor se enfocó más en 'la formación ciudadana y la difusión de los distintos espacios de participación'.

Javier Villanueva, director de UCampus, considera que 'este es un proceso súper valioso para darles la oportunidad a las personas, y la única posibilidad de hacerlo es a través de las tecnologías. Hace 20 años esto no habría sido posible con el alcance que puede haber hoy', afirma, y valora que 'estamos marcando la pauta en el mundo en este ámbito'.

Aspiraciones de las universidades

El cierre del proceso de apoyo a las IPN también entusiasmó a universidades que impulsaron sus respectivas iniciativas.

El rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), Osvaldo Corrales, dice que miran el proceso con 'satisfacción' luego de alcanzar las 10 mil firmas para pasar a la Sala del Consejo Constitucional. 'Nuestra iniciativa busca garantizar que exista el derecho a la educación y la obligación del Estado a proveer un sistema de educación pública, gratuita, laica, pluralista y de calidad', resume.

Cristhian Mellado, rector de la UC de la Santísima Concepción y presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, puntualiza que 'aspiramos a que se considere en la propuesta de Carta Magna el resguardo de universidades públicas, independientemente de si son o no estatales'.